El Congreso rechaza las recetas económicas del PP, centradas en la rebaja y supresión de impuestos

Los 'populares' defienden rebajar por debajo del 20% Sociedades y eliminar Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el impuesto hipotecario

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las recetas económicas del PP frente a la crisis, centradas en la rebaja y supresión de impuestos, al defender una rebaja a menos del 20% del Impuesto sobre Sociedades y la supresión de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el impuesto hipotecario.

Estas propuestas han sido rechazadas con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu, la CUP, Compromís, PRC y Nueva Canarias. El PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria han votado a favor, mientras que Junts y Teruel Existe han optado por abstenerse.

El texto sometido a votación incluye un nuevo punto, a propuesta de Ciudadanos, para reclamar una agencia independiente para evaluar, priorizar y aprobar los proyectos financiados con fondos europeos y asegurar que se asignan con criterios de eficiencia, su ejecución y la coordinación de los organismos afectados.

Además de la rebaja de impuestos, el PP también reclamaba con la moción aprobar exenciones fiscales a empresas afectadas la pandemia, un aumento del período de carencia en los créditos del ICO, una nueva 'Ley Beckham' de incentivos fiscales y una modalidad de contratación bonificada de personas desempleadas por la crisis.

Para las empresas, abogan por un plan de captación de sociedades deslocalizadas y “grandes empleadores”; facilitar “una autopista administrativa para que una empresa pueda crearse en cinco días”; transformar el sistema de licencia previa por el de declaración responsable; la eliminación de “trabas fiscales, burocráticas y laborales” en una Ley de crecimiento empresarial; potenciar la Ley de segunda oportunidad; y la armonización de normas en otra de unidad de mercado.

En el mercado de trabajo, defienden mantener la reforma laboral de 2012, ampliar los ERTE con vinculación a itinerarios formativos, especialmente en sectores más afectados, como el turismo y la hostelería, ampliar la tarifa plana para autónomos --“a ingresos cero, cuota cero”--, y una regulación del teletrabajo. Para la Administración, el PP plantea su “racionalización, digitalización y eficiencia”, una carrera funcionarial con incentivos y menos estructura, “empezando por el Gobierno”, especifican.

POR CADA NUEVA LEY, DEROGAR DOS

En materia de formación, los 'populares' defienden impulsar la FP dual en Educación Secundaria, la participación de la empresa en la Universidad, garantizar el bilingüismo, materias de emprendimiento, las llamadas STEM tecnológicas y científicas, orientar los currículos, titulaciones y plazas a la demanda laboral y realizar “evaluaciones públicas nacionales” a lo largo de toda la etapa educativa.

Finalmente, como recetas para mejorar la competitividad, plantean fomentar la reindustrialización y el abaratamiento de la energía, respaldar la internacionalización de las empresas, apostar po la economía circular, la sostenibilidad y el sector primario, potenciar la digitalización de empresas, el 5G y el fomento de 'start ups' y garantizar seguridad jurídica, a través de la despolitización de organismos reguladores y la simplificación de la regulación, “con el compromiso de derogar dos normas por cada norma que se apruebe”.

“NOS DAN LAS LECCIONES DE LO QUE NO HAY QUE HACER”

Durante la defensa de la iniciativa, consecuencia de la interpelación dirigida la semana pasada a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el portavoz económico del PP, Miguel Ángel Castellón, aseguró que el Gobierno ha afrontado la crisis sin presentar ninguna reforma, por lo que ha colocado a su partido como “la única esperanza que pueden tener los españoles para recuperar su empleo”.

Frente a ello, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y el PNV afearon al PP su hoja de ruta y que, además, no aludieran a la emergencia sanitaria a la hora de abordar la situación económica y el descalabro de los diferentes indicadores económicos.

Así, el responsable económico del PSOE, Pedro Casares, criticó que el PP no cite en su iniciativa “en ningún momento” la crisis sanitaria, preguntándose si es que no se ha percatado de la existencia de la pandemia e ironizando que, visto lo sucedido en la Comunidad de Madrid, “diría que no”. Allí, apostilló, “faltan médicos, enfermeras y rastreadores” y “sobra la soberbia del PP y Díaz Ayuso”.

“Nos han dado lecciones, lecciones de lo que no hay que hacer”, criticó Sofía Castañón (Unidas Podemos), que afeó los datos de exclusión social y precariedad durante el anterior mandato del PP, mientras que Joan Capdevila, de ERC, rechazó las “recetas mágicas” que “insisten” en una bajada “indiscriminada” de impuestos, en lugar de mayor progresividad fiscal. Para Joan Baldoví estas recetas “son más viejas que la tos”, pero explicó que “no se pueden pedir peras al olmo”.

“No se puede achacar que no se haya hecho nada”, lamentó, por su parte, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, que cree que el PP propone ahora “las mismas recetas” que se aplicaron y que “miran para un lado”, el de las empresas, manteniendo una reforma laboral que, ha criticado, aumentó la desigualdad, facilitó los despidos y se demostró “incapaz de crear nuevos empleos, y menos de calidad”.

VOX Y Cs TAMBIÉN REPROCHAN A LOS 'POPULARES'

Vox y Ciudadanos, habituales socios de los 'populares' en las votaciones de iniciativas económicas en el Congreso, también repartieron críticas en la tribuna de oradores, llegando a acusar la portavoz fiscal de Vox, Inés Cañizares, de haberse “colocado medallas” y “alardear” de cuando estaban en el Gobierno, pero haber dado apoyo a medidas extraordinarias aprobadas durante la crisis.

“Han sido casi igual de responsables que el PSOE de la ruina económica”, espetó Cañizares, subrayando que, si ahora defienden una bajada de impuestos, “cuando estaban en el Gobierno sólo sabían subirlos”.

Por su parte, María Muñoz, de Ciudadanos, acusó al Gobierno de “dejación de funciones”, pero defendió una actitud de “responsabilidad, nacida de la preocupación y la visión a largo plazo” y de búsqueda de acuerdos, tendiendo así una mano “crítica pero responsable” para “no dilapidar los fondos” procedentes de Bruselas.