Iberdrola ha reabierto la batalla por quién se hace cargo del bono social, los descuentos en la factura de la luz para consumidores vulnerables cuya financiación las eléctricas han llevado sistemáticamente a los tribunales. En plena crisis de precios de la luz, la primera compañía española del sector ha vuelto a reclamar que el Estado asuma estas ayudas, cuyo coste ronda los 200 millones de euros anuales, y que sufragan las comercializadoras de electricidad en función de su cuota de clientes.
La exigencia de Iberdrola está recogida en el acuerdo que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación del bono social para el año 2022.
Según explica el documento de la CNMC, en noviembre, durante el periodo de alegaciones, Iberdrola España realizó “ciertas observaciones en relación con el mecanismo de financiación del bono social, que exceden el ámbito de este Acuerdo”. Entre ellas, que “el coste del bono social debe ser sufragado con cargo a los presupuestos generales del estado”, tal y como sucede con el bono social térmico para calefacción y agua caliente.
La eléctrica también señaló que la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) “debe recoger el coste de financiación y el coste de gestión del bono social que soportan las Comercializadoras de Referencia”. Estas ocho compañías (entre ellas Iberdrola y el resto de grandes del sector) son las que suministran el PVPC y tramitan esos descuentos, en un procedimiento que puede ser muy farragoso dado que no son automáticos, pese a que la Estrategia contra la Pobreza Energética del Gobierno así lo contempla desde 2019.
Iberdrola también ha planteado ante la CNMC, según el documento, que el actual esquema de reparto del coste del bono social “es discriminatorio, debiendo aplicarse un sistema de reparto con base en el volumen de energía consumido y no con base en el número de clientes”. Además, ha pedido que se incluya en el mecanismo de financiación a los denominados consumidores directos, como ayuntamientos o empresas, una idea que ha planteado la propia CNMC en el pasado.
La principal eléctrica española trasladó estas exigencias sobre el bono social a la CNMC (que no tiene competencia para decidir sobre esta cuestión) con el precio de la luz en el mercado mayorista ya disparado por la subida exponencial del gas natural.
Solo unos días antes, el Gobierno había aprobado ampliar temporalmente (hasta marzo) estos descuentos por cuenta de las eléctricas en un decreto-ley en el que rectificó el recorte de ingresos de las empresas del sector que había aprobado en septiembre pasado, dejando fuera a los contratos a largo plazo, una medida que celebró el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, tras semanas de pulso con el Ejecutivo.
Con ese decreto, desde octubre y hasta que acabe el invierno, los descuentos del bono social han pasado temporalmente, con carácter general, del 25% al 60%, y del 40% al 70% en el caso de los consumidores vulnerables severos, aunque manteniendo los límites de consumo vigentes.
El bono, que se otorga siguiendo criterios de renta salvo en el caso de las familias numerosas (todas pueden tenerlo, sean cuales sean sus ingresos) solo se puede disfrutar si se tiene contratado el PVPC. Esta tarifa tradicionalmente ha sido la más barata para el usuario, pero en los últimos meses se ha visto directamente impactada por los récords del pool porque en ella el coste de la energía está directamente indexado a la cotización horaria del mercado mayorista eléctrico. Sin embargo, la subida del último año no ha borrado el ahorro acumulado en años previos con respecto a las ofertas del mercado libre.
Propuesta de reparto
La propuesta de la CNMC para repartir el coste del bono social supone que Iberdrola sería por primera vez la empresa que asumiría la mayor proporción, al sufragar el 33,6%. Superaría así por primera vez a Endesa, a la que le tocaría aportar el 33,51%, en función de sus cuotas de mercado hasta el primer semestre de 2021. Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, justo cuando comenzó la espectacular escalada del mercado mayorista, Endesa perdió un total de 318.297 clientes e Iberdrola, se dejó 59.581 clientes, superando la cuota de Endesa.
Tras las dos mayores empresas del sector figura Naturgy, con el 13,67% de la financiación del bono social. A continuación figuran Total Energies (con el 3,95%, tras la adquisición de la cartera de dos millones de clientes residenciales y pequeños negocios de EDP en España) y Repsol, con el 3,14%. De esta forma, más del 87% del coste recae sobre esas cinco empresas.
La CNMC ha propuesto que se considere a 338 sociedades que deben participar en el reparto del coste del bono social y que se corresponden a la suma de 24 sociedades que son grupo matriz de varias comercializadoras y 314 sociedades que son comercializadoras que operan de forma individual.
La petición de Iberdrola para que el Estado asuma el coste del bono social es una vieja reivindicación del sector eléctrico desde que se crearon estas ayudas en 2009. Las empresas han defendido que los descuentos entran dentro de la política social y no de la energética, una tesis que también recomendó abrazar el Consejo Económico y Social en un informe publicado en 2017.
El sistema de financiación del bono social ha sido anulado en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. La última, el año pasado, cuando el Alto Tribunal tumbó el esquema vigente hasta 2013 en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró “discriminatorio” el mecanismo que decidía qué empresas tenían que aportar dinero y que durante 3 años cargó esta obligación sobre las sociedades que se dedicaran de manera simultánea a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.