Inquisición

Vaya por delante mi agradecimiento al responsable de este diario por sugerirme y después publicar este artículo de opinión. Y es que lo cortés no quita lo valiente. Porque todo empezó por mi enfado ante la noticia ayer publicada y titulada “El Gobierno vasco sitúa al condenado por corrupción Alfonso Arriola al frente de la gestión de ayudas forestales”.

La noticia, en términos generales es correcta. Y digo en términos generales porque no es que se la haya situado a Alfonso al frente de la gestión de ayudas forestales, cuestión de enorme relevancia y que, en términos generales y basándome en la LTH, corresponde a las diputaciones forales.

Lo que ha ocurrido es que el Sr. D. Alfonso Arriola, que tras un proceso de promoción interna que, por cierto, resuelven los propios funcionarios, llegó a ocupar una plaza de responsabilidad similar a la de jefe de servicio, lo cual conlleva, entre otras responsabilidades, la de presidir las comisiones que determinan las ayudas de las convocatorias aprobadas por la Dirección en la que él ocupa un puesto funcionarial. Esa presidencia no conlleva más responsabilidad que ordenar el tráfico de información de los diferentes expedientes que se han presentado a la convocatoria así como los informes que al respecto de los mismos hayan hecho los técnicos de la dirección, que son quienes valoran la relevancia y la factibilidad de cada proyecto así como su adaptación a la convocatoria. Eso es todo.

A partir de ahí y por mucho que el Sr. Arriola haya sido condenado en su día por prevaricación o lo que fuera, no creo que sea noticiable los diferentes pasos que esa persona pueda dar en su tránsito por la Administración. Sí, fue acusado, juzgado, condenado y cumplió la pena, pena que no incluía nada acerca de su carrera en la Administración, que los jueces en ningún momento pusieron en cuestión.

Señalar que Arriola es presidente de una comisión de ayudas del Gobierno vasco no es noticia para nada, no interesa a nadie, ni siquiera a quienes presentaron solicitudes de ayuda. Y señalar que había sido condenado previamente solo sirve para seguir condenándolo, sacándolo a la esfera pública como si para él nunca acabara la condena, como si lo dictado por los jueces le pareciera poco a un periodista o a varios, que se erigen en Torquemadas para continuar recordando a su público que, a pesar de haber sido juzgado y condenado, sigue viviendo, evolucionando y creciendo profesionalmente. ¿O no tiene derecho?

En el ordenamiento jurídico español se entiende que las penas son para cumplirlas y, una vez hecho, el penado queda rehabilitado a todos los efectos para seguir viviendo con normalidad en la sociedad, cuestión que implica poder seguir creciendo profesionalmente. Parece que los periodistas que han publicado sobre el tema entienden que quien ha sido sentenciado por prevaricador lo va seguir siendo toda la vida y que a pesar de haber cumplido la pena ya no podrá ser considerado como una persona rehabilitada y normalizada en la sociedad.

Y lo mismo se podría decir de algunos políticos, o lo que sean, que en el Parlamento Vasco dedicaron lindezas a la noticia. Puestos a hablar de funcionarios, yo les sugeriría que profundizaran en temas como el de cuerpos funcionariales que amenazan con cogerse la baja masivamente y al día siguiente lo hacen con el consiguiente certificado de baja emitido por otros funcionarios.

Lo que han pretendido los “políticos” es castigar permanentemente a quien no es de los suyos, porque seguro que a los parlamentarios de EH Bildu y a quien publicó en portada de que “Lakua pone 13,7 millones de ayudas en manos de un prevaricador”, lo que es una mentira flagrante y no me voy a extender pues creo que ya he explicado de qué va el tema, seguro que no le gusta cuando otro medio publica que “UPN tratará de evitar que un etarra llegue al aula”, al hilo del fichaje en el instituto de Tudela de un tal “Jotas” que había sido condenado por pertenencia a ETA. Seguro que ese periodista se dirá a sí mismo que, si “Jotas” ha sido juzgado y condenado, tras salir de prisión tiene todo el derecho a rehacer su vida en condiciones de normalidad, pues la sentencia nunca habló de prohibirle dar clase.

Porque seguro que a los parlamentarios del PP y a quien ha publicado la noticia “Pradales 'respeta' que un condenado del 'caso De Miguel' gestione ayudas públicas” no les parece correcto que otro medio señal que “después de haber cuadruplicado la tasa de alcohol al volante, MAR es nombrado Director de Gabinete de Ayuso” porque le parecerá que una vez pasada las resaca, el tal MAR tiene todo el derecho a currar en lo que pueda y seguir evolucionando profesionalmente, por mucho que a mí me estomague, pero eso es otra cosa.

Y es que una vez pasadas las portadas de detenciones, juicios y condenas, deberíamos ser capaces de asumir con normalidad que esas personas se reincorporen a la vida social y profesional. Todo recuerdo permanente de lo que fueron, lo que les pasó, no deja de ser una inquisición para recordar a todos lo que los jueces dijeron que habían hecho como si nunca se les pudiera perdonar para pasar la página. Solo con dejarlos en paz es suficiente. Pero, no, la prensa necesita carnaza para crecer en sus lectores.

Cada día en el BOPV se publican resoluciones que indican diferentes comisiones para resolver convocatorias de ayudas y seguro que a casi nadie le interesa el tema. Llevar a portada de un periódico que alguien que fue condenado y ya la cumplió preside una de esas comisiones es solo aplicar la subjetividad orientada a dañar. No es periodismo, es panfletarismo. Y es continuar señalando con el dedo a quien ya está en paz con la sociedad. Es seguir acusándolo aunque ya haya cumplido su pena.

Por cierto, hay bastantes -yo diría que muchos- periodistas condenados por diferentes tropelías, entre las que domina la de mentir. Y todos ellos ahí siguen, escribiendo y/o dirigiendo sus periódicos. Y todavía no he leído ninguna noticia que diga que “fulano, periodista, dirige un medio de comunicación después de haber sido condenado por mentir en una noticia”.