Una cuestión de inconstitucionalidad se cuela en la reforma legal de las exigencias de euskera en la Administración

En pleno debate en el Parlamento Vasco en torno a la reforma de la normativa de acceso al empleo público en Euskadi para blindar la exigencia de euskera, se ha colado la posibilidad de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el marco anterior. Según ha informado 'El Correo', la activación de este mecanismo surge tras recursos de PP y Vox al decreto que desarrolla esa ley, aunque no la promueven ellos.

¿Qué es una cuestión de inconstitucionalidad? Se trata de una fórmula que permite a un magistrado preguntar al Tribunal Constitucional si una ley encaja o no en la carta magna antes de resolver un recurso sobre la aplicación de esa normativa. En la práctica, tiene los mismos efectos que un recurso de constitucionalidad, con el matiz de que en este caso no hay un límite temporal para presentarla.

Es la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a cuyo frente está el conocido magistrado Luis Ángel Garrido, que en la pandemia se significó por sus resoluciones contra las medidas del Gobierno vasco, la que plantea la posibilidad de elevar a la corte de garantías la cuestión de inconstitucionalidad. Lo hace antes de resolver los recursos interpuestos por el PP y Vox contra varios preceptos del decreto de 2024 de “normalización del uso del euskera en el sector público vasco” y la Fiscalía, de momento, se muestra favorable, según informa Europa Press.

El ministerio público, siempre según lo manifestado a Europa Press, considera que “existen dudas sobre la constitucionalidad del citado artículo de la ley de Empleo Público -del que penden los preceptos impugnados-, que establece que todos los puestos de trabajo en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos los temporales, deben tener asignado su correspondiente perfil lingüístico”. PP y Vox también secundan que se abra la vía de la cuestión de constitucionalidad. En su caso, lograrían no ya tumbar el decreto de desarrollo sino la propia norma habilitante.

Por el contrario, el Gobierno de Imanol Pradales, aunque el decreto es de la etapa de Iñigo Urkullu, se opone y defiende la constitucionalidad de la legislación en vigor. El Ejecutivo autonómico avisa de que “se cuestiona el marco jurídico para garantizar un servicio público bilingüe” desde el poder judicial. ¿Cuáles son los pasos a partir de ahora? Recogidas las posiciones de las partes, la sala emitirá un auto. Si se formaliza la cuestión de inconstitucionalidad, quedan paralizadas las deliberaciones sobre los recursos de origen.

Diferentes instancias judiciales, también el Superior vasco, han emitido sentencias contra la exigencia de euskera y anulado otros incisos en normativas de desarrollo que lo priorizaban al castellano. Estos fallos han generado críticas de PNV y EH Bildu, así como de entidades del mundo del euskera. Han llegado a celebrarse protestas delante de la sede del Superior. Y es lo que ha motivado que ambos partidos hayan elevado al Parlamento Vasco sendas propuestas para tratar de blindar estas exigencias lingüísticas.

La del PNV es de un único artículo y ha dinamitado los puentes con su socio, el PSE-EE. La iniciativa no fue consensuada en el seno de la coalición y los nacionalistas se apoyaron en la oposición, en EH Bildu, para poderla tramitar. A cambio, también se dio curso a la propuesta más ambiciosa de la formación abertzale, que mira el modelo gallego o catalán de tratamiento de las lenguas cooficiales. En los últimos días, algunas declaraciones han barruntado que PNV y PSE-EE han vuelto a retomar las negociaciones para zanjar sus diferencias en esta materia.