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Calviño pide un acuerdo de tres años de “moderación” de los beneficios empresariales y de los salarios

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a su llegada a la reunión sobre el pacto de rentas con los sindicatos mayoritarios y la patronal en Madrid.

Daniel Yebra


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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, convocó este miércoles a los sindicatos mayoritarios y a los representantes de la patronal para reactivar las negociaciones sobre un pacto de rentas que reparta el daño de la inflación entre trabajadores y empresarios. Según explicó tras el encuentro, ha pedido a los agentes sociales un acuerdo a tres años de “moderación” de los beneficios empresariales y de los salarios.

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La vicepresidenta económica recalcó que es “esencial” que “los márgenes de las compañías [la capacidad de obtener beneficios de las ventas, que se mantiene o aumenta si se repercuten las subidas de los costes (como la energía) a los precios finales] no crezcan” y dice que ve a sindicatos y patronal en disposición de alcanzar el pacto de rentas.

De parte del Gobierno, Calviño ha confirmado que se va a volver a subir el SMI en 2023 hasta alcanzar el objetivo de que suponga un 60% del salario medio, y que se continúa trabajando en aumentar el Impuesto de Sociedades al sector eléctrico. Sin embargo, tras la comparecencia de la vicepresidenta económica, los sindicatos han destacado que no hay hoja de ruta para el pacto de rentas, y que es importante también que se tomen “medidas fiscales”.

Tanto CCOO como UGT, los sindicatos mayoritarios presentes en la reunión, se han mostrado más pesimistas sobre la posibilidad de alcanzar el pacto de rentas. “Las posibilidades de un pacto de rentas siguen siendo las mismas que cuando se rompieron las negociaciones en mayo, hasta que no conozcamos qué entiende el Gobierno qué significa este acuerdo no podemos hacer ninguna valoración”, han defendido. Los representantes de la patronal no han comparecido.

La negociación colectiva vuelve a ser crucial para el Ejecutivo, ya que las medidas para contener los precios desbocados no están siendo lo suficientemente contundentes. El Gobierno defiende que han conseguido restar cerca de 3 puntos al IPC (Índice de precios de consumo), aunque, en junio, este indicador registró el avance récord de esta crisis, cuando alcanzó un 10,2% frente al mismo mes del año pasado según el dato adelantado por el INE, pese al tope al gas en la generación de electricidad, el descuento de 20 céntimos a los carburantes (cuya ineficiencia está quedando patente) o al resto del Plan de choque, que ha sido renovado recientemente hasta diciembre.

Según la teoría en la que se basa el Ejecutivo, este pacto de rentas debería buscar “un compromiso de las empresas para limitar sus márgenes de beneficio” y, al mismo tiempo, “incrementos de los sueldos plurianuales”, para compensar a medio plazo la pérdida de poder adquisitivo para las familias que supone la inflación, de la que se teme su persistencia por la amenaza de un corte del suministro del gas ruso de cara a otoño. Sobre todo en el caso de los hogares más pobres.

Sobre el SMI, los sindicatos han contestado que “con o sin pactos de rentas”, se debe aumentar este suelo mínimo para los sueldos según la ruta acordada previamente. “El Gobierno debería dar ya un paso con valentía sobre el SMI”, han incidido.

Preparación de la reunión

Este mismo miércoles, antes de encontrarse en la mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Asuntos Económicos, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, señalaron que las empresas “están repercutiendo el incremento de los costes de la energía” y les han recordado que “no pueden salvaguardar solo sus beneficios sin distribuir a sus trabajadores”, tras el fracaso del último intento de negociación colectiva.

También antes de la reunión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que su organización no se opone a subir los salarios, sino a que éstos se indexen a la inflación, pues ello provocaría efectos de segunda ronda (una espiral de precios y salarios que según ciertos expertos reotralimentaría la inflación) que harían que España perdiera competitividad y las empresas, productividad.

Lo cierto es que la recuperación económica ha sufrido ya un frenazo, aunque numerosos economistas argumentan que la prioridad ahora es proteger la capacidad de gasto de las familias, sobre todo de las más vulnerables, mientras que el turismo puede ser diferencial para nuestro país respecto a otros países comparables de la eurozona.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tampoco quiso perder la oportunidad de calentar la reunión e hizo “un llamamiento claro” a la subida salarial como respuesta al impacto de la inflación.

Díaz, que se reunió este miércoles en Roma con su homólogo italiano, Andrea Orlando, y con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Smchmit, respaldó las reivindicaciones salariales de los sindicatos españoles y recordó que el Banco Central Europeo (BCE) también ha recomendado subir los sueldos.

Por su parte, en Palma, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, admitió este que hay “una aminoración” del crecimiento económico en España, pero remarcó que “en ningún caso” el Gobierno de España prevé una recesión.

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