El Gobierno ha iniciado el trámite para poner en marcha la nueva línea de ayudas de 100 millones de euros para empresas y autónomos del sector servicios incluida en el paquete urgente de medidas de ahorro energético aprobado el pasado lunes por el Consejo de Ministros. Las ayudas comprenden subvenciones para actuaciones en edificios de titularidad privada ya existentes y de uso administrativo, sanitario, comercial, de residencias de ancianos, docente, cultural, recreativo, restauración, transporte de personas, deportivo y religioso.
El objetivo, destaca el Ejecutivo, es “acompañar a las empresas en su esfuerzo por incrementar el ahorro y la eficiencia energética”. Se trata de subvenciones al sector privado (el público tiene sus propias ayudas, con cargo al Plan de Recuperación) para reducir un 10% su consumo de energía.
Las ayudas se financiarán con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, serán coordinadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, y las concederán las comunidades autónomas.
El programa, del que además de empresas y autónomos podrán beneficiarse comunidades de energía renovable, empresas de servicios energéticos o comunidades de propietarias, estará vigente hasta el 2024. La dotación de 100 millones podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
Entre las actuaciones subvencionadas se encuentra la implantación de sistemas de automatización y control en los negocios, el uso de renovables en instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación, la sustitución de aparatos de refrigeración por otros de alta eficiencia o de instalaciones frigoríficas más eficientes, siempre y cuando alcancen un ahorro mínimo del 10% de energía final, respecto a la instalación existente que se reforme, así como la mejora de la eficiencia energética de la climatización en centros de proceso de datos.
Las ayudas serán, con carácter general y en función del tipo de actuaciones, de entre el 30% y el 60% del coste subvencionable para grandes empresas, de entre el 40% y el 70% para las medianas y de entre el 50% y el 80% para las pequeñas.
El Gobierno recuerda que, desde 2010, la ley ya obligaba a contar con sistemas de automatización para mantener cerradas las puertas en los establecimientos en el caso de no utilizar energía renovable para la climatización. El nuevo decreto incluye esta obligación para todos los edificios y locales con acceso desde la calle. Los comercios tienen que adaptarse antes del 30 de septiembre de 2022.
Transición, que recuerda que el parque de edificios existentes consume en torno al 30% de la energía final, ya ha sacado a consulta el proyecto de Real Decreto que regula el programa de ayudas, conocido como PREE terciario. Se trata de una de las medidas recogidas en el real decreto ley de ahorro energético aprobado el pasado lunes para cumplir con las exigencias de reducción del consumo de gas acordadas por la UE, que a partir de la próxima semana obligará a comercios, grandes almacenes, cines, hoteles y otros establecimientos a limitar a 27 grados el aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.
El paquete de medidas, que incluye también el apagado de escaparates por la noche, ha recibido duras críticas del gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo regional ya ha amenazado con llevarlas al Tribunal Constitucional. Esto ha obligado al PP a hacer equilibrios para no desautorizar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni a su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó hace 10 días un plan similar.
Las medidas están dirigidas a reducir el consumo de energía final y contribuir a cumplir con el objetivo establecido en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía del 26 de julio, que deberá complementarse con nuevas medidas de ahorro ya en septiembre.
Ante la amenaza de corte total del suministro de gas ruso, los socios europeos alcanzaron en julio un acuerdo político de reducción voluntaria de la demanda de gas natural del 15% entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 respecto a la media del mismo periodo de los últimos 5 años. En el caso de España, el Gobierno ha arrancado un objetivo de reducción de la demanda de gas por debajo del 7%.