La ironía de los 'jeltzales'
Cada 3 de marzo, Gasteiz revive uno de los episodios más dolorosos de su historia. Se recuerda a los trabajadores asesinados en 1976; se habla de memoria, de dignidad obrera y de justicia. Los representantes institucionales acuden al monolito, guardan silencio, colocan flores y se sitúan cuidadosamente para la fotografía. Es el momento protocolario, el instante en el que la política parece detenerse.
Entre quienes se acercaron al monolito estuvo la concejala Beatriz Artolazabal. Allí, como tantos otros responsables públicos, adoptó el gesto serio que exige el momento y se arrimó al monumento para la imagen institucional. Un gesto que pretende transmitir respeto y compromiso con la memoria de la clase trabajadora. Pero a nosotras y nosotros nos resulta inevitable ver en esa escena una amarga ironía.
Porque desde esa misma tribuna se habla de derechos laborales mientras, en la práctica diaria, se siguen gestionando servicios públicos a través de subcontratas donde las condiciones laborales distan mucho de esa dignidad que se reivindica en los discursos. La memoria simulan recordarla con respeto, pero la realidad de muchos trabajadores sigue marcada por la precariedad.
Uno de los ejemplos más claros en los últimos tiempos ha sido el conflicto de los jardines de Gasteiz. Durante meses denunciamos salarios bajos y condiciones laborales muy por debajo de las del personal municipal. Un conflicto que puso sobre la mesa el problema estructural de las subcontratas en los servicios públicos. Incluso fuimos perseguidos y acosados por la Policía por órdenes políticas, un episodio que trae a la memoria la represión del 3 de marzo, aunque claramente no comparable con las víctimas mortales de aquel día.
En ese contexto tuvo un papel relevante Jesús María Guinea. Como jefe del departamento de Espacio Público del Ayuntamiento de Gasteiz, fue responsable de la gestión del conflicto. Durante la huelga se produjo un episodio que terminó incluso en manos de la Inspección de Trabajo: la contratación de un tractor para aplastar la hierba antes de la festividad de Olarizu. La maniobra generó una fuerte polémica. La Inspección de Trabajo llegó a paralizar aquella actuación y posteriormente resolvió que se había producido una vulneración del derecho de huelga. Una bochornosa actuación institucional sin escrúpulos.
Muchos pensamos entonces que algo así tendría consecuencias claras. Sin embargo, la sensación que nos quedó a la clase trabajadora fue otra muy distinta. Una vez más, el episodio se cerraba sin responsabilidades políticas. Y mientras tanto, el 3 de marzo vuelve cada año.
La política se reúne junto al monolito, adopta el gesto adecuado y pronuncia palabras que la clase trabajadora quiere escuchar. Durante unos minutos parece que se quiere comprender lo que ocurrió en 1976. Pero cuando termina el acto, las decisiones cotidianas siguen apoyándose en un modelo que abarata servicios a costa de quienes los realizan. No se trata solo de la contrata de jardines.
También están quienes limpian el alcantarillado de la ciudad, Sacyr. Y están también las trabajadoras de las residencias, quienes cuidan de nuestros mayores. Un colectivo fundamental para cualquier sociedad, que durante años ha protagonizado huelgas y paros para denunciar salarios bajos, cargas de trabajo excesivas y una precariedad que no se corresponde con la enorme responsabilidad que asumen cada día.
A esto se suman otros muchos servicios externalizados: limpieza, mantenimiento urbano, Osakidetza, educación o trabajos auxiliares que sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Es el mismo patrón: servicios públicos necesarios, pero gestionados mediante contratos cada vez más ajustados económicamente. Y cuando las administraciones buscan abaratar costes, ese ajuste suele recaer siempre en el salario y las condiciones laborales de la clase trabajadora.
Por eso, cuando vemos a responsables políticos acercarse al monolito del 3 de Marzo para rendir homenaje mientras en la práctica se mantienen modelos de contratación que precarizan el trabajo, no podemos evitar sentir una contradicción profunda. Porque la memoria del 3 de marzo no debería usarse para simple fotografía. Debería reflejarse en las decisiones que afectan cada día a quienes sostienen los servicios públicos con su trabajo. Algunos lo llaman memoria, otros lo llaman justicia, y nosotrxs lo seguimos llamando opresión institucional, igual que aquel 3 de marzo.
*Suscriben el texto Gorka Pérez de Mendiola Delgado, Ana García Garrido, Leire Urquijo Formoso, Íñigo López de Arroiabe Markinez, Mikel Romero Lafuente, Schwa Aaron García Bercedo, Endika Ruiz de Loizaga Fernández, José Antonio Ruiz de Azua, Julio Montoya Corcuera, Aitziber Gutiérrez Calvo e Iker Basaras Elguezabal