La titular de la Fiscalía superior vasca, Carmen Adán, ha plasmado en la memoria de 2024 de la institución, hecha pública este viernes, su enésima queja para disponer en Euskadi de “mayores instrumentos” contra la corrupción política y para dotar de una “clara protección de las personas que informen” sobre este tipo de hechos. Adán insiste también en la memoria en que no hay “relación directa” con las instituciones para la detección de delitos medioambientales, otro caballo de batalla.
Las memorias autonómicas de la Fiscalía, correspondientes al año natural anterior, sólo son públicas desde la apertura del año judicial en España, que tuvo lugar el pasado viernes en Madrid. La apertura en Euskadi se celebrará el 26 de septiembre en Bilbao, como es habitual. La memoria correspondiente a Euskadi, firmada por Adán, tiene 105 folios y compendia los hitos más relevantes del ejercicio en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. No ofrece grandes novedades. De hecho, los problemas para combatir la corrupción y los delitos ambientales son dos quejas recurrentes desde que Adán accedió al cargo en 2017 y también las ha llevado a sus comparecencias anuales en el Parlamento Vasco.
En el apartado sobre los delitos “contra la administración pública”, donde se engloba la corrupción, la Fiscalía vasca asegura que hace un “especial seguimiento” de ello. En Euskadi no hay delegación de Anticorrupción, a pesar de numerosas peticiones en ese sentido a lo largo de los años, aunque sí un delegado de delitos económicos, que abarca áreas más amplias como el fraude en las prestaciones de Lanbide, por ejemplo. “Sigue siendo muy necesario dotar de mayores instrumentos a la investigación de los delitos y, por supuesto, una clara protección de las personas que informen sobre infracciones, aunque es obvia la dificultad para detectar comportamientos delictivos en el ámbito de la contratación pública por las mismas razones expuestas en memorias anteriores”, se limita a apuntar Adán.
Apenas se entra en detalles sobre casos concretos. Se menciona, eso sí, que la Fiscalía autonómica ha tenido que tramitar dos causas “sobre aforados” por “delitos de prevaricación” en los últimos meses. Uno de ellos es claramente el asunto sobre la consejera del PNV Amaia Barredo, que estaba siendo investigada por un juzgado de lo penal de Vitoria cuando entró al Gobierno, lo que hizo que el asunto escalara al Superior autonómico por su condición de aforada. Ese asunto quedó archivado sin que la sala de lo civil-penal del Superior hiciera investigación alguna, pero la sala de lo contencioso-administrativo ha emitido cuatro sentencias sobre el mismo asunto, la autorización del proyecto de Valogreene Paper en Bergara, anulando la resolución emitida por Barredo cuando era viceconsejera de Arantxa Tapia. Del otro caso de “prevaricación” no se dan pistas, pero el Estatuto acota que solamente los parlamentarios y los miembros del Ejecutivo están aforados.
En el capítulo de los delitos ambientales, la Fiscalía insiste en que ha reconducido su relación con la Ertzaintza. En este mismo documento, hace unos años, plasmó su preferencia por la Guardia Civil para ejercer de Policía judicial de apoyo en este tipo de causas y se generó un importante enfrentamiento institucional que soliviantó al Gobierno vasco. El PNV llegó a incluir en sus acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez un compromiso de que las Fuerzas de Seguridad del Estado solamente intervendrían en este tipo de delitos si afectaban a varias comunidades autonómicas. Ahora, en cambio, se apunta a una “buena comunicación” con la Policía vasca, aunque se eleva a “satisfactoria colaboración” la relación con el Seprona de la Guardia Civil, la unidad especializada.
Explica Adán que la sección de delitos verdes de la Ertzaintza “experimentó en 2023 una importante remodelación”, aunque sin mayores valoraciones. “Ostenta la competencia en la investigación de los delitos medioambientales de mayor complejidad, mientras que aquellos ilícitos de menor entidad son tratados en las comisarías y policías, en los que la formación específica en esta tipología delictiva es menor”, apunta. Hace un año, apenas tenía una docena de agentes.
El problema, más que policial, es institucional. “No se mantiene en las fiscalías provinciales relación directa con las administraciones vascas, lo que supone un inconveniente para obtener información sobre hechos que pudieran constituir delitos derivados de infracciones cuya competencia ostentan dichas administraciones, esto es, no se conocen hechos relativos a caza, pesca, biodiversidad, bienestar animal, ordenación del territorio, patrimonio histórico, y demás materias salvo aquellas que acaben en la Administración de justicia ante denuncias de particulares o confección de atestados”, indica la Fiscalía vasca. Ahora bien, se matiza que “los departamentos correspondientes de las Diputaciones forales sí han remitido información en algunos casos por razón de fauna silvestre envenenada, flora e incendios forestales”.
Sobre la evolución general de la criminalidad, la Fiscalía recalca que no tiene capacidad para ofrecer una estadística fiable por los problemas que le genera el sistema informático Avantius, de los que dan detallados ejemplos. “No se ajustan a la realidad”, se llega a poner por escrito. También hay una cifra muy relevante de “delitos sin especificar” que condiciona la lectura de las conclusiones. En números fríos, se informa de que se incoaron en 2024 48.124 asuntos penales, lo que implica una “inapreciable” bajada con respecto a 2023, cuando fueron 48.131. Los procedimientos abreviados han pasado de 8.181 a 8.883, las diligencias urgentes han subido de 8.850 a 10.868 y los delitos leves han crecido de 25.364 a 27.318. Los juicios celebrados en 2024 fueron 7.080, por 6.992 de 2023.
Apunta la Fiscalía, en todo caso, a la “necesidad de pronta respuesta por la Administración de Justicia para que la sociedad no tenga la sensación de que el delincuente resulta impune ante la reiteración delictiva”. En Álava, por ejemplo, se detecta una subida relevante de infracciones penales contra el patrimonio y se reseña que hay casos de “bandas organizadas dedicadas al robo con fuerza en casa habitada” que operan en varios lugares y que son investigados de forma separada. “Se eluden normas de conexión que debieran facilitar una tramitación unificada y no segmentada por cada delito cometido”, se indica. Y, en Gipuzkoa, se señala que apenas el 5% de los casos denunciados de robos acaban en sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Se alerta, en general, de la “impunidad” con la que se opera en redes sociales, donde se cometen estafas y casos de acoso, 'bullying' o extorsión.
Entre los casos más relevantes del año, la Fiscalía apunta a que dos menores (de ocho y de catorce años) fueron diagnosticadas con enfermedades de transmisión sexual y ello ha permitido destapar casos de agresiones. “Precisamente fueron estas enfermedades las que alertaron a sus padres y cuidadores de la existencia de relaciones sexuales. Consentidas en un caso, según alegó la víctima [aunque jurídicamente esto no es posible hasta los 16 años]. Claramente no consentidas en el otro caso, dada la edad de la perjudicada”, expone el ministerio público.
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