Renfe va a recurrir la sanción de aproximadamente 65 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) por restringir la competencia en el transporte de mercancías, que considera “desproporcionada, injusta e inútil”, ha anunciado hoy la operadora.
En un comunicado, Renfe sostiene que esta sanción es “desproporcionada” para una empresa, como Renfe Mercancías, que factura 215 millones de euros, además de “injusta e inútil”, ya que las prácticas denunciadas ya han sido corregidas voluntariamente.
Las supuestas prácticas objeto de la sanción se remontan al año 2008 y dieron origen a la apertura de un expediente en marzo de 2014, ha añadido.
El nuevo equipo de Renfe ha diseñado una estrategia de gestión en la sociedad Renfe Mercancías a implantar en el período 2017-2019, para seguir operando en un mercado liberalizado, agrega el comunicado.
La CNMC ha anunciado hoy una sanción de alrededor de 65 millones de euros al grupo Renfe y de 10,5 millones al grupo alemán Deutsche Bahn (DB) por distorsionar la liberación del transporte de mercancías por ferrocarril.
Renfe y DB constituyen el primer y el segundo operador de transporte de mercancías por ferrocarril en España por volumen de facturación, respectivamente, y presentan conjuntamente porcentajes superiores al 80 % del transporte de mercancías por ferrocarril en España.
En el caso de los segmentos del automóvil y el siderúrgico las cuotas se elevan hasta el 100 %.
La CNMC ha decidido imponer una sanción total de 75,6 millones tras detectar dos prácticas prohibidas que han afectado al comercio entre diversos países de la Unión Europea y limitado la presión competitiva que podían ejercer operadores internacionales en el mercado español de transporte de mercancías por ferrocarril.
Una de las conductas prohibidas consistió en acuerdos y prácticas concertadas, restrictivos de las competencia por su efecto, por parte de dos empresas del Grupo Renfe (Renfe Operadora y Renfe Mercancías) y varias empresas del Grupo DB.
Además, ha detectado una infracción única y continuada consistente en una discriminación comercial abusiva, al menos, a las empresas ferroviarias miembros de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) por parte de Renfe Operadora y Renfe Mercancías, en su oferta de servicios de tracción ferroviaria para el transporte de mercancías por ferrocarril en España.