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Las claves económicas del otoño sin gas ruso que aterra a Europa

Daniel Yebra

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, advirtió este viernes que no descarta que en las próximas semanas se produzca una “situación de máxima tensión” en los mercados de gas debido al cierre del gasoducto Nord Stream 1, por el que fluye esta materia prima desde Rusia hacia Alemania. Ella, y el resto del Gobierno, llevan días intentando que cuaje la idea de que España sería el país de la eurozona menos expuesto a la amenaza, cada vez mayor, de un corte total del suministro, respecto al que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado a “la unidad y coordinación” entre los socios de la UE para “prepararse”.

El próximo 11 de julio comenzarán las labores de mantenimiento habituales en el Nord Stream 1, que, en principio, debería permanecer cerrado tan solo durante 10 días. La incertidumbre versa sobre que estos trabajos sean el prolegómeno de un corte definitivo del suministro de gas ruso hacia Europa. “No es algo que debamos descartar al 100%, porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño, sino en las próximas semanas”, incidió la ministra.

El primer impacto de un corte de gas es fácil de intuir: menos oferta (incluso insuficiente), incremento de los precios y, por tanto, nueva subida de la factura de la luz a familias y empresas y más inflación en general, ya desbocada y contagiada a prácticamente a toda la cesta de bienes y servicios. Y las consecuencias más allá tampoco pillan a nadie por sorpresa: la posibilidad de una recesión en Europa desde finales de 2022.

De hecho, la amenaza ha provocado decisiones y declaraciones impensables antes de la guerra en Ucrania. El Parlamento Europeo avaló que las inversiones en nuclear y gas sean consideradas verdes, Francia anunció la nacionalización completa de Electricité de France (EDF) este miércoles, Alemania maneja distintos planes de racionamiento del gas a la industria para proteger a las familias o la propia Teresa Ribera insistió en la posibilidad de que la Unión Europea (UE) realice compras conjuntas de esta materia prima, sobre lo que ya habló la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

En España, nacionalizaciones en el sector eléctrico de momento están descartadas, aunque desde junio está activo el tope al precio del gas en la generación de electricidad. Sin duda, otra medida histórica. Y todas responden al riesgo de un golpe sin precedentes a la UE. Y son solo advertencias “de lo que podría materializarse a finales de este mes, por la menor producción de gas noruego por las huelgas y si el gasoducto Nord Stream 1 cierra más tiempo del periodo de mantenimiento previsto entre el 11 y el 21 de julio, lo que implicaría un colapso de las exportaciones de Alemania, ya que la industria vería racionada su provisión de gas”, considera Jordan Rochester, analista de Nomura, una importante firma de inversión japonesa.

El principal problema es que, como documenta Daniel Kral, economista de Oxford Economics, la UE no puede compensar con otras fuentes de gas un corte del suministro desde Rusia (ver gráfico).

Esta guerra es un golpe bajo para Europa. Socava el modelo de crecimiento de Alemania, que se ha basado en la energía rusa barata”, arguye, por su parte, Robin Brooks, economista jefe de IIF. “En la última semana de junio, Rusia estaba suministrando un 70% menos de gas a Europa que el año pasado a través de los tres principales gasoductos”, señala Daniel Kral, que lo considera una prueba del elevado riesgo de un corte inminente.

“Europa no podrá compensar el déficit con otras fuentes. Aunque las importaciones de gas natural licuado están en un nivel récord y las exportaciones desde Noruega a finales de junio aumentaron un 15% en comparación con años anteriores, los flujos desde el norte de África y Azerbaiyán no han crecido”, añade.

“Además, la infraestructura de gas natural licuado en Europa actualmente no es apta para distribuirlo donde más se necesita, y la que está en construcción no estará en funcionamiento a tiempo. Por ejemplo, existe un exceso de capacidad de procesamiento en España, que está en gran parte desconectada de la red europea de gasoductos”, continúa. Esa desconexión, o “isla energética”, es la que precisamente ha sido clave para la aprobación en nuestro país del tope al precio del gas en la generación de electricidad en “la excepción ibérica”, junto a Portugal, por parte de la Comisión Europea.

En este sentido, Ribera destacó el jueves el “papel estratégico” que va jugar la regasificadora de El Musel, en Gijón, como centro logístico de almacenamiento de gas para Europa y ha estimado que esté “plenamente operativa” para finales de este año o principios del 2023.

“Los niveles de almacenamiento de gas de la UE estaban en aproximadamente el 60% de su capacidad a principios de julio. Si bien la capacidad de almacenamiento varía ampliamente entre los distintos socios, sin el suministro ruso, varios estados miembros tendrán dificultades para alcanzar niveles de almacenamiento del 80% para noviembre, según lo acordado”, observa el economista de Oxford Economics.

Golpe al crecimiento económico

Daniel Kral calcula que el impacto en la actividad económica del racionamiento del gas en el cuarto trimestre sería de hasta 2 puntos del PIB (Productor interior bruto) para Alemania o Italia, de cara al siguiente año (ver el gráfico de arriba). Un golpe que sería mayor cuanto más se alargara este racionamiento.

Estas previsiones coinciden con las realizadas por el Banco de España recientemente, que para nuestro país dejan el impacto en 1,1 puntos (ver gráfico de abajo), incluyendo el corte del petróleo ruso.

“La intensidad del impacto sería heterogénea en función de su dependencia energética de Rusia. Por ejemplo, en torno al 18% de los productos de la minería energética (gas y carbón) y el 9% de los productos derivados del petróleo que se consumen en la Unión Europea (UE) se importan de Rusia, frente al 3% y el 2,5%, respectivamente, en el caso de España”, señala el Banco de España.

Impacto por sectores

“Desde una perspectiva sectorial, las ramas de la economía española que sufrirían una caída más acusada de su producción [ante un embargo de las materias primas energéticas rusas] serían algunas de las que hacen un consumo de energía más intensivo, como el transporte, las manufacturas pesadas o la industria química”, incide la institución.

El economista de Oxford Economics hace una estimación de la caída de la producción de la industria en los países más dependientes del gas ruso (ver gráfico siguiente).  “Además de la dependencia del gas ruso para la generación de electricidad y para la calefacción, las economías de Alemania y de Italia también tienen grandes sectores industriales que son relativamente intensivos en gas”, lamenta.

“Esperamos que los gobiernos den prioridad al suministro de gas a los hogares y que la industria soporte la mayor parte del racionamiento”, pronostica Daniel Kral, y, según este escenario, estima una profunda caída de la actividad de las fábricas centroeuropeas.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, subrayó esta misma semana que la institución no maneja en su escenario central la entrada de la economía europea en una recesión, aunque sí una “desaceleración económica importante” que, combinada con una elevada inflación, anticipa un escenario “muy complejo” para los próximos meses. La expectativa de evitar la recesión está más generalizada para nuestro país, donde los indicadores adelantados sobre la actividad económica han ido desacelerando pero siguen en terreno en el que indican expansión, y donde el mercado laboral muestra una resiliencia clave. En el mismo sentido, ni el propio Gobierno ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) contemplan que España entre este año en recesión.

La actividad sigue creciendo tanto en la industria como el sector servicios. Con la ventaja de que en el tercer trimestre, el turismo —un 15% del PIB— afronta su temporada alta con expectativas esperanzadoras, pese a la inflación, que el Gobierno ha intentado sofocar con la ampliación del Plan de Respuesta a la guerra hasta diciembre y frente a la que ha vuelto a insistir en un pacto de rentas que reparta el daño de la inflación entre trabajadores y empresarios. 

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