La derecha promete bajar impuestos reduciendo el escudo social y la izquierda, gravar más a empresas y ricos

La derecha y la ultraderecha prometen bajar impuestos en sus programas económicos a riesgo de reducir el escudo social (subida de las pensiones, del IMV...) desplegado por el Gobierno en los últimos años y de incumplir con los objetivos de rebaja del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) de la Unión Europea (UE). Las propuestas de PP y Vox van en contra de la opinión de todas las instituciones nacionales e internacionales, desde el Banco de España, pasando por el Banco Central Europeo (BCE) hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde ese único punto de partida, “bajar impuestos”, el programa del Partido Popular (PP) apunta a eliminar el tributo a las grandes fortunas, mejorar “el régimen fiscal para nuevos residentes (extranjeros), ofreciendo incentivos fiscales atractivos y competitivos a nivel global” y más beneficios “a las confesiones religiosas con notorio arraigo”. También recoge la voluntad de “corregir los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF”, que es lo mismo que deflactar, y que en la práctica supone bajar este impuesto a las rentas de las personas físicas pese a que las subidas de precios ya se están moderando.

Deflactar implica aumentar los tramos sobre los que se aplican los distintos tipos del IRPF. La teoría dice que se hace para que los trabajadores que consiguen mayores retribuciones por la inflación no vean menguada la subida del sueldo porque acaben pagando más impuestos. Algo que ocurre si dicha subida significa que el salario salte a un tramo del IRPF con un tipo más alto. Es decir, deflactar presupone subidas de salarios. Y sería, en la teoría, una vía para no aumentar impuestos como consecuencia de estas subidas. El problema es que en esta crisis de inflación los sueldos están elevándose de forma muy heterogénea y contenida.

Otra promesa del PP es reducir el IVA “a la carne, pescados y conservas con carácter temporal”, los productos del supermercado que consumen más las rentas más altas. Mientras, el Banco de España ya ha recomendado que en 2024 se retire la reducción del IVA a los alimentos básicos (arroces, pan, pastas, leche...) que el Gobierno de coalición ha aplicado desde el inicio de 2023 para aliviar las subidas de precios. Y todas las instituciones coinciden en que es el momento de retirar estímulos para dejar de alimentar la inflación y caminar hacia la normalización del déficit y del endeudamiento.

“No haremos rebajas fiscales a lo loco”, tuvo que salir a aclarar este lunes el portavoz económico del PP, Juan Bravo, ante la imprecisa y amplia “vocación” de “aliviar la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas” en la que basan sus promesas de política fiscal para las elecciones generales del 23 de julio.

“Una caída de ingresos de 20.000 millones”

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, calcula que el programa económico del PP promete “una caída estructural de ingresos de 20.000 millones, que provocaría un deterioro del déficit estructural del 1,5% del PIB”. Calviño advierte de que las propuestas que defiende el candidato Alberto Núñez Feijóo alejarían a nuestro país del objetivo de reducir el desequilibrio presupuestario, salvo “que nos esté ocultando un recorte masivo [del gasto público]”.

Las últimas previsiones del Banco de España apuntaron que “el déficit público se situaría en el 3,8% en 2023” y que “la deuda pública se encontraría ya por debajo del 110%”, tras el histórico esfuerzo para dar respuesta a dos crisis inéditas e inesperadas: la pandemia y la invasión rusa de Ucrania.

En 2024, la institución monetaria espera un déficit del 3,4% y que la ratio de deuda pública respecto al PIB (Producto Interior Bruto) seguirá reduciéndose hasta el 107,4%. Calviño ha recordado que el Ejecutivo es más optimista y que adelantó al año próximo la meta de bajar el déficit al 3% del PIB. De hecho, ha asegurado que la deuda pública ya estaría por debajo del 110% del PIB “si no hubiesen tenido que asumir los 35.000 millones de deuda acumulados de la Sareb”, heredados de la gestión del PP.

Esta tendencia de disminución del desequilibrio entre ingresos y gastos, que va en línea con las nuevas reglas fiscales comunitarias que se están debatiendo en la Comisión Europea, estaría en riesgo de truncarse si el PP lograra gobernar tras las elecciones generales del 23 de julio y aplicara su programa de económico. Y todavía más si añadiera algunas de las promesas de Vox.

El partido de ultraderecha promete “la mayor y más profunda reforma fiscal de la historia reciente”. Y arranca: “Bajaremos radicalmente el IVA”, incidiendo en la compra de vivienda. Un ámbito en en el que añade: “Revisaremos y rebajaremos los tributos y cargas en el pro­ceso edificatorio”. También pretende bonificar el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles). Asimismo, promete reducir el impuesto de sociedades [a los beneficios de las empresas], eliminar el impuesto de patrimonio, “el im­puesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías mu­nicipales en todo el territorio nacional”, los gravámenes sobre la luz y otros suministros, los “impuestos verdes”...

“Igualmente, la gestión y recaudación de todos los tributos estatales, cedidos o no, se realizará por la Agencia Tributaria estatal, poniendo fin a la proliferación de agencias tributarias regionales, que incrementan el gasto y la desigualdad entre españoles”, prosigue. Y finaliza: “Para poder llevar a cabo la rebaja radical de impuestos que alivie a las familias españolas, las Administraciones Públicas deben acometer un plan de reducción del gasto político que se fije en la eliminación de las partidas de carácter im­productivo, duplicado o meramente ideológico”.

Las promesas de PSOE y Sumar

“Seguiremos en la senda de consolidación fiscal y sostenibilidad de las cuentas públicas, reduciendo el déficit estructural y luchando contra el fraude y la economía sumergida para incrementar los ingresos sin aumentar, con carácter general, los impuestos y permitir así financiar de forma eficiente y justa las políticas públicas, la inversión y el refuerzo del estado de bienestar”, plantea, por su parte, el PSOE.

Entre sus promesas más directas se incluye continuar “impulsando a nivel internacional y en la Unión Europea el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el impuesto sobre sociedades y una justa distribución de la recaudación”.

Además, “evaluaremos la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del estado de bienestar”, prosigue el programa del PSOE. “Evaluaremos los resultados del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y, en su caso, avanzaremos en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”, añade.

“Avanzaremos en la fiscalidad verde, contribuyendo al compromiso de nuestro país con la emergencia climática y con el futuro de nuestros jóvenes. Una fiscalidad verde bajo la premisa de quien contamina paga”, mantiene. Y finaliza: Mejoraremos los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto, promoveremos un pacto de Estado contra el fraude fiscal y el afloramiento y regularización de la economía sumergida“.

El programa de Sumar va más allá y es más concreto. Con propuestas como la “herencia universal” o el “bono de emergencia” de 1.000 euros para los hipotecados que se financiará con el impuesto a la banca. Las iniciativas de aumentar el gasto en cuidados y de crear una prestación por crianza. El establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas permanente.

“Mantendremos los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa completamente la reforma integral del impuesto de sociedades”, añade la coalición de partidos de izquierdas. “Eliminaremos los privilegios de la SICAV y las SOCIMI”.

En el mismo sentido, Sumar plantea un “aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)” y nuevos gravámenes “a los beneficios extraordinarios de la industria fósil” y “a los bienes y servicios de lujo”, así como a las empresas “más contaminantes”. El objetivo final es “una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias”.