Rectificación de Benigno Valdés Díaz

En su edición del lunes 16 de abril de 2018, eldiario.es publicó un artículo titulado “Un consejero del PP [sic] en el regulador de la Competencia [sic] se presentó como catedrático de la Universidad de Comillas-ICAI [sic] sin serlo”. El artículo contiene varias noticias que no son verídicas y me afectan personalmente.

(1) Que me he (y he sido) presentado durante años como catedrático de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE sin serlo. Lo cierto es que lo soy desde el 29 de junio de 1999, razón por la que me presento y soy presentado como catedrático de Teoría y Política Macroeconómica de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE. Esa es información pública que la Universidad certifica a cualquier ciudadano que lo solicite, por tanto también se la habría proporcionado al redactor del artículo si, antes de haberlo publicado,  la hubiera solicitado.

(2) Que soy un “Consejero del PP”. Consejero sí soy (de la CNMC), pero no del PP. No tengo absolutamente nada en contra del PP (al contrario, agradezco que me propusiera para el cargo sin ser militante suyo, un gesto que el público podrá  valorar como crea adecuado). Pero en política agoté mi ración de militancia a una edad muy temprana, y poco esfuerzo le hubiera costado al redactor conocer mi árbol genealógico, a nada que lo hubiera intentado.

(3) El redactor también afirma que me parezco a [alguien que no conozco], “un plagiador compulsivo”. Así, sin ofrecer —enfáticamente: no podría hacerlo— soporte fáctico alguno para tan grave aserción. Sobre esa base, razonablemente cabe dudar que el redactor entienda lo que es un plagiador y conozca el peso y la gravedad  de ese término  para la comunidad científica.  Por fortuna, en el ámbito de la economía académica todos nos conocemos. Pero eso no ocurre fuera de él, y ahí reside la gravedad de escribir cosas así sin medir lo que se dice.

(4)  También afirma el artículo que no se puede ser catedrático de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE porque ese nombre está “reservado para la universidad pública” y “Comillas es privada”. Esa aserción es causa de perplejidad en la comunidad universitaria; la universidad pública no posee el derecho exclusivo de uso sobre esa entrada del diccionario de la RAE.

En Comillas-ICAI-ICADE  nadie encuentra  al supuesto “portavoz oficial” al que hace referencia el artículo. Pocas personas pueden actuar como tal y ninguna de ellas ignora, como es el caso del supuesto “portavoz”, los Estatutos Generales, aprobados por Decreto de la Santa Sede, Art. 58, 1 y 2; el Reglamento General, Art. 60, 1-a; y el carácter concordatario de la Universidad.

Con ánimo de ampliar la información del lector sobre este asunto, conviene señalar la extensión de uso del término a las siguientes instituciones: Universidad Pontificia de Salamanca (Art. 46 de sus Estatutos Generales); Universidad de Deusto (Art. 74); Universidad de Navarra (Art. 22, 1 y 2); Universidad San Pablo-CEU (Art. 62, 1 y 2) y Universidad Ramón Llull (Art. 40 y ss.)

Toda esta información es pública, de modo que al redactor le hubiera sido fácil contrastar,  antes de publicar el artículo, la [des]información provista por su misterioso “portavoz”.

(5) A lo largo del propio día 16 de abril, y tras haber contactado con el redactor (yo contacté con él, no él conmigo, como hubiera sido de esperar de un redactor antes de publicar el artículo), el título (y en parte su contenido) fue cambiado: pasó de “Un consejero del PP [sic] en el regulador de la Competencia [sic] se presentó como catedrático de la Universidad de Comillas-ICAI [sic] sin serlo” a “La Comisión de Competencia [sic] niega a uno de sus consejeros el título de catedrático y le rebaja a profesor”.

El nuevo titular tampoco es verídico. El máximo órgano de gobierno de la CNMC es su Consejo, y de ninguna manera el Consejo de la CNMC ha rectificado mi currículo en la página WEB de la Comisión. El  Consejo no se dedica a esas fruslerías.  El texto que aparece en mi CV lo escribí yo mismo hace cuatro años. Puse “Profesor” en vez de “catedrático” porque en aquél momento me pareció adecuado. El redactor no habría tenido que hacer un gran esfuerzo  para comprobar, antes de publicar el artículo, quién escribió mi CV, si yo (como es natural) o “el organismo [sic]”.

(6) En el artículo hay otros elementos cuya función no alcanzo a ver con claridad. Se trata de varias aseveraciones que podrían tener  interés informativo si las noticias reseñadas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 anteriores fueran verídicas; pero no siéndolo, resultan opiniones del redactor huérfanas de soporte fáctico y que pueden, precisamente por eso, inducir en la opinión pública una idea equivocada acerca del personaje (es decir, sobre mi).  Para paliar en la medida de lo posible ese efecto, el Tribunal Supremo (STS 376/2017, de 14 de junio), acudiendo a  la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 99/2011, de 20 de junio), establece que la rectificación debe operar como “complemento de la información que se ofrece a la opinión pública”, para “reparar lo que por omisión de los hechos relatados pueda constituir intromisión en el derecho al honor”. Con ese fin, voy a señalar lo siguiente:

(a) De mi desempeño como miembro del Consejo de la CNMC el redactor afirma que “[…] Durante su mandato en la CNMC, Valdés se ha significado por sus votos particulares contra muchas de las decisiones del organismo”.  Es libre de opinar de ese modo: una atribución, significarse,  enteramente subjetiva; ahora bien, sin lugar a dudas la opinión pública habría dispuesto de una información más completa añadiendo lo siguiente: “[… votos particulares] que en los casos importantes han encontrado confirmación en sucesivas sentencias  de la Audiencia Nacional y/o el Tribunal Supremo”. Tampoco le hubiera costado un gran esfuerzo al redactor obtener esa información.

(b)  De mi tarea como Director de IMDEA Ciencias Sociales el redactor afirma lo siguiente: “[…] un instituto de investigación con pretensiones de protagonismo mundial y a la postre escasos resultados”. Como opinión, es suya, aunque una vez más  sin ofrecer soporte fáctico alguno para respaldarla; de ahí que, como información, habría podido ofrecer a la opinión pública una apreciación más docta, asentada en hechos,  de haber investigado el asunto. Hubiera bastado con la lectura del libro de Clara Eugenia Núñez Universidad y Ciencia en España (Editorial Gadir, 2013). En él constan los logros, cuantificados y cualificados, de IMDEA Ciencias Sociales (mientras duró).

(c) El artículo “informa” de que llevo “más de una década en puestos públicos bien remunerados […] Este año va a recibir […] una retribución de […]”. De nuevo, este párrafo podría tener interés informativo si las noticias reseñadas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 anteriores hubieran sido verídicas; pero no siéndolo, constituye un párrafo superfluo.  Procede que el lector lo enjuicie en razón de mi currículo académico y profesional.