El pulso del alcalde más votado de España que forzó a Redeia a repensar cómo construir sus líneas eléctricas

Es el “proyecto cero” que, según la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, llevó a Red Eléctrica de España (REE) a replantearse cómo buscar consensos con los territorios afectados por sus nuevas líneas: la interconexión Península-Ceuta, incluida en las últimas tres planificaciones de la red de transporte elaboradas por sucesivos gobiernos, vinculantes para la empresa, y recientemente culminada (aunque no ha entrado aún en funcionamiento) tras vencer la férrea resistencia del alcalde más votado de España.

Redeia presentó hace unos días en Madrid una propuesta metodológica para el despliegue de redes que, según la compañía, cuyo mayor accionista (20%) es el Estado, “refuerza” el trabajo que desarrolla hace años con los territorios “para avanzar en el proceso de transición energética con legitimidad social”. REE deberá acometer una histórica inversión en la red de alta tensión de 13.600 millones hasta 2030, según la propuesta de planificación que el Gobierno publicó en septiembre.

Durante la presentación del documento, Corredor sacó a colación la interconexión ceutí, un doble cable submarino a través del Estrecho de Gibraltar que la compañía ha definido como “estratégico” y cuyo documento inicial de proyecto (DIP) se sometió a consultas previas allá por 2016. La exministra socialista recordó cómo tras los estudios realizados se encontró un obstáculo inesperado: “mucha resistencia” en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción contra una subestación aérea, bautizada como Portichuelos, fundamental para el proyecto.

Redeia quería ubicarla allí porque implicaba menos longitud de la línea hacia la costa y evitaba espacios naturales protegidos en un enclave alejado de áreas de concentración migratoria y de reproducción de especies amenazadas, distante de núcleos urbanos (con menor afección social e impacto visual) y sin masas forestales ni flora amenazada.

Cuatro campos de fútbol

Pero había un problema. Enfrente tenía a Juan Franco, alcalde de La Línea desde 2015 y que, como recordó Corredor, en las municipales de 2023 [con un partido independiente], fue reelegido con un apoyo superior al 75%: el más votado de España entre los municipios de cierto tamaño. En 2019, cosechó el 64,4% de los votos, solo por detrás del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En enero de 2021, en plena pandemia, en una primera reunión telemática con técnicos de REE, el equipo municipal de La Línea, encabezado por su alcalde, expresó su desacuerdo absoluto con el proyecto. Este incluía un tendido eléctrico aéreo con 10 apoyos que cruzarían la localidad; un tramo soterrado y aterraje en la Playa de la Torre Nueva de La Línea con perforación dirigida para evitar la afectación a un arenal; y la subestación de la discordia, proyectada en superficie y que ocuparía 2,4 hectáreas.

El equivalente a “cuatro campos de fútbol”, recordó Corredor, en medio de la única zona de expansión natural de la Línea (64.499 habitantes). El ayuntamiento solo tenía ese terreno disponible para desarrollos terciarios [suelo para oficinas, comercios, centros sanitarios privados, hoteles, centros educativos privados…], en una localidad “con unos problemas muy serios”, como el narcotráfico. En 2024 fue la ciudad con la tasa de desempleo más alta de España (28,6%, según el INE) y tiene la menor renta per cápita del Campo de Gibraltar.

“Nos hizo reflexionar si realmente podíamos hacer las cosas mejor”, explicó la presidenta de Redeia.

“Si el equipo de gobierno entero se tiene que venir a acampar para impedir que se instale esa aberración en nuestro término municipal, estamos dispuestos a hacerlo”, llegó a decir el alcalde en una nota en la que el Consistorio proclamaba su “resistencia numantina” a la construcción “de una subestación en 40.000 metros cuadrados del enclave natural de Los Portichuelos para dar servicio a Ceuta”.

En febrero de 2021, tras publicar el alcalde un vídeo desde Portichuelos en el que expresa su rechazo frontal, la exministra se ofrece por carta a visitar la ciudad “para conocer de cerca las preocupaciones y necesidades de sus ciudadanos”. En marzo de 2021, tras una primera reunión en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Línea, con manifestantes en la puerta [“No queremos explicación”, decían, según Corredor] y carteles en la ciudad contra la infraestructura, acuerdan abrir una mesa de negociación.

“Había tiempo, las obras no empezarían hasta 2024”, subrayan fuentes de Redeia, que recalcan que este proceso no retrasó el calendario previsto.

Se realizaron nuevos estudios para explorar el aprovechamiento de una infraestructura existente en San Roque, la subestación Algeciras. Tras un análisis para minimizar las dimensiones del proyecto, soterrar líneas y desmantelar otras y los correspondientes informes ambientales, se concluyó que el nuevo proyecto era viable. Ayudó la inclusión del cable en la Planificación 2021-2026, entonces en la recta final de su tramitación, que por primera vez fijó entre sus principales motivaciones maximizar el uso de la red existente. El proyecto ya se incluyó en junio de 2014 en una modificación “puntual” de la planificación 2008-2016, y en la 2015-2020.

Para vencer las resistencias del alcalde, se planteó un trazado soterrado y submarino que rodea los principales núcleos de población y aprovecha al máximo las infraestructuras existentes. Se amplió la funcionalidad (no las dimensiones) de la subestación existente Algeciras 220 kV, en el polo químico de San Roque e integrada en un espacio con instalaciones e infraestructuras de usos similares. Se dispuso un nuevo parque de transformación y una subestación encapsulada de 534 metros cuadrados que redujo un 84% la necesidad de espacio. El tendido aéreo se sustituyó por cable soterrado en ambos municipios. Hace unos días, REE anunció que invertirá 500.000 euros en un nuevo centro de interpretación de la naturaleza en la localidad.

El nuevo proyecto no modificó el trazado submarino ni el punto de salida al mar, que sigue ubicado en La Línea, con 68,9 km de longitud, un importante rodeo (en línea recta son 15 kilómetros) para respetar zonas de riqueza ecológica y pesquera relevante.

Isla energética

En su presentación en abril de 2022, Ángel Mahou, director general de Transporte de REE, lo definió como “un proyecto complicado en el que llevamos trabajando muchísimos años”, “muy importante para nuestro país” y “especialmente para Ceuta”, isla energética cuya calidad de suministro se va “a multiplicar por cuatro” al pasar de un modelo de generación 100% fósil (con diésel) a utilizar el 90% de la energía sin emisiones, con uno ahorro estimado para el sistema eléctrico de unos 30 millones al año, gracias a la mayor integración de renovables, y 300.000 toneladas anuales de CO2 evitadas. Mahou confió en “celebrar la puesta en servicio durante el año 2025”.

El proyecto salió a información pública en 2022. Las obras a ambos lados del estrecho se iniciaron en junio de 2024, tras el permiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El pasado agosto comenzó el tendido de los cables submarinos. En diciembre se terminaron las obras de todas las instalaciones que conforman el enlace. La distribuidora está realizando pruebas previas a la puesta en servicio, para la que Redeia no precisa la fecha. Se habilitará un régimen transitorio para tratar la generación en la Ciudad Autónoma como en Islas Baleares, manteniendo la central eléctrica disponible en régimen de backup al sistema, para casos de emergencia o de mantenimiento de las infraestructuras del enlace.

En estos años, se ha disparado el coste de la conexión. En 2021, antes de la crisis de inflación que propició la invasión de Ucrania, la mejor estimación de costes que le reconocía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) era de 195 millones, frente a 332 millones en febrero de este año. Según Redeia, “en torno al 86% del incremento del coste del proyecto” obedece al impacto por subida de precios “y situación del mercado”.

Tras la experiencia de la conexión ceutí, Redeia ha publicado esa metodología de participación pública, diseñada junto a la Fundación Renovables y Renewables Grid Initiative (RGI), organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín que reúne a operadores de redes eléctricas (TSO) y organizaciones ecologistas de toda Europa.

El documento se inspira en experiencias previas de países como Alemania, Canadá, Irlanda, Italia o Bélgica. Sus autores lo definen como una “caja de herramientas” para “mejorar” estos procesos y que las redes eléctricas “no se construyan en el territorio, sino con él”, mediante la “participación temprana” de las comunidades afectadas. Entre las enseñanzas, según Corredor: apostar por “gestores vecinales” para “dar la cara” en el territorio y “ponerse a disposición” de la ciudadanía “con nombre y apellidos”. “Tiene que ser gente de allí”.

Varios cambios normativos recientes apuntan a esa mayor sensibilidad con las comunidades locales y evitar el conocido como movimiento NIMBY (del inglés “Not In My Back Yard”, o “No en mi patio trasero”) en el despliegue de estas infraestructuras. Un Real Decreto-Ley del 29 de junio encarga al Organismo Nacional de Normalización reconocido en España, la UNE, que desarrolle criterios sociales, territoriales y ambientales para acreditar la excelencia de los proyectos con un sello que les otorgará una tramitación administrativa preferente.

Como apuntó el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al presentar esta metodología, la cuestión no es si el entorno “va a cambiar” sino “quién decide, con qué cuidado, con qué atención y con qué propósito”, porque “el cambio más violento y más agresivo del paisaje va a ocurrir y es la crisis climática, por desgracia”.