El PP fuerza un debate sobre las prórrogas presupuestarias usando su mayoría en la Comisión del Tribunal de Cuentas
El Partido Popular va a forzar un debate sobre el uso de las prórrogas presupuestarias por parte del Gobierno, aprovechando su mayoría en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Así, ha solicitado a la Mesa de este organismo parlamentario, en la que tienen mayoría, que se incorpore al próximo orden del día un debate sobre la Cuenta General del Estado 2024, al hilo del dictamen emitido por el fiscalizador.
La iniciativa ha sido presentada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y el jefe económico de los populares, Alberto Nadal, que han tachado de “dictadura presupuestaria” las sucesivas prórrogas de las Cuentas de 2023, las últimas en vigor. Para Gamarra, esta será la primera oportunidad que tendrá el legislativo en este mandato para valorar la política presupuestaria del Ejecutivo.
“Llega el momento de que el Parlamento sí pueda pronunciarse, por primera vez en esta legislatura, en relación al Presupuesto. La anomalía democrática en la que nos tiene sumiso el sanchismo nos lleva a que lo tengamos que hacer en el cierre del ciclo presupuestario, es decir, viendo cómo ha terminado la foto porque no pudimos pronunciarmos en el momento inicial, porque no se presentó un Presupuesto”, ha dicho la dirigente popular.
Los populares quieren que el debate tenga lugar en la primera reunión de la Comisión, el próximo 21 de mayo, y reconocen la “relevancia política” de este movimiento, ya que sería la primera vez que un dictamen sobre la Cuenta General del Estado pueda ser tumbada en ambas Cámaras. Y, sobre todo, forzaría a Junts a posicionarse en cuanto a su apoyo a estas prácticas por parte del Ejecutivo.
El dictamen de la Comisión Mixta tendrá que ser elevado al Pleno del Congreso y también al del Senado. Puede darse la situación de que se apruebe en una cámara sí y en otra no. En ese caso, sería la votación por mayoría absoluta del Congreso la que sería determinante.
Si Gamarra ha hablado de “degeneración presupuestaria”, Nadal ha ido más allá y ha hablado de “dictadura presupuestaria”. Esto es así porque, aprovechando una flexibilidad presupuestaria incluida en el Presupuesto de 2023 a la salida de la pandemia, el Gobierno puede modificar las asignaciones de las distintas partidas presupuestarias con un acuerdo de Consejo de Ministros y sin que sea necesario pasar por el Congreso. “El Gobierno está aprovechando esa flexibilidad para gestionar un presupuesto que en realidad no existe”, ha deplorado.
El informe del Tribunal de Cuentas ya ha sido polémico, ya que puso de manifiesto que el Ejecutivo había empleado 2.389,4 millones de euros sobrantes de lo adjudicado al Plan de Recuperación (es decir, procedentes de fondos europeos) para el pago de pensiones de las clases pasivas. En el Gobierno y en la Comisión defienden que es legal, pero en el PP lo rechazan, aunque en un tono más bajo que el de los últimos días.
“La cuestión que ponen de manifiesto el Tribunal de Cuentas, y esa es la esencial, es que renglones presupuestarios que estaban pensados para políticas completamente distintas se han utilizado para financiar el incremento del gasto en pensiones de clases pasivas”, ha subrayado.