Indultos

El asunto, complejo en sí, de complicada resolución a corto plazo, tiene una previsión bastante más que probable: si no se conceden los indultos a los políticos independentistas, tan fanáticos como transgresores de la ley constitucional que nos permite a los españoles convivir sin darnos los habituales garrotazos goyescos con los que tanto nos hemos entretenido durante los siglos vencidos, en menos de cinco años habrá casi en setenta por ciento de catalanes partidarios de la independencia. Resulta evidente que esta afirmación es una consecuencia del chantaje que buena parte de la sociedad catalana está sometiendo al Estado, chantaje con el que cuentan los mencionados políticos independentistas. Pero si el Estado democrático no maneja de un modo cauto, sereno, casi inteligente, esta extorsión, tratando por todos los medios de minimizar el hipócrita y cansino victimismo que tanto rédito ha dado a las fuerzas independentistas, entonces, ¿qué haremos cuando los ciudadanos catalanes casi en mayoría decidan desligarse de España? ¿Enviar a los tercios de Flandes con Santiago Abascal al frente para bombardear Barcelona? ¿Mandar a Cayetana Álvarez de Toledo a Cataluña para que, con la habitual elegancia dialéctica que la caracteriza, blanda en sus patrióticas manos el espadón del Conde Duque de Olivares para someter así a los insurrectos? ¿Afiliarnos todos los españoles a un partido político creado por Rosa Díez para que a base de insultos, aprendidos de Carlos Herrera y de su esperpéntica cohorte de tertulianos, atemorizar así a los ciudadanos que en Cataluña reclamen la independencia de su territorio?

Nadie duda que la derecha nacional, crecida ahora merced al triunfo arrollador en Madrid de una lideresa que reúne en su persona todas las cualidades tradicionales del conservadurismo patrio —o sea es castiza, inculta, insustancial y no hace prisioneros—, tratará de aprovechar la cuestión de los indultos para recuperar el único poder que no controla: el poder ejecutivo. Hace ya años que merced a su íntima relación con los poderes fácticos del país, la derecha controla el poder económico, el poder judicial y el poder mediático, mediante una larga, larguísima nómina de periodistas a sueldo, pero, como bien demostró durante los meses más duros del confinamiento pandémico, nuestra derecha siempre tratará de aprovechar cualquier problema colectivo para derribar al gobierno legalmente constituido en un intento de recuperar así el poder ejecutivo; único poder que en la actualidad no controla.

Construir un Estado democrático sin tensiones territoriales no es su prioridad. Nunca lo ha sido. Su prioridad es detentar todos los poderes para así saquear al Estado —más ahora con la lluvia de millones que han de llegar de Europa—, como ya lo demostraron durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. La presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña lo ha dejado bien claro por escrito: “Los indultos, si llegan, no serán un éxito. De hecho serían una decisión inteligente del Gobierno español contra el independentismo. No solo porque quedan fuera los exiliados y los 3.000 represaliados, sino porque políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos”. La generosidad democrática casi siempre es la solución. Muy costosa en este caso para el Partido Socialista. Cierto. Pero mejor que no hacer nada como Mariano Rajoy, y, por supuesto, bastante más patriótico que recolectar firmas entre los españoles para boicotear los productos catalanes y oponerse al Estatut Catalán, como en su momento hiciera Jose Mará Aznar.