El Gobierno lanza un decreto para impulsar las comunidades energéticas en pleno boom del autoconsumo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a consulta un borrador de Real Decreto que regulará las denominadas comunidades energéticas para producir y compartir energía renovable generada, por ejemplo, con instalaciones de autoconsumo.

Estas comunidades contarán con un cupo específico en las subastas de renovables y se les reservará capacidad en los nudos de la red eléctrica que se subasten para que tengan la evacuación de su producción garantizada, reservándoles un 5% de la capacidad disponible. 

Las comunidades energéticas, de acuerdo con la normativa europea, permiten a los ciudadanos producir, consumir, almacenar, compartir y vender energía renovable colectivamente. Su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno donde se desarrollan, más que una rentabilidad financiera. Se trata, en suma, de democratizar la producción y el consumo de energía.

Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía tienen muchos puntos en común. Por ejemplo, pueden adquirir distintas formas jurídicas y participar en todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica. La norma señala que deberán estar integradas por un mínimo de cinco socios o miembros, sin que ninguno de ellos supere el 51% de los votos. Estos pueden ser personas físicas, administraciones locales o empresas de pequeño tamaño.

Sin embargo, en las comunidades de energías renovables, los socios o miembros deben estar situados cerca de las instalaciones de renovables, a una distancia que dependerá de la población del municipio. En el caso de los municipios pequeños o en riesgo de despoblación, se amplía el radio de actuación para conseguir un número de miembros adecuado para la constitución de la comunidad, en línea con los objetivos establecidos en materia de Reto Demográfico.

Ese radio varía, porque en municipios pequeños (menos de 5.000 habitantes) se pueden usar terrenos de municipios colindantes sin límite de distancia; en el caso de las poblaciones entre 5.001 y 50.000 habitantes tiene que estar dentro del municipio; y en las de más de 50.000 habitantes, hasta cinco kilómetros del primer proyecto de la comunidad.

La propuesta contempla que las comunidades energéticas puedan acceder a las subastas periódicas de renovables para tener una retribución regulada. Tendrán cupos específicos de potencia y en ellas se tendrán en cuenta sus particularidades para que puedan competir con otros participantes.

Adicionalmente, se liberará un 5% de la capacidad en los nudos de la red eléctrica reservados para celebrar concursos de acceso y conexión, que podrá otorgarse por orden de prelación a las nuevas instalaciones de generación que formen parte de una comunidad energética, para garantizar la evacuación de su producción.

Aunque no se limitan al ámbito eléctrico –pueden beneficiarse de fuentes térmicas, de soluciones de movilidad o de eficiencia energética–, estas figuras están directamente ligadas al autoconsumo, que se está desarrollando a gran velocidad en España: el año pasado, con los precios de la luz disparados y al calor de las ayudas europeas y las deducciones de muchos ayuntamientos, la potencia instalada se duplicó y se ha multiplicado por 20 desde el año 2018, hasta superar los 5 gigavatios instalados. 

Un ejemplo de comunidad puede ser un pueblo con instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo colectivo, vehículos eléctricos compartidos y puntos de recarga, una calefacción centralizada de biomasa y solar térmica (que también permita climatizar unas instalaciones deportivas), y un sistema de gestión de la demanda de energía, junto con una app para informar a los partícipes. 

Actualmente hay ya en España en torno a 60 comunidades de este tipo, con Euskadi y Catalunya a la cabeza, según el visor del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). Pero estaba pendiente una regulación específica. El borrador del ministerio encarga a ese organismo que publique una evaluación de los obstáculos existentes a estas figuras.

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA) incluye una línea de apoyo específica para comunidades energéticas dotada con 100 millones de euros. Ya se han fallado las dos primeras convocatorias, con 40 millones que han beneficiado a 73 comunidades con más de 95.000 socios. 

El texto está a consulta hasta el 17 de mayo y se ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para informe y para que este organismo realice trámite de audiencia a través del Consejo Consultivo de Electricidad.