España obvia el modelo francés de una eléctrica pública mientras inversores estatales foráneos copan las energéticas

“No podemos seguir dependiendo del petróleo y el gas rusos”. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, defendió este miércoles la toma de control del 100% del accionariado de Electricité de France (EDF), de la que el Estado ya posee el 84% pero donde busca su nacionalización completa como “garantía de nuestra soberanía energética y la preservación del poder adquisitivo”, en un momento donde la inflación y los problemas con el suministro de gas ruso tras la invasión de Ucrania han roto las costuras del sistema energético europeo.

Con este paso, el Gobierno de Emmanuel Macron reactiva la opción de contar con compañías eléctricas estatales como eje sobre el que vertebrar la soberanía energética. 

En España, a día de hoy, el accionariado de las compañías eléctricas está trufado de participaciones públicas, solo que no corresponden al Estado español. Con dos asteriscos, los dos gestores de las redes, la de gas y la de electricidad. Tanto en Enagás como en Red Eléctrica, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está presente como accionista de referencia. Sin embargo, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Cepsa, Viesgo o la propia Enagas tienen inversores estatales extranjeros en su capital, aunque con distinto peso y capacidad de decisión.

La situación de Francia “no es comparable a la de España”

¿Podría replicar España ese movimiento del Ejecutivo de Macron y nacionalizar el capital de alguna energética? A tenor de las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de momento, esa opción no está sobre la mesa. 

“No he podido hablar con el ministro [de Finanzas, Bruno] Le Maire para preguntarle los detalles, pero yo entiendo que la decisión del Gobierno francés responde a las dificultades que tienen en el ámbito nuclear. Tienen una parte importante del parque parado, es necesario abordar unas inversiones descomunales para poder tener ese parque operativo y probablemente ningún inversor privado esté dispuesto a hacer esas inversiones”, aseguró Calviño en una entrevista en Onda Cero. “Yo interpreto que, justamente por eso, se está planteando una decisión extrema. En el caso de nuestro país tenemos una diversificación de fuentes, de tecnologías energéticas, es una situación que no es comparable”, recalcó. 

Francia ha abrazado la nuclear como eje energético, más cuando Bruselas la ampara como alternativa verde hacia la descarbonización, aunque la factura sea milmillonaria. Macron se ha comprometido a poner en marcha seis nuevos reactores nucleares a partir de 2035, lo que conllevará un coste de, al menos, 52.000 millones de euros. Y EDF es el eje de esa apuesta nuclear, pese a que arrastra un pasivo de 43.000 millones. 

“Es una cuestión interesante para todos aquellos que dicen que la solución es la nuclear, que tenemos que ponernos en esa dirección, cuando vemos el enorme coste y la dificultad que tiene utilizar tecnologías que no son de futuro. Tienen que ser las energías más limpias y más baratas de las cuales tenemos abundantes en España, como sucede con el sol. Esa apuesta la entienden todos los ciudadanos y es la que nos da seguridad para el futuro”, ahondó Calviño este jueves. 

En ese futuro, podía haber habido una empresa estatal. Justo antes de que Rusia invadiese Ucrania y desatara un conflicto bélico a las puertas de la Unión Europea, el Congreso de los Diputados tumbó la propuesta de uno de los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, de poner en marcha una empresa pública de electricidad. Una iniciativa que contó con 58 votos a favor y 275 en contra, incluidos los del PSOE, PP, Vox, PNV y Ciudadanos. 

El destino de Endesa se decide en Roma

En España no hay eléctrica pública pero sí eléctricas que tienen en su accionariado empresas estatales o controladas por algún Ejecutivo extranjero. El nombre más evidente es el de Endesa, privatizada a las puertas del cambio de siglo bajo el Gobierno de José María Aznar. Actualmente, el 70% de su capital está en manos de Enel, una eléctrica controlada por el Estado italiano, que es dueño de más del 23% y es su primer accionista.

El desembarco de Enel en Endesa fue uno de los culebrones corporativos más rocambolescos del Ibex en los años previos a la última crisis financiera. La italiana se convirtió en inversor de referencia de Endesa en una operación empresarial donde, en un primer momento, era actor secundario.

Un resumen rápido: Gas Natural lanzó en 2005 una oferta de compra por Endesa y se encontró con el rechazo frontal de su equipo directivo, encabezado por el presidente de la compañía, Manuel Pizarro, que años después fue gurú económico del PP. “Ustedes, seguramente, ganarán. Pero déjenme jugar”, aseguró Pizarro, al mismo tiempo que enarbolaba un ejemplar de la Constitución de 1978, como argumento de su defensa ante la OPA. Y jugó. Pizarro buscó un 'caballero blanco', una oferta alternativa, que llegó de la mano del grupo alemán E.On, que tenía al Estado de Baviera en su capital. Ese movimiento tampoco cuajó, porque apareció una alternativa española, Acciona. La compañía de los Entrecanales quería dejar de ser una constructora y aspiraba a meterse en el regulado negocio energético. No iba sola, sino que la acompañaba Enel.

“Nosotros entramos en Endesa con la expectativa de encontrar socios españoles que quisieran sumarse. No lo conseguimos, en gran parte por razones políticas. Era un tema que estaba muy politizado y se politizó aún más”, afirmó José Manuel Entrecanales en una entrevista a 'La Vanguardia'. “Un domingo de marzo del 2007, me informaron de que Fulvio Conti, el consejero delegado de Enel, quería verme. (...) A Conti le expuse con claridad que queríamos influir en Endesa y que si tal cosa no era posible, lo más razonable sería vender nuestras acciones a E.On. (...) Al principio pensábamos alcanzar acuerdos con Caja Madrid, que ya estaba en el capital, o con otros inversores españoles. Era una operación que pretendía asegurar la españolidad de Endesa bajo nuestra dirección. Pero al final no fue posible”. En 2009, en plena crisis, Acciona salió de Endesa a cambio de más de 11.000 millones de euros.

Desde entonces, el destino de Endesa se decide desde la sede de Enel en Roma. Por ejemplo, Endesa traspasó a su matriz en 2014 todos sus activos en América Latina, a cambio de más de 8.000 millones de euros. Eso derivó en un beneficio extraordinario de más de 3.300 millones que, a su vez, se tradujo en un dividendo millonario para Enel.

Catar en Iberdrola, Argelia en Naturgy y Abu Dhabi en Cepsa y Enagás

De las grandes compañías energéticas españolas, la única que no tiene en su accionariado un fondo soberano o una empresa estatal como accionista significativo es Repsol. No ocurre lo mismo en Iberdrola. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán tiene un capital atomizado, sin una gran firma que controle y le marque el paso. Con dos excepciones, el brazo inversor del Estado catarí, Qatar Investment Authority, dueño del 8,7%, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata del fondo creado para canalizar las millonarias plusvalías que el Estado catarí genera con el petróleo y el gas. Algo similar le ocurre a Noruega, que canaliza sus ingresos petroleros a través de Norges Bank, que gestiona el fondo de pensiones Norwegian Government Pension Fund Global y que es dueño del 3,1% de Iberdrola. 

De Catar a Abu Dhabi. Mubadala, el fondo soberano de este pequeño Estado, de nuevo gracias a los ingentes beneficios petroleros, es el principal accionista de Cepsa, aunque en este caso comparte el capital con otro gigante de la inversión, la firma estadounidense Carlyle. En octubre de 2020, en plena pandemia, Mubadala dio un paso más en el sector energético español al entrar en Enagás con algo más de un 3%.

El gestor de la red gasística sí tiene al Estado español en la mesa de su consejo de administración. La SEPI tiene el 5% de sus acciones, el mismo porcentaje que posee el fundador de Zara, Amancio Ortega. También comparten capacidad de decisión en Red Eléctrica, donde el empresario de origen leonés también dispone de un 5% del capital, pero la SEPI llega al 20% y es quien tiene mando en plaza. 

En Naturgy no hay fondos soberanos -al menos, con datos publicados en la CNMV- pero sí hay una empresa estatal, la energética argelina Sonatrach. Su capacidad de decisión es más limitada, porque la compañía presidida por Francisco Reynés tiene tres inversores con peso de referencia: Caixabank, con más de un 26%; y dos firmas de inversión, CVC y GIP, ambas con el 20%. Sonatrach pesa menos pero, en una situación de crisis política con Argelia, sí tiene relevancia. A pesar de la decisión del Gobierno argelino de romper relaciones comerciales con España, ha dejado fuera el acuerdo de suministro a través del gasoducto Medgaz, que se mantiene a través de un contrato bilateral entre Sonatrach y su participada Naturgy.

No sólo las grandes cotizadas tienen inversores estatales en su capital. Lo mismo ocurre con Hidrocantábrico y Viesgo. Ya en 2001, el grupo portugués EDP entró en el accionariado de Hidrocantábrico y se hizo con el control total en 2020. Hace dos años hizo otro movimiento similar, al quedarse con el 75% de Viesgo, empresa que hasta entonces estaba en manos del fondo australiano Macquarie. Edp, antes Electricidade de Portugal, no está en manos portuguesas. Su principal accionista es la energética estatal China Three Gorges Corporation, que posee el 20% de las acciones. 

Precisamente, China Three Gorges es junto a la francesa Engie -de la que el Estado tiene el 24%- y la noruega Statkraft, uno de los grandes grupos estatales foráneos que se han lanzado a desarrollar proyectos de renovables en España. Solo el gigante chino, en poco más de un año, ha invertido en este mercado cerca de 1.300 millones de euros.