Cuatro funcionarios del servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, entre ellos el actual diputado vizcaíno de Acción Social, Sergio Murillo, se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación administrativa, un delito de maltrato y dos delitos de lesiones psíquicas por aplicar el falso síndrome de alienación parental para retirar, sin el permiso del juez, la custodia de su hija a una madre.
El juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao ha dictado el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que ordena a la institución foral a depositar una fianza de 600.000 euros como responsable civil subsidiaria de los posibles delitos de cuatro de sus funcionarios. Delitos para los que la acusación solicita en total cinco años, seis meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. En concreto, se les acusa de tres años, seis meses y un día de prisión por el delito continuado de lesiones psíquicas a un menor y dos años y un día de cárcel por el mismo delito hacia la madre, Irune Costumero.
Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando, según el auto, se citó a Irune a fin de que acudiera al Servicio de Infancia para una reunión de las que tenía habitualmente en dicho Servicio y se le indicó que acudiera con su hija, que, por aquel entonces, estaba bajo su custodia. Según el auto, Irune acude “engañada” porque al llegar al lugar, la hacen pasar a una sala donde estaban presentes tres miembros de la Ertzaintza, tres miembros de seguridad privada y dos trabajadores del Servicio de Infancia. Mientras esto ocurría, prosigue el auto, una de las acusadas “mediante la fuerza física y en actitud violenta” pretende llevarse a la niña a otra sala, mientras la menor, que por aquel entonces tenía 5 años, “gritaba que la soltaran”. De manera que, la acusada, le arrebata de las manos su hija a Irune “por la fuerza física y en volandas, estirando con fuerza del brazo de la niña”. El auto señala que los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el régimen de custodia compartida que había sido previamente dictado por un juez “sin que dicha resolución hubiera sufrido ninguna modificación” y, por lo tanto, “sin respetar el Fallo de una Sentencia judicial firme”.
Como argumento de los acusados para no respetar la sentencia del juez, utilizaron un informe realizado por una de las acusadas, en el cual se establecían como causas para dictar la Orden Foral que aplicaron, la existencia de una “alienación marental imputable a la madre” y la “negativa de la hija a relacionarse con su padre”, que según este informe, “no queda claro si es deseo de la menor o deseo de la madre”.
Tras ese suceso, Irune denunció a los cuatro funcionarios y, después de dos archivos de la causa, el juzgado de instrucción ha dictado el auto a instancias de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que apreció indicios de delito basándose en el escrito de la acusación, ejercida por el abogado de la madre. Por su parte, la Audiencia Provincial denunció el proceder de la Diputación e imputó a la jefa del Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner, a la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso, al por aquel entonces director general de Promoción de la autonomía personal, ahora diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a la trabajadora social que ejecutó la orden, Maika Urrutxurtu.
“Una ratonera entre la Administración y la Justicia”
“Es un alivio que el juicio esté más cerca, pero a la vez es triste que hayan tenido que pasar casi tres años. Mi hija está encerrada en una ratonera entre la Administración y la Justicia. La Justicia está pendiente de este juicio y la Administración se ha lavado un poco las manos, como está el juicio penal se han desentendido. Todas las pruebas que hay son brutales, hasta el instructor que ha querido sobreseer se ha unido a la causa y él mismo hace suya la acusación sin mover una coma”, ha señalado Irune Costumero a eldiario.es.
Irune lamenta que su hija haya vivido los últimos tres años sin dormir ni un solo día en la que hasta entonces había sido su casa ni tener vacaciones con su madre. Actualmente, se ven los martes y viernes, y hasta el mes de diciembre, las visitas estaban vigiladas por un educador social que las acompañaba, como condición que Irune debía aceptar para poder ver a su hija.
“El educador entraba a casa, abría los armarios, el frigorífico, venía a la playa...Eso para un niño es algo muy duro. Mi hija sabe que para estar con su madre tiene que estar esa persona, pero ve cómo el resto de niños no necesitan a nadie para estar con sus madres, es algo muy cruel. ¿Qué supone el síndrome de alienación parental? Una tortura de la amenaza continua”, ha lamentado esta madre.
“Todo saldrá a la luz”
Para Irune, una de las cosas más chocantes de este caso es el hecho de que, el diputado Sergio Murillo tras ser imputado y tener que ir declarar por este caso en 2018, “como premio” el diputado general Unai Rementería le asciende. “¿Qué interés tiene esta gente sabiendo que está imputado, de premiarle y ascenderle de director de Promoción a diputado de Acción Social? Aparte de ser muy triste es muy fuerte todo esto”, denuncia.
A pesar de la dureza de la situación, esta madre confía en que “todo saldrá a la luz” tras el juicio y que los responsables pagarán. Mientras tanto, con la intención de que este tipo de casos no sigan reproduciéndose y para evitar que sigan aplicando este síndrome, que ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud y por el Consejo General del Poder Judicial, Irune, junto con profesionales del ámbito escolar, sanitario, periodístico, trabajo social y asociaciones civiles ha constituido el primer equipo técnico multidisciplinar contra la aplicación del inexistente síndrome de alienación parental.
“Es el primer equipo constituido por profesionales y víctimas del síndrome. Es importante que las víctimas también aportemos nuestros puntos de vista porque al final somos las que día a día lo estamos viviendo junto con nuestros hijos e hijas. Hemos realizado una primera jornada en Igorre (Bizkaia) y realizaremos más acciones”, ha finalizado Irune Costumero.
Unanimidad política contra el uso del SAP
El pasado mes de febrero, todos los partidos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia (incluidos el PNV y el PSE, que gobiernan en la Diputación) alcanzaron un acuerdo unánime para adoptar medidas para que el servicio de Infancia dirigido por la Diputación vizcaína no utilice el síndrome de alienación parental (SAP). La propuesta, que surgió de EH Bildu, fue por todos los partidos de la cámara aunque el Partido Popular no firmó el acuerdo.
De esta manera, cada vez que el servicio de Infancia detecte un caso de desprotección por parte de alguno de los progenitores, la Diputación se comprometerá a analizar dicha situación y estudiar el efecto que ha tenido sobre ellas uno de los indicativos utilizados para justificar el SAP, el de la instrumentalización en conflictos entre progenitores. Esos resultados serán enviados al Gobierno vasco para que revise la herramienta y en especial ese indicador. Además, a partir de ahora, el personal del servicio de Infancia recibirá una formación específica en el ámbito de abuso sexual infantil y violencia machista y un proceso de reflexión sobre la respuesta que se da en Euskadi a los abusos sexuales a menores.