Llega fin de año y una negociación tiene pendiente a más de dos millones de personas trabajadoras y cientos de miles de empresas. ¿Cuánto subirá el salario mínimo? Este año, hay sobre todo dos discusiones que atraviesan el debate y que condicionarán la cifra final de aumento que apruebe el Gobierno. Por un lado, si el salario mínimo debe pasar a tributar en el IRPF por primera vez y, por otro, si se blindan los pluses de las absorciones que aplican las empresas, como reclaman los sindicatos y defiende el Ministerio de Trabajo.
El Ejecutivo de coalición afronta la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora situado en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, con debate interno y también externo, dada la intención de llegar a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios. La oposición de los empresarios se da por descontada, en un contexto de “no a todo” en el que la patronal no está alcanzando ningún acuerdo con el Gobierno y dado que el SMI es una materia especialmente conflictiva en el lado empresarial.
No se trata de cualquier decisión, sino de una muy relevante para el Gobierno y más en el actual contexto político. Los importantes incrementos del salario mínimo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, del 61%, han situado al SMI como una de las banderas de la coalición progresista, sobre todo impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Dada la bonanza económica y el fuerte crecimiento del empleo, el Gobierno ha enarbolado el SMI como una medida de éxito para la economía en España, y ahora se dibuja como una de las pocas políticas aseguradas que tiene, dada su debilidad parlamentaria para sacar adelante iniciativas en el Congreso.
A continuación, repasamos algunas de las claves más relevantes para la subida del SMI de este año, que todo parece indicar que se situará entre el 3,1% y el 4,7%.
La meta del 60% del salario medio neto
El Gobierno de coalición se fijó como objetivo que el SMI alcanzara el 60% del salario medio neto del país, siguiendo la recomendación del comité de expertos de la Carta Social Europea. El Ejecutivo dio por alcanzada esta referencia en 2023 y desde entonces sitúa las subidas del SMI como una actualización para mantener esta meta, para lo que Trabajo se asesora en los últimos años de un comité de personas expertas.
De cara a 2026, el comité asesor –con presencia de académicos, miembros de varios ministerios económicos y los sindicatos mayoritarios– ha recomendado al Gobierno subir el salario mínimo entre el 3,1% y el 4,7% (hasta 1.221 euros brutos al mes o 1.240 euros mensuales) para garantizar tanto el objetivo del 60% como que el salario mínimo no pierde poder adquisitivo. Este último punto es el que marca la propuesta más baja, que supone compensar el dato de inflación interanual de octubre.
Lo que podría parecer un debate sencillo, actualizar el salario mínimo al 60% del salario medio neto de cada año, suscita en realidad mucho más debate y discrepancias de lo esperado. Este año, por ejemplo, los representantes de los ministerios de Economía y Hacienda han expresado su disconformidad respecto a la estadística utilizada para medir el salario medio, aunque finalmente el ministro Carlos Cuerpo cerró filas alrededor del estudio y asumió como propias sus recomendaciones.
La patronal CEOE, que no forma parte de la comisión asesora por voluntad propia, también ha criticado este año la manera de medir el salario medio de la comisión asesora del Gobierno, que supone que el SMI sea un 5% más alto de “lo que debería”, denuncia la organización empresarial.
¿Debe pagar IRPF el salario mínimo?
Además, en los últimos dos años hay otra discusión que se ha convertido en central en el debate del aumento del salario mínimo: si este debe seguir sin pagar IRPF o si debe comenzar a tributar en este impuesto. Este año, esta discusión ha marcado el propio informe de la comisión de expertos, ya que Trabajo pidió una recomendación de subida teniendo en cuenta que el SMI no tributara (que es el 3,1%) y otra para un escenario en el que el salario mínimo pagara IRPF por primera vez (la propuesta del 4,7%), siempre con la garantía de que el salario neto que llegue al bolsillo de los trabajadores garantice el 60% del salario medio neto.
El debate sobre la tributación se explica por el gran aumento del salario mínimo de los últimos años, que ha supuesto que cada vez cubra a más personas trabajadoras, alrededor de 2,5 millones, según los cálculos del Gobierno. Cada vez más especialistas tributarios y los propios sindicatos CCOO y UGT abogan por que estas remuneraciones tributen. Los principales argumentos son que alcanzan un nivel “digno” de suficiencia y que esta medida de deducción puede generar desigualdades difíciles de explicar con otro tipo de ingresos y con otros trabajadores que sí tributan pese a cobrar muy poco más.
En cambio, desde Sumar de momento se posicionan a favor de que estos salarios no paguen este impuesto. Insisten en que habría que hacer una reforma fiscal más amplia y revisar los tramos del IRPF, y en que la “justicia fiscal debe empezar por arriba” y no por abajo. El Ministerio de Hacienda, que lidera María Jesús Montero, hasta el momento se había posicionado a favor de la contribución fiscal de estos salarios, pero este viernes ha afirmado que está abierto a ampliar la deducción fiscal aprobada el año pasado al SMI de 2026, por lo que cada vez cobra más fuerza esta posibilidad. Es decir, que el salario mínimo siga sin pagar IRPF en 2026, año marcado por varios procesos electorales.
La absorción de complementos salariales
Por último, hay otro elemento decisivo en la discusión sobre el salario mínimo. El año pasado, los sindicatos mayoritarios exigieron al Ministerio de Trabajo una reforma para que las empresas no puedan absorber las subidas del salario mínimo a través de ciertos pluses y complementos salariales. CCOO y UGT denuncian que hay muchos trabajadores, con ganancias muy próximas al SMI, a los que no llegan las subidas que se aprueban porque los empleadores las compensan con la merma de facto de estos pluses, una práctica que ha respaldado el Tribunal Supremo.
El Ministerio de Trabajo se comprometió a aprobar este cambio legal y los sindicatos exigen en esta ocasión que sea una realidad para poder acordar el incremento del SMI de 2026. Sin esta modificación, no hay pacto de subida del salario mínimo, insisten en CCOO y UGT. El departamento de Yolanda Díaz ha incorporado la medida en un real decreto con el que pretende trasponer la directiva europea sobre salarios mínimos, del que ha iniciado ya su tramitación este mes.
“Subir el SMI debe mejorar la vida de la gente, no sustituir los derechos que ya existían. Esto lo vamos a hacer, corregir esto en una norma, lo vamos a blindar legalmente”, ha sostenido este viernes la vicepresidenta segunda.
Sin embargo, hay un debate jurídico muy trascendente sobre si es posible realizar este blindaje de los complementos salariales sin una ley, solo con un real decreto. Aunque en Trabajo y los sindicatos sostienen que sí y que se trata de una aclaración del Estatuto de los Trabajadores, los empresarios lo niegan con vehemencia y se prevé que la patronal recurra este tema ante los tribunales si el Gobierno finalmente lo aprueba por esta vía.
Pero, además, hay dudas de esto último. Porque si bien en Trabajo defienden esta medida con contundencia, fuentes consultadas por este medio indican que no todo el Ejecutivo tiene la misma seguridad sobre la legalidad de la medida y que podría haber resistencias en el Ministerio de Economía, entre otros, para llevarla a cabo.
Ahora, el Ministerio de Trabajo citará a los agentes sociales para discutir el aumento del salario mínimo en los próximos días y deberá tomar una decisión interna con el resto del Gobierno. La decisión puede posponerse algo más allá de final de año, como ha ocurrido en los últimos ejercicios, aunque el Ejecutivo después aprueba la subida del SMI con efectos retroactivos desde el 1 de enero.