Un Juzgado de Plasencia pide identificar a la junta de gobierno municipal, por los chalés ilegales
- En agosto declaró el alcalde Fernando Pizarro como investigado, y en diciembre tres técnicos municipales
- De momento no se han acumulado las dos causas judiciales que se tramitan por los mismos hechos, una por las responsabilidades de la ex alcaldesa Elia Blanco, y otra por el alcalde actual
El Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Plasencia ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad que identifique a los miembros de la junta de gobierno municipal, por si los tiene que citar a declarar como testigos tras la denuncia que una vecina presentó a principios del año pasado contra el alcalde, Fernando Pizarro, por no derribar construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara.
En un auto la titular de ese tribunal accede así a la petición de la acusación particular contra Pizarro, además de que se han prorrogado las diligencias judiciales por seis meses más, hasta abril próximo.
En el documento se requiere al Ayuntamiento de Plasencia para que expida certificado por el secretario del Ayuntamiento sobre quiénes son las personas que componen la junta de gobierno. El motivo de esta identificación es que desde hace un par de años las competencias para finalizar los expedientes de infracción urbanística, es decir, imponer multas y ordenar derribos de construcciones ilegales, ya no las ostenta en exclusiva el alcalde como antes, sino de forma mancomunada toda la junta de gobierno local.
Anteriormente tanto la alcaldesa precedente, Elia Blanco (PSOE) como el actual Fernando Pizarro (PP) que entró en 2011, eran los únicos responsables de que no se actuara contra las edificaciones ilegales, según se ha demostrado recientemente en la denuncia que el Ayuntamiento puso contra la actual diputada regional de Ciudadanos y ex teniente de alcalde placentina Victoria Domínguez.
Para repartir responsabilidades solidariamente, en octubre de 2016 Fernando Pizarro dictó un decreto en el que las atribuciones para finalizar los expedientes urbanísticos las distribuía con su junta de gobierno.
Está compuesta en la actualidad por los concejales del PP José Antonio Hernández González, Sonia Grande Sánchez, David Casimiro Dóniga Estévez, Luis Díaz González, María Teresa Díaz Hernández, Luis Miguel Pérez Escanilla, Isidro Jesús Rodríguez Macías, y el alcalde actúa como presidente.
Declaraciones en el Juzgado
Esta causa judicial, iniciada por una vecina de la ciudad, es de presunta prevaricación administrativa por parte del alcalde por no haber derribado los chalés ilegales, asunto por el que declaró en calidad de investigado el pasado 1 de agosto, y defendió su inocencia explicando las actuaciones que había llevado a cabo en pro de la legalidad urbanística.
En otoño la acusación particular, que es la vecina denunciante, pidió ampliar el plazo de las diligencias, que de momento llega hasta abril próximo, y dentro de ellas el pasado 19 de diciembre se produjeron las declaraciones, en calidad de testigos, del técnico jurídico de urbanismo, el arquitecto municipal, y la aparejadora.
Aunque se trata de los mismos hechos -la existencia años después de edificaciones ilegales en la sierra- siguen sin acumularse las causas judiciales que se tramitan en los juzgados placentinos, la más antigua contra la ex alcaldesa Elia Blanco, y esta otra de hace un año contra la actual primera autoridad local.
Impuesto municipal perdido
Por otro lado varios vecinos de la sierra de Santa Bárbara han ganado el litigio administrativo contra el Ayuntamiento, que les reclamaba el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por un total de 55.000 euros, según ha hecho público un despacho madrileño de abogados.
El Ayuntamiento reconoció que el tributo estaba ya prescrito por haber pasado cuatro años, y el despacho ha aprovechado para aclarar que aunque se legalizaran esas y otras construcciones nunca pagarán ICIO si el impuesto ha sido anulado por prescripción.
Además los tribunales de Cáceres han anulado ya cuatro órdenes de demolición de las viviendas, dictadas en 2016 por la actual Corporación Municipal, y por el mismo motivo, prescripción a los cuatro años.
