Un cuarto de siglo del asesinato de José María Lidón, el primer golpe de ETA contra la judicatura vasca
El 7 de noviembre de 2001, fecha de la que se cumple ahora un cuarto de siglo, ETA asesinó a tiros en Getxo a José María Lidón Corbi, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Años antes, había sido ponente de una sentencia que condenaba a seis personas por un ataque con cócteles molotov contra la casa del pueblo (sede socialista) de la localidad vizcaína de Portugalete en el que habían fallecido la militante María Teresa Torrano y también Félix Peña, miembro de UGT. ETA nunca se lo perdonó. El crimen, veinticinco años después, sigue sin resolverse, porque solo se condenó al cooperador que facilitó información a los terroristas.
“Cuando el magistrado José María Lidón Corbi se disponía a salir, acompañado por su mujer, María Luisa Galárraga, del garaje de su domicilio para dirigirse a su trabajo, dos terroristas se situaron frente al vehículo, junto a la puerta izquierda, y le descerrajaron cinco disparos a bocajarro. El juez fue alcanzado por tres impactos, uno de ellos en la nuca”, relata el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). “Además de su mujer, fue testigo del asesinato uno de sus hijos, Íñigo, que en ese momento aguardaba en su vehículo fuera del aparcamiento a unos diez metros del lugar de los hechos”, añade.
La banda reivindicó el asesinato unos días después. En el texto, advertía a los jueces de que no tenían “impunidad en Euskal Herria”. Sostenían los terroristas que la Justicia no era más que una “falsa apariencia” y “otro instrumento de agresión más que se utiliza para castigar a los ciudadanos vascos y absolver a aquellos que oprimen a Euskal Herria”. Era el séptimo atentado mortal de ETA contra la judicatura, el primero contra la vasca. Antes, había asesinado a José Francisco Mateu Cánovas (1978, del Supremo), Carmen Tagle González (1989, de la Audiencia Nacional), Francisco Tomás y Valiente (1996, del Constitucional), Rafael Martínez Emperador (1997, del Supremo), Luis Portero García (2000, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y José Francisco Querol Lombardero (2000, del Supremo).
En un primer momento, el asesinato se atribuyó a Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga. Ambos fallecieron menos de un año después cuando les explotó en Bilbao una bomba que transportaban en su vehículo. En 2019, se juzgó por los hechos al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, más conocido como 'Txeroki', y Asier Arzalluz, pero la Audiencia Nacional los absolvió aduciendo falta de pruebas. El único condenado, a veintiséis años de prisión, fue Orkatz Gallastegui, por facilitar a la banda información necesaria para acometer el asesinato.
Sentencias contra guardias civiles por torturas
Nacido en Girona en 1951, Lidón cursó estudios de Derecho en la Universidad de Deusto. Llegó a ser catedrático de Derecho Penal, especializado en menores, e impartió clases en el mismo centro. Magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, no solo fue ponente de la mayor sentencia hasta la fecha contra la 'kale borroka'. Pero también condenó a varios guardias civiles por torturas: en 1990, por torturas a Tomás Linaza, padre de un miembro de ETA; en 1999, por las infligidas a Juan Ramón Rojo, miembro liberado de la banda terrorista.
“El capricho de unos asesinos a sueldo me arrebató la mitad de mi ser”, aseveraba la viuda en 2007, seis años después del asesinato, según recogió entonces 'El Correo'. Este viernes, en la víspera del vigesimoquinto aniversario, se ha honrado su memoria con una ofrenda floral y la entrega de un libro. Se ha celebrado en el Palacio de Justicia, en la capital vizcaína, y ha contado con la participación de Jordi Lidón, hijo del asesinado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, y el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, entre otros.
La consejera ha señalado que el asesinato fue “un ataque directo contra la convivencia y las instituciones democráticas”. Ha apuntado, además, que el Gobierno vasco seguirá trabajando en políticas de memoria y reconocimiento. “No se trata de reabrir heridas, sino de impedir que el paso del tiempo diluya el significado de lo sucedido. Recordar es también proteger nuestra democracia y fortalecer la convivencia”, ha argumentado.
Subijana, por su parte, ha reivindicado la importancia de “la memoria pública”, según recoge Europa Press. “Seguimos y seguiremos reivindicando su memoria, porque es la forma de expresar nuestro dolor personal e institucional [por la pérdida y también es] el modo de trasladar que no hay justicia que se asiente en el olvido”, ha afirmado. Ha pedido, además, una deslegitimación expresa de ETA y de los “valores totalitarios en los que se asentó”.