Desahucios, salario mínimo y cuotas de autónomos: estas son las medidas que decaen tras el rechazo del Congreso

El Gobierno ha recibido un importante golpe parlamentario con la decaída del Real Decreto-Ley ómnibus con la subida de las pensiones, la prórroga del escudo social y algunas medidas fiscales importantes, como la exención de IRPF de las ayudas recibidas por la gravísima oleada de incendios del verano pasado.

El escenario que se abre ahora es de un vacío legal en numerosos aspectos. Más allá de las pensiones, la decaída supone que dejará de estar en vigor la prórroga de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 o la subida del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el recargo sobre las nóminas para llenar la hucha de las pensiones.

Por segundo año consecutivo, el Congreso de los Diputados ha rechazado –con los votos en contra de PP, Vox y Junts– la norma ómnibus del Gobierno en la que se habían incluido la revalorización de las pensiones y otras medidas de carácter económico. El año pasado, en La Moncloa se remangaron y pocos días después cerraron un acuerdo con Junts con el que recuperaron gran parte de las medidas que habían decaído pocos días antes. Si el Congreso rechazó la norma un miércoles, el martes siguiente el Consejo de Ministros aprobó otro Real Decreto-Ley que eliminó cualquier atisbo de duda.

El Real Decreto-Ley es una norma que elabora el Gobierno y que entra en vigor en el momento de su publicación. Pero tiene que ser validada por el Congreso en un plazo de 30 días desde su aprobación y está pensada para situaciones de extraordinaria urgencia. Estas son las principales medidas que contenía la ley derogada este martes:

El Escudo social: desahucios y suministros

La norma prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, para aquellos en situación de desempleo o con muy bajos ingresos. También extendió, hasta la misma fecha, la prohibición del corte de suministros básicos (energía, agua) para los mismos colectivos y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. La disposición se incluyó después de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo para extender la medida, en vigor desde marzo de 2020, en los primeros compases de la pandemia.

La subida del MEI para la hucha de las pensiones

Además de la subida de las pensiones, el Gobierno aprobó, a través de este real decreto-ley ómnibus, el incremento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización que se creó en la reforma de pensiones de 2021 para financiar la conocida como hucha de las pensiones. Lo elevaba al 0,9%. De este porcentaje, 0,75 puntos los asume la empresa y 0,15, el trabajador.

La eliminación de la obligación de las personas paradas a declarar el IRPF

El Ejecutivo aprovechó para cambiar la Ley General de Seguridad Social y dar marcha atrás a una medida incluida en la reforma del subsidio por desempleo de 2024. Se trata de la obligación para las personas que hayan cobrado la prestación o el subsidio del paro de presentar la declaración de la renta.

El Ejecutivo justificó el cambio para “evitar que, a través de una norma propia del ámbito social, como es la Ley General de la Seguridad Social, se produzca una modificación de las obligaciones tributarias de las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo”. Además, apuntaron a una “innecesaria” carga para los trabajadores, ya que aproximadamente 2,5 millones personas que no lo hacían tendrían que presentar la declaración.

Prórroga del Salario Mínimo de 2025

Ante la falta de acuerdo con patronal y sindicatos para elevar la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI), el Gobierno congeló el de 2025 (1.184 euros en catorce pagas) hasta que haya una cifra para elevarlo en 2026.

El Gobierno hizo lo mismo el año pasado, prorrogando el de 2024, a través del Real Decreto-Ley ómnibus con la subida de las pensiones para 2025. Al ser derogado por el Congreso de los Diputados, se generó vacío legal importante ya que, de facto, eliminó el SMI vigente para los primeros compases de 2025. El Ministerio de Trabajo instó a la Inspección a vigilar que no se firmaran contratos por debajo de esta referencia durante la semana que el SMI desapareció del ordenamiento jurídico.

También se prorrogaba la prohibición de que las empresas reciban ayudas públicas para hacer frente a la subida de los precios energéticos puedan utilizar esta circunstancia, la del aumento del coste de la electricidad, para justificar despidos.

Prórroga de las cuotas de autónomos y el sistema de módulos

La norma congeló las cuotas de los autónomos, después de que la propuesta que llevó el Ministerio de Seguridad Social a la mesa de negociación colectiva fuera duramente criticada por los representantes de los trabajadores por cuenta propia. Las cuantías son las mismas que las contempladas para 2025. Asimismo, incluía medidas fiscales de relevancia, como la prórroga del sistema de módulos para los trabajadores autónomos.

Exención en el IRPF para las ayudas por los incendios y la Dana

El Real Decreto-Ley incluía, asimismo, la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por la dañina oleada de incendios forestales “y otras emergencias de protección civil” que tuvieron lugar este verano, entre el 23 de junio y el 25 de agosto. También la exención, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades, de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la Dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

Subida del impuesto de plusvalía para frenar la especulación

El Gobierno aprovechó esta norma ómnibus para actualizar los coeficientes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (el conocido como Impuesto de plusvalía), gravando más las transmisiones en los primeros años tras la compra.

El Ejecutivo calcó una medida presentada en mayo a través de una proposición de ley del Grupo Socialista para desincentivar la compraventa especulativa de vivienda. Las operaciones menos de un año después de la adquisición tendrían que aplicar un multiplicador del 0,16. Entre uno y tres años después, del 0,15. Y escalaba de manera progresiva hasta el 0,23 de imposición tras los ocho años de la compra.

A partir de ahí, volvía a rebajarse hasta el 0,10 para las tenencias entre los 13 y 16 años. A partir de 20 años, aplicaba un coeficiente del 0,35, el más elevado de la tabla.

Amplía algunas deducciones y beneficios fiscales

El Ejecutivo amplió a 2026 algunas ayudas fiscales vinculadas a la inversión en eficiencia energética en viviendas, a la compra de vehículos eléctricos o instalación de cargadores en el hogar.

Coeficientes reductores para la jubilación de bomberos y agentes forestales

El Gobierno aprobó una cotización adicional para bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales, a quienes les ha sido reconocido un coeficiente reductor de la edad de jubilación. Esto les permitiría retirarse antes de lo que estaba previsto.

Permite a médicos de familia y pediatras compatibilizar trabajo y jubilación 

La ley extendía hasta el 31 de diciembre de este año la compatibilidad del trabajo con el 75% de la pensión de jubilación para que los médicos de atención primaria y pediatras puedan seguir en activo.