Competencia propone penalizar a los ayuntamientos y empresas que compran electricidad sin intermediarios
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone penalizar a las empresas y entidades públicas (como algunos ayuntamientos) que han decidido prescindir de las comercializadoras eléctricas y acudir directamente al mercado mayorista para cubrir su consumo. Para “evitar tratos discriminatorios” hacia las comercializadoras y un “aumento de precios” para sus clientes, el organismo plantea que los denominados consumidores directos de electricidad financien el bono social de la luz y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
El bono social, descuentos a determinados consumidores considerados vulnerables, lo soportan actualmente más de 200 comercializadoras eléctricas, en función de su cuota de mercado, de forma que más del 90% del coste (unos 200 millones en 2017) recae sobre las cinco grandes del sector. La CNMC propone que contribuyan a su sostenimiento las empresas y entidades públicas que operan como consumidores directos de electricidad en su último Informe de Supervisión del Mercado Minorista de Electricidad, aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria el 6 de febrero.
El planteamiento se extiende también al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, un instrumento creado en 2014 que gestiona el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). Actualmente, la dotación de este fondo, otros 200 millones anuales, la financian algo más de 300 empresas energéticas en función de sus ventas: comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor y operadores mayoristas de gases licuados de petróleo.
Evolución al alza
El consumidor directo es una figura a caballo entre la adquisición de electricidad por medio de un tercero (una comercializadora) y la creación de una comercializadora propia como la que lanzó el año pasado el Ayuntamiento de Barcelona. Está recogida en la legislación desde hace casi 20 años, pero ha vivido una explosión en fechas recientes.
Según la CNMC, “si bien la participación de los consumidores directos en el mercado hasta el año 2017 ha sido limitada, se observa un crecimiento progresivo, especialmente significativo durante el último año, donde se estima que el consumo asociado de este tipo de consumidores se duplicará con respecto al año anterior, llegando a alcanzar su consumo el 1,5% de la demanda de energía en 2018”, cuando en 2014 era del 0,4%. Si a principios de 2017 había 232 entidades dadas de alta en el listado de consumidores directos de electricidad de la CNMC, ahora hay 345.
Competencia cree que esta proliferación “no responde tanto a una implicación activa del consumidor en el mercado como a la existencia de una regulación que discrimina favorablemente a este colectivo frente a los comercializadores”. Estos últimos financian el bono social y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, además de abonar la tasa municipal que ingresan los ayuntamientos por el suministro de energía eléctrica en su localidad, equivalente al 1,5% de la facturación total, excluido el peaje de acceso.
El organismo cree que “esta situación no resulta coherente con el objetivo perseguido por cada una de las obligaciones citadas en los tres apartados anteriores” y plantea que, “con el fin de evitar tratos discriminatorios de unas figuras a favor de otras, debería plantearse la extensión de estas obligaciones a toda la demanda, independientemente de cómo accede ésta al mercado a comprar la energía”. Así, “se evitaría que el coste del Bono Social y la aportación al Fondo de Eficiencia Energética sea financiada por un colectivo cada vez menor (el suministrado por una comercializadora), con la correspondiente implicación de aumento de precios o pagos explícitos, en las facturas de sus clientes”.
Entre las entidades dadas de alta en listado de consumidores directos de electricidad están los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Avilés, Canfranc y Rivas Vaciamadrid, que ha marcado la pauta en una tendencia que analizan otros consistorios como Madrid, Zaragoza o Vitoria Gasteiz. También aparecen otros organismos públicos como el Servicio Extremeño de Salud, el Metro de Tenerife, la Universidade Da Coruña y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Asimismo, figuran, entre otras, dos compañías del Ibex, Repsol (el mayor contribuyente a ese fondo de eficiencia) y Ence, y otras como CLH (dueña de la red de oleoductos); siderúrgicas como Alcoa o Celsa; empresas de restauración como Megafood SA (primer franquiciado de Burger King en España), empresas de aguas (Asturagua, de Agbar, 100% propiedad de Suez); compañías dedicadas al juego (Cirsa), la cosmética (RNB, proveedor de Mercadona bajo la marca Deliplus) y alimentario (Pascual, Coren, Grupo Palacios…).
En ese listado hay otras entidades y empresas de un amplio abanico de sectores: comunidades de regantes, fabricantes de materiales de construcción, empresas de automoción, fabricación de muebles e incluso dos instituciones vinculadas a la Iglesia Católica: la Fundación Escuela Teresiana y los Hermanos Maristas.
