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EXTREMADURA

Opinión

Los interinos en lucha

"Lo que persiguen es evitar un ERE enmascarado que lleve a unas 700.000 personas a la calle. Demandan que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, todas aquellas personas que llevan más de tres años trabajando en la administración se encuentran en fraude de ley y, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo en la que se reconoce que el personal público debe ser indemnizado cuando se les cesa, entienden que es contraproducente convocar las macro oposiciones con las que les amenazan"

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La Sectorial de Educación trata este jueves la orden para las oposiciones a Secundaria y catedráticos de Música

Los “interinos” ya se han cansado de ser el patito feo de la Administración. Bajo este sobrenombre se aglutinan laborales temporales, funcionarios interinos y estatutarios no fijos de las consejerías, diputaciones y ayuntamientos.

Para que nos entiendan los no versados en la materia nos estamos refiriendo a personas que ejercen de maestras, agentes forestales, enfermeras o terapeutas ocupacionales, o que desarrollan su trabajo en el campo de la ingeniería, la administración o el derecho, que trabajan como auxiliares de laboratorio, veterinarias, bibliotecónomas y un largo etcétera de colectivos que mueven la pesada maquinaria pública.

No cuentan con el apoyo de sus propias administraciones que siguen favoreciendo por interés propio la contratación de personal de las empresas públicas, que acceden a los puestos de la administración sin tener que realizar los procesos selectivos que se les exigen a quienes aspiran a ser empleadas y empleados públicos.

El colectivo se ha visto obligado a recurrir a procesos judiciales para demandar derechos básicos que les correspondían, recogidos ya en la legislación española, como son alcanzar su correspondiente nivel de carrera profesional y percibir la indemnización correspondiente cuando son cesados. Actualmente, las personas a cargo de las entidades públicas pueden estar trabajando veinte años para la administración y ser despedidas sin recibir ninguna compensación.

Tampoco disponen del favor de los sindicatos que, hasta el momento, son mayoritarios. Las olvidaron hace tiempo, si es que algún día las tuvieron presentes, relegadas a su condición de sufridoras, acostumbradas a aguantarlo todo, desprestigiadas por la peor connotación de la palabra “interino”, como si nada contaran, como si no votaran.

En las negociaciones que estos sindicatos mantuvieron con el Gobierno en marzo de 2017 perjudicaron gravemente los intereses de este personal. Con el fin de cumplir la legislación europea y bajar la tasa de temporalidad al 8% acordaron sacar a oferta pública la gran mayoría de las plazas ocupadas por los temporales.

Esto podría apreciarse como una buena noticia pero obliga a miles de trabajadores y trabajadoras a jugarse en un solo examen su futuro. Personas que llevan hasta 34 años trabajando como interinas tendrían que competir por una plaza fija con gente mucho más joven y con más tiempo disponible para estudiar.

Además, en los procesos no se contempla valorar de forma especial los años de experiencia con la que cuentan como trabajadoras de la administración. Y es que ser interino significa tener dos vidas: la de trabajador por la mañana y la de estudiante por la tarde y los fines de semana. Pendientes de no perder su plaza en el siguiente proceso selectivo, en esas vidas apenas hay tiempo para la pareja, los hijos, el deporte y el ocio.

Por supuesto tampoco cuentan con el beneplácito de la opinión pública, que desconoce las condiciones que soporta este colectivo. A ninguna empresa privada se le permitiría mantener a su plantilla durante cinco, diez, treinta con contratos temporales. Aparte de ser el único colectivo que no tenía reconocida la indemnización por cese, también es el único en cuyo estatuto básico no viene recogida la posibilidad de solicitar una excedencia y el único que no adquiere la condición de indefinido pasados tres años trabajando en el mismo puesto.

La casuística de este colectivo es muy diversa pero siempre coincide en tener que haber superado una prueba de acceso. A partir de aquí nos encontramos con infinidad de casos. En sanidad, por ejemplo, una enfermera puede llegar a firmar más de 30 contratos al año y un veterinario ser contratado para realizar dos noches al mes. Los contratos ni se firman, se van juntando para firmar varios de una vez.

Los Ingenieros e Ingenieras Técnicos Forestales tuvieron su última convocatoria en diciembre de 2006. Desde entonces no han tenido oportunidad de consolidad su plaza. Sus colegas agrícolas no están mucho mejor. En las dos últimas oposiciones convocaron para este gremio 9 y 6 plazas respectivamente, en procesos en los que participan unas 600 personas. Para más inri, en 2013 quedó una plaza sin cubrir porque sólo aprobaron 8 personas, parece ser que después de un año y medio estudiando, no había nadie lo suficientemente preparado para cubrir esa plaza.

Sin embargo, sigue aumentando el número de personas contratadas por empresas públicas, que acceden a la Administración sin tener que examinarse. En el sector de la educación, el personal interino ha estado siendo despedido cada verano para volver a ser contratado a mediados de septiembre, cuando los funcionarios y funcionarias fijas llevan casi dos semanas en el centro preparando el curso escolar.

En muchos casos no se les informa del destino hasta un día antes de comenzar a trabajar, sin tiempo para organizar su vida profesional ni personal, teniendo que encontrar una casa para vivir de forma precipitada.

Toda esta indignación ha despertado un movimiento que pretende llegar hasta el final. Desde hace un año han proliferado Asociaciones y Plataformas tanto a nivel nacional como autonómico que agrupan a las y los afectados para perseguir sus derechos. También se han creado sindicatos específicos de interinos ante el descontento de este gremio con los mayoritarios, que ignoran por completo su problemática; así que de cara a las inminentes elecciones sindicales, y viendo el volumen de personas que representan, puede que la fotografía de las mesas sindicales cambie sustancialmente para los próximos años.

Lo que persiguen es evitar un ERE enmascarado que lleve a unas 700.000 personas a la calle. Demandan que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, todas aquellas personas que llevan más de tres años trabajando en la administración se encuentran en fraude de ley y, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo en la que se reconoce que el personal público debe ser indemnizado cuando se les cesa, entienden que es contraproducente convocar las macro oposiciones con las que les amenazan.

Quieren que les permitan consolidar su puesto de trabajo mediante un concurso de méritos, actuación totalmente posible ya que viene recogida en los P á g i n a 3 | 3 artículos 61.1 y 61.2 del mencionado estatuto. En definitiva quieren mantener sus empleos ya que su capacidad ha sido probada con creces al superar los exámenes de ingreso y al desarrollar durante tantos años sus funciones dentro de la Administración para la que opositaron.

Fdo. Carlos Zugasti Martínez – PILTEx (Plataforma de Interinos y Laborales Temporales de Extremadura)

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