Un exsenador del PP imputado en el caso Lezo controla una participación en una empresa en Luxemburgo
Luis Peral Guerra, exsenador del PP recientemente imputado en el caso Lezo y exconsejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, acaba de convertirse en accionista, junto a sus hermanos, de una sociedad radicada en Luxemburgo hasta ahora controlada por su madre, de 89 años.
Según consta en el Registro Mercantil luxemburgués, el político conservador tomó el pasado 22 de octubre un 14% de la empresa luxemburguesa Damasus Sarl, que tiene por objeto la “adquisición de participaciones de cualquier tipo”, “el desarrollo y elaboración de informes, opiniones o estudios financieros” y “las actividades de consultoría e inversiones”.
Damasus se constituyó el 2 de junio de 2014, cuatro meses antes del fallecimiento del padre del político del PP, el arquitecto y empresario inmobiliario Luis Peral Buesa. Con un capital de 12.500 euros dividido en 100 acciones, 98 títulos fueron a manos de la madre del ex senador, Mariela Guerra, nacida en 1929, y el resto, a dos de los hermanos del exconsejero de Aguirre y Gallardón.
La empresa, que según las cuentas que ha presentado desde su constitución no ha tenido aparentemente actividad en estos años, ha pasado a tener repartido su capital entre el exsenador y sus seis hermanos, tras una cesión de acciones de la matriarca de la familia.
Peral lleva fuera de la política activa desde principios de 2017, aunque Pablo Casado le recuperó para la causa de los populares como responsable de Familia del partido en Madrid en octubre pasado, semanas después de que, en septiembre, declarase en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Lezo.
Peral, con el que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito a través de las empresas que administra en España y por medio del PP de Madrid (una portavoz de la formación indicó el lunes que no era capaz de localizar a su responsable de Familia), pertenece a una familia fuertemente entroncada en el franquismo a través de la figura de su abuelo, el militar Luis Peral Sáez, que fue ayudante “honorario” del dictador Francisco Franco.
En 2016, la revista Tiempo situó al entonces todavía diputado en la Asamblea de Madrid en el número dos del ránking de políticos en activo más ricos de España, con un patrimonio de 5,4 millones de euros, entre los que contabilizaba 3,2 millones en 43 sociedades cotizadas en bolsa y participaciones en diversas sociedades inmobiliarias no cotizadas que actualmente administra junto con su familia, como Hoteles PYR, propietaria de un aparta-hotel en Fuengirola (Málaga), y la promotora Metauro SA.
A cierre de 2017, Metauro tenía, según sus cuentas accesibles a través de la plataforma Insight View, activos de 11,9 millones e inversiones inmobiliarias entre las que se cuenta una mansión en La Moraleja (Alcobendas, Madrid) destinada a venta o alquiler y “terrenos en Arroyo Pozas, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid)”, para los que, explicaba, la Junta de Compensación del consistorio (gobernado por el PP desde hace décadas) ya había “iniciado los trabajos previos del proyecto de urbanización y del proyecto de reparcelación”.
“Motivos personales”
Perteneciente al sector más ultrarreligioso del PP, conocido por su discurso homófobo y contrario al aborto, al que llegó a calificar en 2013 como “una forma de violencia de género”, Luis Peral anunció a finales de 2016 que abandonaba su escaño en la Asamblea de Madrid y su actividad de 40 años en política para emprender nuevos proyectos, entre los que citó el de doctorarse.
El hasta entonces portavoz de Educación del PP en la Asamblea, que adujo “motivos personales” para justificar su retirada, había sido sancionado unos meses antes por el propio PP con una multa de 300 euros tras ausentarse de la votación en la Asamblea de Madrid de la Ley contra la LGTBifobia que había presentado su propio partido.
En julio pasado, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, citó a declarar a Peral como investigado junto a otros cinco exconsejeros de la Comunidad de Madrid en época de Gallardón en relación a la compra supuestamente irregular de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2011, cuando la empresa pública adquirió esa firma colombiana por 83 millones de euros (10 veces su valor real) a través de una sociedad panameña.
Abogado y economista, Peral, de 68 años, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid con la UCD y la extinta AP (1989-1987), consejero de Trabajo con Gallardón (2001-2003) y de Educación (2003-2007) con Aguirre, y diputado autonómico (2003-2017) y senador por la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2015.
Uno de sus últimos servicios al partido fue el de concurrir junto a otros candidatos de relleno, como el entonces presidente de la empresa pública Cesce, Álvaro Bustamante de la Mora, en las elecciones municipales de 2015 en Markina-Xemein, un pueblo de 5.000 habitantes en Vizcaya que gobierna EH Bildu con mayoría absoluta. En la lista de los populares, que lograron 24 votos (el 0,99% del total), figuraba también Mariela Guerra, la octogenaria madre del entonces senador que ahora le ha cedido parte de sus acciones en esa empresa luxemburguesa.
