Del trabajo decente a la huelga general

El 7 de octubre conmemoramos el día por el trabajo decente. Este año, dos ejemplos nos han servido de “disparadores” emocionales de un cronograma que nos lleva a la huelga general.

El primero da sentido al trabajo digno. Es Alfredo Izquierdo, militante de CCOO de Euskadi y uno de los impulsores de la huelga de Bandas, la huelga laboral más larga durante el franquismo. Su compromiso le costó su trabajo y su vivienda. Falleció este 7 de octubre.

Ese mismo día, cuando la tarde se volvía noche, conocimos el fallecimiento de Mari Carmen Abascal, desahuciada a los 87 años el pasado 23 de septiembre, y convertida, muy a su pesar, en símbolo de la lucha por una vivienda digna.

Aquel desahucio retransmitido se convirtió en la mecha de una explosión de indignación social sedimentada en la denuncia tanto de la falta de acceso a la vivienda de muchas personas como de la codicia de las personas físicas y jurídicas que priorizan el uso especulativo de un derecho, que no se percibe como tal.

Aquella indignación ha tenido dos respuestas, una política y otra sindical, que se han acabado entrelazando en un mismo marco temporal y estratégico.

La política, en una primera fase, acabó con el rechazo de la convalidación de dos decretos que trataban de poner freno, aunque fuera temporalmente, a los usos especulativos de la vivienda. Por cierto, el gran aporte del PNV al primero de los decretos fue bajar el impuesto propuesto a las viviendas turísticas del 21% previsto al 10%. La excusa es un mantra trampa de protección de los pequeños propietarios. La realidad es que más de seis de cada diez propiedades en alquiler son de multiarrendadores, es decir, gente o empresas que hacen negocio de un derecho con dos o más viviendas en alquiler.

Finalmente, el rechazo se articuló mediante una tríada de derechas (PP, Vox y Junts) que se ha activado más veces contra las clases trabajadoras. La penúltima, contra la reducción de la jornada laboral. La caída de estos decretos ha provocado la convocatoria electoral anticipada para el próximo 29 de noviembre.

CCOO, también desde Euskadi, lleva mucho tiempo advirtiendo de una paradoja que escondía un conflicto social latente. Los buenos datos macroeconómicos no terminaban de permear hacia la ciudadanía. Este conflicto social ha emergido en forma de una movilización masiva en torno al derecho a la vivienda que el sindicato ha decidido vehiculizar, acompañar y laboralizar mediante la huelga general convocada precisamente el 7 de octubre, y que, afortunadamente, se reflejará, también en nuestro entorno, en un único día de movilización. Lo contrario, a pesar de la opinión de parte del sindicalismo nacionalista, hubiera significado un aliciente más para las personas trabajadoras en Euskadi para alejarse del hecho sindical.

Si hay una realidad que acredita la paradoja en Euskadi es el disciplinamiento del consumo que sufren las trabajadoras que, ante el crecimiento sostenido del coste de la cesta de la compra básica (un incremento del 46% desde 2019) sumado al deterioro de los servicios públicos, tienen que destinar parte de su economía familiar a cubrir necesidades vinculadas con el cuidado, la educación o la salud.

Por cierto, del deterioro de los servicios públicos ya veníamos hablando hace mucho tiempo, antes y después del último y desgraciado accidente ferroviario. De servicios públicos hablamos cuando reivindicamos una fiscalidad justa y progresiva, cuando concatenamos huelgas en Osakidetza, cuando reclamamos un sistema educativo público y fuerte, integrador y no segregador, o cuando pedimos que los cuidados constituyan otro pilar más de un Estado de bienestar que tenemos que completar sí o sí, con el pilar de la vivienda. 

Con respecto a la vivienda, es difícil imaginar cómo no vincular la emergencia habitacional, que reconocen también las instituciones vascas, con el desacople de su precio respecto de la realidad económica de la ciudadanía vasca. Solo aquellos que, como el señor Garamendi, ganan 403.000 euros al año, pueden no entender que el acceso a la vivienda es un problema también laboral. No entienden que en Euskadi dedicamos diez años de nuestro salario a pagar una vivienda nueva (ocho cuando es usada) y que las personas jóvenes se emancipan cada vez más tarde. No entienden que la posibilidad de que las empresas atraigan talento hacia Euskadi es una quimera cuando el acceso a la vivienda entra en la ecuación. También es un problema para ellas. Sin embargo, las empresas han decidido ejercer el absentismo y esperar a que sean otras formaciones las que gobiernen.

Nos enfrentamos a una patronal que aprovecha las guerras para hacer negocio, y que además hace repercutir el incremento de costes sobre el precio final de los productos que compramos, para mantener y aumentar beneficios multimillonarios. 

En su mundo la vivienda no es un problema laboral, ni la guerra un problema ético, ni la política el gobierno de lo común, sino la forma útil de seguir manteniendo sus privilegios. 

El contexto electoral que alienta esa irresponsabilidad empresarial es el mismo que ha de servirnos para impulsar el cambio en la conversación pública, para que la centralidad del debate sea ocupada por las condiciones materiales de vida y de trabajo de la gente. 

La propia concepción de la huelga, como una herramienta de solidaridad entre personas anónimas por un bien común, hace parecer absurdo querer alejarla de su concepción política. Claro que es una huelga política. 

También lo es por su ubicación temporal. Nuestra organización se hace corresponsable de este contexto y, al contrario que la organización sindical mayoritaria en Euskadi, que pretendía alejar la convocatoria de huelga de la “música electoral”, nosotras queremos estar al lado de los bafles. 

Porque la huelga es también un altavoz en este contexto, por eso quieren silenciarla, por eso la “nueva derecha democrática española” quiere apagar nuestra voz. Tienen miedo de que la ciudadanía vote pensando en sus condiciones materiales de vida y en los derechos conquistados, desde el feminismo, desde el sindicalismo de clase o desde la sociedad civil. Tienen miedo de que votemos pensando en si tendremos, o no, un salario digno, una pensión suficiente, o en si tendremos que ir a trabajar enfermas. 

Sabemos que nos quieren así, pobres y enfermas. Como a Mari Carmen Abascal. Pero como ella, y como Alfredo Izquierdo, ejemplos de dignidad, vamos a pelear hasta el final.

A llenar las calles, a la huelga.