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Los 13 principales problemas de Bruselas con los presupuestos españoles

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.

Andrés Gil

Riesgo de no cumplimiento. Bruselas repite esa frase en varios momentos de las 23 páginas que componen el análisis del presupuesto español, publicadas este miércoles en la Comisión Europea. Un presupuesto que tampoco cuenta con apoyos suficientes, hasta el momento, en el Congreso de los Diputados.

Pero, ¿en qué consisten esos riesgos de incumplimiento? Fundamentalmente en las discrepancias con el Gobierno en las cifras de gastos y en las de ingresos, además de saltarse al alza los objetivos de déficit y de ajuste estructural.

Este mismo miércoles, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus pronósticos para España y pide más reformas al Gobierno y la OCDE ha empeorado sus previsiones de crecimiento de la economía y de déficit.

1. Sin pasar por el Parlamento y sin prever una prórroga. El presupuesto se presentó a la Comisión y al Eurogrupo sin un proyecto de ley de presupuesto en el Parlamento. “Y tampoco ofrece una imagen completa de las medidas planificadas”, explica la Comisión, “en particular el escenario de prórroga presupuestaria.

2. Empleo. Las principales diferencias entre el proyecto y los pronósticos de la Comisión para 2018 se refieren al crecimiento del empleo, que se espera que sea 0,3 puntos porcentuales más alto en el borrador de presupuestos que en el pronóstico de la Comisión. En cuanto a los precios, se prevé que aumenten más rápido en el pronóstico de la Comisión.

La Comisión prevé que el crecimiento del empleo sea menor debido a un impacto negativo del incremento del salario mínimo al previsto en el borrador de presupuestos. Bruselas calcula que la subida salarial supondrá que no se crearán unos 70.000-80.000 empleos.

3. Sin IPC armonizado. Bruselas se queja de que “dado que el borrador de presupuestos no proporciona un pronóstico para el IPCA, la comparación de la evolución de los precios debe realizarse sobre la base de los deflactores, que son 0,1 puntos porcentuales más bajos en el pronóstico de la Comisión”.

4. Ingresos. La Comisión calcula que el impacto de las medidas de aumento de ingresos son del 0,4% del PIB, 0,1 punto porcentual por debajo del impacto previsto en el borrador, mientras que se estima que los gastos adicionales crecerán el 0,3% del PIB, en comparación con el 0,2% en el borrador.

5. Omisiones. La Comisión sí prevé los gastos extraordinarios del crédito fiscal solicitado “por uno de los bancos más grandes de España en julio de 2018”, el Santander, con un impacto en 2018 de 1.000 millones de euros (0,1% del PIB), mientras que el borrador ni lo menciona.

Además, el Gobierno contabiliza como un gasto aislado en 2019 las decisiones judiciales a escala autonómica por un importe del 0,1% del PIB (la indemnización de 1.000 millones por Aigues del Llobregat), mientras que la Comisión los trata como pasivos contingentes.

6. Deuda. El borrador indica un ajuste negativo del nivel de deuda “que no parece ser totalmente consistente con las proyecciones macroeconómicas y presupuestarias”. El Gobierno proyecta una deuda del 97% del PIB en 2018 y del 95,5% en 2019. Las previsiones de la Comisión calculan un 96,9% en 2018 y 96,2% en 2019.

“La reducción planificada de la deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB durante 2018-2019 no parece cumplir con el ritmo de reducción establecido en la Ley de Estabilidad (que requiere una reducción de al menos 2 puntos porcentuales una vez que el PIB real de España o el empleo neto crezcan en por lo menos 2%)”, afirma la Comisión.

7. Menor recaudación con las nuevas tasas. La Comisión espera un menor rendimiento –entre el 20% y el 30% menos– de los ingresos del impuesto a las transacciones financieras (FTT) planeado, teniendo en cuenta lo recaudado en Francia y en Italia.

La Comisión también prevé menos recaudación del impuesto sobre los ingresos de actividades digitales. “Además”, afirma la Comisión, “en el momento de redactar este informe, los impuestos aún no se habían trasladado al Parlamento. Por lo tanto, existe un riesgo significativo de que no estén en vigor el 1 de enero de 2019, lo que reduce la probabilidad de alcanzar la recaudación de impuestos prevista para ese año”.

La Comisión tampoco prevé la misma recaudación con la subida del IRPF a las rentas superiores a 140.000 euros, porque “se transfiere a los gobiernos regionales, que tienen amplios poderes normativos. En este contexto, esta medida, de ser adoptada, solo podría aplicarse a los cuatro gobiernos regionales (Aragón, Canarias, Castilla-la Mancha, Castilla-León) que no han adoptado su propia tasa de impuesto a la riqueza. Dado que los montos recaudados por estos en el impuesto a la riqueza son bajos (89 millones de euros en 2016), es altamente improbable un aumento esperado de 339 millones de euros tras el aumento planificado de la tasa impositiva”.

La Comisión también reduce la cantidad esperada de ingresos de las medidas para luchar contra el fraude fiscal, “debido a las incertidumbres que rodean su implementación”, y cree que será la mitad de lo que calcula el Gobierno.

8. Contribuciones sociales. La Comisión separa las contribuciones adicionales a la Seguridad Social por el aumento automático de la base contributiva mínima (que calcula en 750 millones de euros), de las contribuciones sociales adicionales pagadas por los perceptores del salario mínimo, que lo considera un efecto posterior –250 millones–. En total, la Comisión cifra el aumento de las contribuciones en unos 1.000 millones, mientras que el borrador del Gobierno lo eleva a 1.500.

9. Escuelas infantiles. La Comisión considera que la autorización prevista para que los gobiernos locales gasten 330 millones en escuelas infantiles un aumento del gasto, porque se considera una “inversión financieramente sostenible” y, por lo tanto, los ayuntamientos no tienen que compensarlo para cumplir con la regla del gasto interno.

10. Copago. La Comisión calcula en 362 millones la eliminación gradual de los copagos y un pequeño aumento del gasto derivado de la decisión del Gobierno de devolver la cobertura de salud a los inmigrantes sin papeles. Ambas medidas posteriores al pronóstico publicado en primavera.

11. Periodo de transición. Asumiendo que España corregirá su déficit excesivo antes de la fecha límite de 2018, entrará “en un periodo de transición de tres años (2019-2021)”, durante el “cual debería avanzar lo suficiente hacia el cumplimiento de la reducción de deuda. Según, la Comisión ”no se espera que España avance lo suficiente hacia el cumplimiento del índice de referencia de reducción de deuda en 2019. Y se espera que ajuste estructural sea del 0,0% del PIB, en lugar del 0,6% requerido y del 0,45% previsto por el Gobierno: “La ruta de ajuste hacia los objetivos de déficit apunta a un riesgo de una desviación significativa de los requisitos”.

12. Sin medidas nuevas. “El borrador no informa de ninguna medida nueva para mejorar la automatización de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos fiscales. Tampoco incluye medidas para revisar la regla de gasto de la Ley de Estabilidad para fortalecer su contribución a la consolidación fiscal”.

13. Riesgo de incumplimiento. En general, la Comisión opina que el proyecto de España para 2019 “está en riesgo de incumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En particular, la evaluación de la Comisión señala un riesgo de desviación significativa de la senda de ajuste requerida a medio plazo. Y esto ve tanto de los indicadores de gasto como en los del ajuste estructural. Además, no se espera que España avance lo suficiente hacia el cumplimiento del índice de referencia de reducción de deuda”.

La Comisión también opina que España ha realizado escasos avances con la parte estructural de las recomendaciones fiscales de julio de 2018, en relación con el marco fiscal y la contratación pública. “En el primero, el borrador no dice nada acerca de la revisión de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad. Tampoco informa sobre medidas para mejorar la automatización de los mecanismos de la Ley de Estabilidad para prevenir y corregir desviaciones de los objetivos fiscales”.

Evaluación de la Comisión Europea sobre el proyecto de Presupuestos de 2019 by eldiario.es on Scribd

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