España está cerca de generar la mitad de su electricidad con renovables, el reto será hacerla llegar al usuario
Nuestro país no solo acata las exigencias del plan europeo que tiene como objetivo descarbonizar el sistema energético, sino que se posiciona como uno de los Estados miembro más aventajado. De esta forma, si la Directiva sobre fuentes de energía renovable establece en su última revisión que, al menos, el 42,5% de la electricidad debe provenir en el año 2030 de fuentes renovables —con la mirada puesta en alcanzar la neutralidad climática antes de 2050—, España ya podría alcanzar el 50% este mismo año, según las estimaciones del operador Red Eléctrica.
Sin embargo, una parte importante de esa electricidad verde se está echando a perder a causa de que las infraestructuras se encuentran al límite de su capacidad, tal y como han podido cuantificar las compañías especializadas en generación eólica y fotovoltaica. De esta forma, Aurora Energy Research explica en su último análisis, Constraints in Iberia: A Curtailment Threat or a Storage Opportunity? (Restricciones en Iberia: ¿una amenaza de reducción o una oportunidad de almacenamiento?), que “el sistema de transporte de electricidad de España no ha crecido a un ritmo comparable al rápido aumento de energías renovables”, lo que provoca que existan “áreas donde las redes de transmisión y distribución locales no tienen la capacidad de entregar la energía disponible a los consumidores”.
¿Cuál es la consecuencia de esta falta de equilibrio entre las capacidades de generación y distribución? El despilfarro energético. Según la misma entidad, “los vertidos de energía solar y eólica aumentaron más de diez veces en 2022 con respecto al 2021”. Además, el informe apunta en una dirección: “El mercado de Restricciones Técnicas, cuyas funciones incluyen la gestión del sistema de transmisión y distribución de electricidad, supuso un coste a los consumidores de electricidad españoles de 1.300 millones de euros en 2022 y representa una parte desproporcionadamente elevada de las emisiones del sector eléctrico”.
La cuestión es que gran parte de las infraestructuras eléctricas actuales fueron concebidas décadas atrás, en una época en la que el sistema eléctrico tenía características muy distintas y la penetración de las renovables era marginal. En aquel entonces, el sistema dependía de enormes centrales eléctricas centralizadas que suministraban cientos de megavatios, canalizándose por las redes de transmisión y distribución hasta llegar al usuario final. Pero ahora, la generación de energía se ha dispersado con la expansión de las tecnologías renovables. Las redes necesitarán transportar electricidad desde innumerables desarrollos a menor escala.
En la misma línea, la asociación europea de referencia en materia de energía eólica, WindEurope, coincidió en que “las conexiones a la red están frenando la expansión de las renovables”. En su último comunicado, la organización reivindicó “invertir más para acelerar el desarrollo de las redes de distribución, reforzar las existentes y aumentar su flexibilidad”. Los responsables de WindEuropa se mostraron tajantes en este sentido: “No hay transición sin más distribución. Sin esta financiación, el continente no podrá alcanzar sus objetivos climáticos y de seguridad energética”.
Por su parte, la Comisión Europea no es ajena a esta problemática y ha calculado que “entre 2020 y 2030 se necesitarán aproximadamente 584.000 millones de euros de inversión en la red eléctrica, en particular en la red de distribución”, y concreta que “una parte sustancial de estas inversiones deberá destinarse a la digitalización”. En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones se especifica que utilizar la red eléctrica europea “de la manera más inteligente posible también garantizará el mejor uso de nuestro territorio a la hora de aumentar las inversiones en energías renovables”.
Recientemente, Kadri Simson, comisaria europea de Energía, precisó en el periódico británico Financial Times que “nuestros 11 millones de kilómetros de redes deben crecer y cambiar para atender la creciente demanda. La distribución tendrá que integrar una gran proporción de energía renovable intermitente y adaptarse a un sistema eléctrico más descentralizado, con millones de paneles solares en los tejados y vehículos eléctricos, electrolizadores que produzcan hidrógeno verde y comunidades energéticas locales que compartan recursos. Para ello, necesitaremos flexibilidad, rapidez y digitalización”.
Respecto a los cuellos de botella, Simson aseguró que “actualmente, los proyectos renovables terminados pueden enfrentarse a largas esperas para conectarse. Conseguir permisos para reforzar la red puede llevar hasta diez años”. Y añadió que “cuando no hay certeza sobre los plazos o los costes de conexión, los proyectos de generación previstos simplemente se abandonan. Incluso las centrales de energías renovables existentes se ven a menudo penalizadas. Los paneles solares suelen ser la primera tecnología que se desconecta cuando la red se sobrecarga, porque son flexibles y fáciles de gestionar. Es un despilfarro costoso”, se lamentó.
Límites a las inversiones
El Gobierno español también ha tomado medidas, como demuestra el hecho de que el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) haya incluido un incremento en materia de inversiones destinadas a redes y electrificación. Concretamente, el montante asciende a 88.200 millones de euros —52.920 millones de euros a redes y 35.280 millones de euros a electrificación– (el 30% del total), frente a los 58.000 millones de euros recogidos en el plan anterior (el 24% del total).
Sin embargo, el sector eléctrico cree que los nuevos objetivos se quedan cortos. La patronal europea Eurelectric calcula que, como regla general, se deberían invertir 0,67 euros en la red por cada euro invertido en capacidad de generación, muy lejos de los 0,30 euros actuales y también de los 0,45 euros que ambiciona la nueva hoja de ruta energética española.
En cualquier caso, las cifras del nuevo PNIEC contrastan con los límites al crecimiento que existen en la regulación actual de las actividades de transporte y distribución. En 2013, todavía en plena crisis económica y con el objetivo de controlar costes, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó el volumen anual de inversión en ambas actividades a un crecimiento no superior al 0,065 % del PIB para el transporte, excluyendo las partidas destinadas a interconexiones; y un 0,13 % para la distribución, dejando fuera las inversiones en materia de digitalización. El Ejecutivo de Pedro Sánchez los ha mantenido, con la excepción de los años de la pandemia.
De hecho, las inversiones que prevé el nuevo plan energético pueden convertirse en papel mojado si no se cambia la legislación actual, como ya ha ocurrido con el PNIEC en vigor (2021-2030), que marca unas inversiones anuales en distribución de 3.000 millones de euros, cuando la regulación las ha limiado a 2.000 millones, según los cálculos de Foro Mercado Libre.
La importancia del “apoyo social”
El último gran foro internacional que ha abordado la cuestión tuvo por título Future of Our Grids: Accelerating the Energy Transition (El futuro de nuestras redes: acelerar la transición energética de Europa), se celebró a principios de septiembre y tuvo como organizadores a la propia Comisión Europea y a la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Electricidad (ENTSO-E, por sus siglas en inglés). En el encuentro participó Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del ejecutivo español, quien representó a la presidencia de España de la UE. En su discurso, Ribera destacó la importancia de la inversión en redes y reclamó “más financiación” para “ganar en flexibilidad, seguridad y eficiencia, a la par que se promueve la industrialización”. Asimismo, la ministra solicitó “apoyo social” para “acometer una transición que requiere una ampliación de la infraestructura de red y de generación”.
