La “herencia universal” de Sumar aviva el debate sobre la desigualdad: ¿se debe discriminar por renta? ¿se puede pagar?

“Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social”. Este es uno de los desafíos planteados en el informe ‘España 2050’. El documento se publicó en 2021, por encargo del Gobierno de coalición, y lo firman numerosos economistas, sociólogos y expertos en otras disciplinas. El informe reúne “propuestas para una estrategia nacional a largo plazo”. Entre esas proposiciones aparece, como parte de ese objetivo de reducir la desigualdad y bajo el epígrafe “otro futuro es posible”, el diseño de una “herencia pública universal”.

“El mundo cambia y nuestro estado de bienestar debe cambiar con él. Por ello, conviene que España estudie, debata y evalúe nuevos mecanismos de protección colectiva que ayuden a ampliar o reforzar los actuales”, destaca el informe. Tales trascendencia y altura están recogidas en la última gran propuesta electoral que ha lanzado Sumar.

La “herencia pública universal” concreta que ha planteado el partido de Yolanda Díaz consiste en un pago de 20.000 euros a todos los jóvenes para “formarse o emprender” y así hacer frente, ya desde 2024, al problema estructural que supone que “el 60% de la riqueza en nuestro país sea heredada”. Esta medida no apareció de la nada en el informe 'España 2050'. Ha sido promovida, en distintas fórmulas, por voces de peso como la de Thomas Piketty, uno de los economistas referentes en la lucha por la igualdad de oportunidades en las sociedades capitalistas.

Y, sin duda, ha avivado (o inflamado) el debate sobre la desigualdad durante estos últimos días. Por un lado, ha levantado numerosas críticas por no discriminar según sus ingresos y riqueza a sus potenciales beneficiarios (medio millón de jóvenes que cumplen la mayoría de edad cada año). Por otro, por haber surgido en campaña, sin consenso con otras formaciones políticas. También ha generado otras tantas dudas por la capacidad de nuestras arcas públicas para financiarla.

Críticas del PP y del PSOE

La medida ha provocado directamente el desprecio del Partido Popular, cuyo candidato a las elecciones del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, la ha calificado de “broma”. Feijóo ha ironizado con el ejemplo de un futbolista de 22 años, de la cantera del Real Madrid: “No creo que necesite 20.000 euros para emanciparse”.

También ha originado la suspicacia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. “Todo lo que estamos haciendo se orienta a dar más y mejores oportunidades para los jóvenes, pero quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones así sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto tienen que explicar cómo lo financiarían, porque en los próximos años tenemos que seguir con una política fiscal responsable, que es lo que hemos hecho en estos cinco años que funciona y que nos está permitiendo seguir ayudando a las familias y las empresas que lo necesitan, pero al mismo tiempo reduciendo la deuda y el déficit”, dijo la referente del PSOE en materia económica, sin citar directamente la herencia universal.

Según calcula Sumar, esta propuesta tendría un coste de 10.000 millones de euros, un 0,8% del PIB (Productor Interior Bruto), aproximadamente. Y se financiaría con “un nuevo y ambicioso impuesto a las grandes fortunas. La propuesta la están defendiendo, allá donde encuentran espacio para hacerlo, la propia Yolanda Díaz y algunos de los principales cuadros de la campaña de Sumar, como son el portavoz Ernest Urtasun, recién aterrizado desde el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, o Nacho Álvarez, el principal ‘fichaje’ en el plano económico que ha llegado desde Unidas Podemos, y que hasta ahora ha ejercido como secretario de Estado de Derechos Sociales.

Los tres han incidido en que la financiación de la “herencia universal” a través de un impuesto a los ricos refuerza su carácter redistributivo. Y, asimismo, han recalcado su importancia crucial para luchar contra la desigualdad porque rebajaría “la influencia del origen social en las trayectorias vitales”. Nacho Álvarez ha usado su propio ejemplo: “Hay jóvenes que no pueden prepararse unas oposiciones porque no pueden permitirse dejar de trabajar el tiempo necesario para ello. Una herencia universal evita ese sesgo de clase”.

El economista 'morado' ha asegurado que “para que sea eficaz tiene que ser universal, como la sanidad pública o las pensiones... Hay que evitar las requisitos de acceso burocráticos, donde ha fallado el ingreso mínimo vital (IMV), para que llegue a todo el mundo. Y que nazca acompañada de un impuesto a las grandes fortunas redistribuye riqueza de las familias que más patrimonio tienen a las que menos tienen”.

“A mí me parece una propuesta interesante pero me temo que haberla sacado ahora la puede matar”, advierte el economista José Moisés Martín Carretero. “Estas medidas arriesgadas requieren de un trabajo previo de consenso y un clima electoral no parece el mejor”, continúa. Pone un ejemplo: “El ingreso mínimo vital (IMV) se aprobó después de que se construyera cierto consenso”. Yolanda Díaz ha llegado a defender estos días que “a Calviño le pasará igual que con el salario mínimo (SMI) y el mecanismo de los ERTE, pues primero los desdeña y luego con el tiempo acabará celebrando su despliegue”.

¿Es una propuesta electoralista?

Por su parte, el profesor de la UCM y la UMA Andrés Villena señala que “es una pre propuesta fuertemente influenciada por las fechas electorales, y a la que le falta concreción. Esta se propone ahora porque hay un fuerte debate de supuesta lucha entre generaciones (que ignora las clases sociales, la naturaleza verdadera del dinero, los poderes de los Estados en materia económica...). Y porque la competición electoral ha llegado a un grado sumo en el que hay que hacer una oferta de manera llamativa”.

La propuesta tiene “la virtud de poner el foco en la desigualdad intergeneracional, un fenómeno que en mi opinión es esencial para entender la dinámica social en España y, en general, en Europa. Pero mejor sería emplear el tiempo de esta campaña electoral en hablar de vivienda inasequible y salarios bajos”, observa Ignacio Ezquiaga, analista de AFI y Funcas.

“No es una medida de compra de votos”, considera Eduardo Garzón. “El coste es fácil de calcular: unos 500.000 jóvenes cumplen 18 años cada año, multiplicado por 20.000, son 10.000 millones. Los ingresos es otra historia: es verdad que con un impuesto al patrimonio de menos del 10% puedes recaudar eso en teoría, pero podría haber fugas de capitales y una menor recaudación”, explica el profesor de la UAM.  

¿Se puede financiar?

“Evaluar el coste exige hacer simulaciones con distintos escenarios futuros. Yo veo muy difícil que el impuesto recaude lo dicho, aunque meter en el debate una fiscalidad distinta a los rentistas, por ejemplo, es muy importante para la cohesión social”, contraargumenta Andrés Villena.

“Dicho coste ha de tener en cuenta el monto de los 10.000 millones de euros, por supuesto, pero también el consumo e inversión que este impulso económico puede suponer. Con lo que habría ingresos fiscales, creación empresarial, expectativas de mejora económica... Por todo ello el coste es algo difícil de valorar porque un Estado no es como una familia, la financiación depende de la credibilidad del país y de los tipos generales, etc. Lo considero una inversión interesante que no obstante exige muchos más detalles pero que abre un debate interesante y necesario: el futuro”, prosigue este último economista.

“En cualquier caso, es una cantidad absolutamente manejable: revalorizar las pensiones solamente en el año 2022 ha costado más, y no ha habido un impuesto nuevo para ello: simplemente se financia con los mayores ingresos públicos por el crecimiento económico. El impacto económico es muy potente para la cantidad razonable que es”, detalla Eduardo Garzón.

“Sería muy costosa. Por tener un orden de magnitud, la recaudación total por IBI (mpuesto sobre bienes inmuebles) en España es de unos 13.000 millones. Si los salarios son bajos y la vivienda demasiado cara, la herencia universal resulta demasiado pequeña para sus receptores y, en cambio, generaría efectos externos indeseables, al contribuir a perpetuar el origen del problema, beneficiando colateralmente los negocios privados en los que los jóvenes emplearan su herencia pública”, analiza Ignacio Ezquiaga.

¿Debería ser universal?

“Que sea universal tiene cierta lógica”, reflexiona, por su parte, Albert Recio, profesor de la UAB y miembro del consejo científico de Attac. “Cuando se ponen límites siempre hay quien se sabe escapar y quien, mereciéndolo, se queda fuera. Y sí sería redistributiva porque lo pagarían unos pocos y, aunque lo recibiera algún rico, la inmensa mayoría de jóvenes no lo son”, continúa.

Eso sí, a Albert Recio le parece “mejor dedicar el dinero a proveer de vivienda a bajo coste, que realmente garantiza más autonomía y desmercantiliza más”. En la misma línea se expresó este lunes en Twitter la economista Lídia Brun, quien participó en la redacción del desafío de “Reducir la pobreza y la desigualdad [...]” del informe 'España 2050': “Como idea teórica, la herencia universal es una propuesta radical y utópica de redistribución la riqueza. La idea es sencilla: gravar fuerte las grandes herencias y repartirlas entre todos los jóvenes. Como medida política me parece poco prioritaria y arriesgada de implementar”.

“Por ejemplo, preferiría que la recaudación de ese mayor gravamen al patrimonio se destinara a ampliar el parque de vivienda pública”, opina Lídia Brun. “Reducir las dificultades en el acceso a la vivienda de calidad es crucial para mejorar las tasas de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares y evitar, por esta vía, un incremento de la desigualdad, tanto de renta como de riqueza, que en España está muy condicionada por la propiedad de la vivienda”, resume, de hecho, el informe.

“Si no avanzamos en esta dirección, nuestras grandes ciudades se podrían ir escorando hacia un modelo de 'ricos propietarios y pobres inquilinos', polarizado entre hogares con una o varias viviendas en propiedad (bien porque las han comprado o porque las han recibido en herencia) y personas viviendo en casas alquiladas o compartidas. Mientras que parte de estos hogares podrán contar con ahorro y recursos para financiar potenciales gastos (salud, educación, ocio), un sector creciente de la población tendrá que dedicar buena parte de su salario o su pensión de jubilación a afrontar mensualmente la cuota del alquiler, lo que podría agudizar la desigualdad en edades avanzadas”, amplía el documento.

La desigualdad

Según la misma perspectiva, Ignacio Ezquiaga describe lo que él denomina “el círculo vicioso de salarios bajos, precariedad o desempleo, que lleva concentrándose en los jóvenes españoles más de cuatro décadas, es paralelo a un ascenso continuo del coste de la vivienda. El mercado es incapaz de proporcionar viviendas a precios asequibles para amplios tramos de población, en concreto, para los jóvenes, cuyas rentas –si existen– son insuficientes, sea cual sea su nivel de formación formal. Esto ha dejado fuera del acceso a la propiedad a los jóvenes que no pueden disfrutar de riqueza heredada o donada familiarmente e incluso hace difícil el acceso al alquiler privado: en muchas capitales por su coste y en otras poblaciones por su escasa oferta”.

“Hay que seguir impulsando e incentivando los contratos laborales que garanticen la formación en el trabajo, la base de la productividad a largo plazo y de mejores salarios. La reforma laboral pactada en la legislatura pasada está en la línea correcta, al prohibir, después de 30 años, los contratos temporales para empleos no temporales”, aporta este experto.

“Habría que descartar la idea del cheque Friedman. El economista liberal proponía también una asignación, pero para que la gente fuera libre para elegir en qué gastar el monto de dinero asignado. Indirectamente era una subvención al sector privado. Aquí se habla de redistribución, aunque, efectivamente, la medida debería presentarse con cierta evaluación, por ejemplo, de renta y patrimonio familiar, para que no fuera plana o regresiva”, concluye Andrés Villena.