Euskadi está en “emergencia climática” desde el julio de 2019, cuando lehendakari Iñigo Urkullu, rodeado de todos los consejeros de su Gobierno, leyó una declaración institucional que, con toda solemnidad, proclamaba el firme compromiso de hacer de Euskadi “un territorio neutro en carbono tan pronto como una transición justa lo permita y, en cualquier caso, no más tarde del año 2050, así como de lograr un territorio y una sociedad más resiliente ante la emergencia climática”. Esa declaración, que para muchos llegaba ya tarde, supuso el pistoletazo de salida para una carrera contrarreloj para que Euskadi no se quede fuera de los plazos marcados por la Unión Europea de reducción de emisiones: un 55% menos que en 1990 para 2030, es decir, prácticamente a la vuelta de la esquina, y la neutralidad de emisiones en carbono en 2050.
La carrera por la transición energética, sobre la que todavía hay muchas dudas sobre cómo abordarla para cumpla esa condición de ser “justa”, ha supuesto muchos cambios en Euskadi desde que se proclamara la emergencia climática. De entrada, después de más de 19 años de parón en la construcción de parques eólicos en Euskadi se espera que estén operativos en 2025 los dos primeros desde 2006, la fecha en la que se puso en funcionamiento la instalación eólica en Punta Lucero, que se unió a los parques que estaban ya operativos en Badaia, Oiz y Elgea-Urkilla.
A partir de 2025 puede ser que el suelo vasco, bastante escaso por otra parte, tenga una avalancha de parques eólicos y fotovoltaicos que en este momento, o están en tramitación o con los trámites a punto de arrancar. De hecho, el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Renovables, que todavía no ha recibido la aprobación definitiva, identifica un total de 110 emplazamientos, 57 de ellos son instalaciones de energía eólica y 53 parques fotovoltaicos. No quiere decir que se cubran todos los huecos que identifica el PTS como posibles emplazamientos, pero el camino está abierto y el interés de las empresas energéticas por instalarse en Euskadi es evidente. A las propuestas iniciales de Aixeindar, la empresa surgida de la alianza entre el EVE e Iberdrola, que es la que pondrá en marcha los dos primeros de esta nueva era de instalaciones renovables, en Labraza y Azazeta, ambos en Álava, se han unido las propuestas de la multinacional noruega StatKraft, Capital Energy, Euskal Haizie, entre otras, atraídas por el hecho de que se abra la veda a la energía eólica en Euskadi después de años de parón en las concesiones. Pero se ha acabado el parón administrativo pero no se ha eliminado la contestación social.
El consenso es total -a excepción de Vox- sobre el cambio climático y la necesidad de abordar una transición energética hacia la energía verde para atajar el daño que hace en la atmósfera el uso de combustibles fósiles. Hasta los partidos que durante años han sido más beligerantes contra la energía eólica, como es el caso de EH Bildu, se han sumado ahora al coro que prácticamente al unísono en todo el arco político apuesta por una transición energética. Aunque hay matices en ese coro. De entrada, no todos los partidos la quieren abordar igual, ni en velocidad, ni en condiciones, y en la sociedad vasca empieza a calar un efecto 'nimby', las siglas de la frase en inglés 'Not In My Back Yard', que se puede traducir como 'no en mi patio trasero'.
Es decir, todo el mundo parece asumir la necesidad de generar cada vez más energía eólica o solar, por tratarse de una energía verde, pero nadie quiere un parque eólico al lado de su casa, en el monte que ve desde su ventana, o por donde acostumbra a pasear los domingos. Y mucho menos, que esos parques ocupen hectáreas con valor medioambiental o que la instalación de los molinos o las placas solares suponga eliminar suelo agrícola. De hecho, en las últimas movilizaciones de los agricultores, que sacaron los tractores a las calles, una de las exigencias que plantearon a las instituciones vascas era derogar la Ley de Cambio Climático, aprobada con amplia mayoría por el Parlamento Vasco justo antes de disolverse por la convocatoria de elecciones. Los agricultores consideran que no se protege suficientemente el suelo agrícola frente a la expansión de parques eólicos o fotovoltaicos. El Gobierno vasco acordó con ellos crear una mesa para analizar el impacto de las renovables en suelo agrícola. Lo que dé de sí esta mesa es uno de los deberes que quedan para el próximo gobierno que surja tras el 21A.
La apuesta de los partidos por la energía eólica ha chocado muchas veces con la oposición de los alcaldes de los municipios de esos mismos partidos, que han canalizado el escepticismo de sus vecinos frente a las propuestas de las empresas energéticas. Esto ha pasado, por ejemplo con consistorios de EH Bildu, que están intentado paralizar vía alegaciones algunos de los parque eólicos proyectados en los suelos de sus municipios pese a que el partido es partidario de promover “una amplia y rápida difusión de las energías renovables” y ha aprobado junto a PNV y PSE-EE la Ley de Cambio Climático, que apuesta por esta expansión de esta energía, aunque estableciendo un canon a pagar por las empresas. También ayuntamientos del PNV como por ejemplo Bilbao, han presentado alegaciones contra el PTS propuesto por el Gobierno vasco por las ubicaciones que señala para eólicos dentro del termino municipal de la capital vizcaína.
Es decir, los parques eólicos que inician la tramitación no tienen un camino fácil y lo normal es que se encuentren con un aluvión de alegaciones contra su instalación desde el propio ayuntamiento, grupos ecologistas o asociaciones vecinales. Eso es lo que ha pasado también con el Plan Territorial Sectorial de Renovables (PTS) que se ha quedado con la tramitación atascada al final de la legislatura tras recibir más de 4.000 alegaciones al mismo. De hecho, los parques eólicos o fotovoltáicos que están en tramitación actualmente puede que se aprueben sin contar con el marco del PTS.
El propio Iñigo Urkullu se ha mostrado en más de una ocasión resignado a que haya una contestación ante las instalaciones de renovables: “A nadie le gusta que le coloquen al lado de casa un parque eólico o una serie de placas fotovoltaicas”, ha señalado en alguna ocasión en el Parlamento Vasco, aunque instando a que “el interés común debe primar sobre las prioridades individuales”.
El difícil equilibrio entre promover la energía limpia y preservar el territorio ha encontrado un aliado en el autoconsumo y en la proliferación de cooperativas para el uso de placas solares de forma colectiva por grupos de vecinos que tras la inversión se benefician de un menor coste de la energía. Actualmente hay en Euskadi 17 cooperativas de estas características en marcha que abastecerán cuando estén operativas a 400 vecinos. Pero este sistema no es suficiente para las necesidades energéticas del futuro.
“Sabemos que el autoconsumo, poner fotovoltaicas en los tejados, no es suficiente para las necesidades que tenemos”, reconoce Marisa Castro, activista del área de Energía de Ekologistak Martxan, organización que está siendo muy beligerante con la presentación de alegaciones a los parques que se quieren construir en Euskadi. “Es insuficiente, pero creemos que ese debe ser el primer paso. Eso y luego pequeñas instalaciones cerca de las industrias para que se puedan abastecer de energía cercana”. En su opinión hay que apostar por instalaciones pequeñas cercanas y no “por grandes parques eólicos y lejos de donde se va a consumir la energía”.
Castro considera que se está “gestionando muy mal desde las administraciones porque se está dejando la decisión de todo lo que se hace en manos de las empresas energéticas y no se está hablando con la gente nada más que al final diciendo vale, aquí queremos poner un parque eólico. Eso es lo que está llevando a la contestación, porque las empresas hacen todo lo que les interesa”.
En su opinión lo primero que habría que hacer es “reducir el consumo de energía en Euskadi” . Reconoce que de eso se habla en la Ley de Cambio Climático, “pero muy poquito”, y además critica que la Ley que ha aprobado el Parlamento Vasco “tiene un montón de cosas muy buenas, pero no están definidas, no es una ley con unos objetivos seguros, con unos calendarios de cumplimiento y de dinero”.
Insiste en que “hay una gran cantidad de pequeñas y medianas instalaciones que se pueden hacer, a través de comunidades energéticas, en las empresas, hablando con los vecinos del pueblo, para buscar ubicaciones en suelos ya degradados, para no estropear o zonas naturales. Hay que buscar alternativas”, señala y propone, por ejemplo molinos más pequeños. “De 2 Mw en lugar de 6”. “Pero lo más importante es que se tiene que debatir antes de hacer los proyectos y eso es lo que vemos que hasta ahora no se ha hecho”. Queda ya de deberes para el próximo Gobierno.