El Plan de Recuperación europeo es la última oportunidad para la UE

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve muchos de los problemas estructurales que la Unión Europea arrastra desde hace décadas. Las europeas y europeos han podido ver una falta de coordinación y de solidaridad sangrantes. Se han cerrado las fronteras internas de forma unilateral discriminando a personas de determinados estados donde los contagios estaban aumentando. Se ha prohibido exportar material médico a los países que más lo necesitaban y, cuando surgieron las primeras propuestas para poner en marcha un plan de recuperación, algunos Gobiernos de la UE parecían creer que los países más afectados merecían lo que les estaba ocurriendo. Algunos tuvieron que buscar ayuda fuera de la Unión Europea, porque las instituciones comunitarias eran incapaces de reaccionar ante una situación de emergencia sanitaria cuyas consecuencias sociales y económicas las sufriremos durante años. Frente a ello, ha habido una oleada de solidaridad en todos los países, que ha cristalizado en un frente de unidad para homenajear a los y las profesionales del sector sanitario, de reconocimiento de la importancia de los servicios públicos y en un movimiento de solidaridad activa en barrios y pueblos de todo el continente.

Hemos escuchado diferentes propuestas estas últimas semanas en las instituciones europeas en torno al plan de recuperación más adecuado. Algunas de ellas tienen elementos muy positivos, pero esta es una oportunidad para pasar de la retórica a los hechos. Sin embargo, frente a los países que defienden una gran inversión pública, se han alzado otros que parecen no haber aprendido nada de la crisis de 2008 y que quieren seguir condenado a nuestros pueblos a la pobreza que nace de las políticas de austeridad. La batalla que se librará en el Consejo los próximos días 18 y 19 de junio es fundamental, puesto que hay Estados que ya han puesto de manifiesto que su el acuerdo pasa por más recortes y más privatizaciones, un chantaje que el resto no pueden aceptar.

Lo ocurrido durante la pandemia demuestra que la inversión pública es insustituible y que nuestro continente debe tener la capacidad de producir los bienes que sean necesarios –en este caso sanitarios– para estar más protegidos en el futuro. La debilidad industrial de la Unión Europea es el resultado de décadas de abandono y de un enorme desequilibrio en el desarrollo del tejido productivo de los diferentes Estados miembros dentro de la propia Unión. Un tipo de política que ha llevado a un gran desarrollo industrial en algunos países y a la completa terciarización de la economía de los países de la periferia.

Por ello, cuando escuchamos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, habla de la necesidad de relocalizar la industria, debemos insistir en la necesidad de que esto se haga atendiendo a criterios de cohesión territorial y, especialmente, a criterios sociales. Las empresas que recortan salarios, vulneran los derechos laborales e incluso despiden a sus trabajadores a pesar de tener beneficios, no pueden recibir ni un sólo euro público.

La cifra que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para la reconstrucción, 750.000 millones de euros, es un tercio de lo que proponía el Parlamento Europeo. Pero si se utiliza de forma efectiva puede conseguir paliar muchas de las consecuencias de la pandemia que ya están pagando las personas trabajadoras. Un elemento clave será la llamada condicionalidad, es decir, las condiciones que los Estados deberán cumplir para poder disponer de estos recursos.

Por el momento, lo que propone Bruselas es que el acceso a los fondos esté condicionado a la adopción de las recomendaciones presupuestarias que hace la Comisión en el marco del Semestre Europeo, en lugar de incluir criterios sociolaborales o climáticos. Esto es clave porque puede implicar que se acaben imponiendo más reformas estructurales –es decir, recortes– a los Estados afectados, como en la anterior crisis económica.

Es cierto que las recomendaciones del Semestre Europeo esta primavera eran muy peculiares, porque al haberlas hecho en plena pandemia, incidían en la necesidad de invertir en los servicios públicos. Pero no olvidamos que en la última década, a través de este mismo mecanismo, la Comisión ha exigido recortes de toda clase en numerosos países, incluida la sanidad pública. Recordemos, además, que estas recomendaciones no pasan por el Parlamento Europeo ni ninguna otra institución democráticamente electa.

El Plan de Recuperación debe poner en el centro lo público y la inversión en sectores estratégicos que son imprescindibles para la vida, como las medicinas o el material sanitario, algo que no puede estar en manos del libre mercado, tal y como se ha demostrado durante la crisis. También necesitamos una inversión masiva en investigación y desarrollo, otro de los sectores en los que la UE es ultradependiente del exterior, y cuya importancia, para el desarrollo de vacunas, por ejemplo, ha quedado constatada en esta pandemia.

Tenemos sobre la mesa un proyecto ambicioso y bien dotado económicamente como es el Pacto Verde Europeo: reforcémoslo en torno a las demandas sociales para generar un sector productivo verde, sometido a control público y que genere trabajo de calidad en el conjunto de la Unión. La diversidad de los territorios de la UE debería convertirse en una fortaleza que permita el desarrollo de diferentes sectores punteros en diferentes lugares de la Unión –no sólo en unos pocos–. Esto ayudaría a combatir la desigualdad, la pobreza y las enormes bolsas de paro de algunos de los territorios comunitarios.

Pero nada de esto será posible sin que haya un cambio en las reglas del juego. El acuerdo de los Estados para suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento –las reglas que nos obligan a reducir a la mínima expresión la inversión pública– es un buen ejemplo. Si la Comisión es consciente de que sus límites al gasto público son perjudiciales para espolear nuestro sector productivo, ¿por qué no las suspende para siempre? Sólo sustituyendo este Pacto y los mecanismos de revisión presupuestaria que impiden estrategias ambiciosas de inversión pública, por un Pacto por el Desarrollo Sostenible y el Empleo será posible poner en marcha el Plan de Recuperación que necesitamos para salir de esta crisis y, sobre todo, para generar unas condiciones que nos permitan ser más sostenibles, soberanos y resilientes.

Es también urgente un cambio en las normas que rigen el Banco Central Europeo. Un cambio que lo convierta en un verdadero banco central que pueda financiar directamente a los Estados de la UE, en lugar de una entidad que, con su configuración actual, sólo contribuye al enriquecimiento de la banca privada. En definitiva, unas condiciones que impidan que la crisis la vuelvan a pagar las mayorías trabajadoras.