El Gobierno vasco cierra el borrador de la ley de “simplificación” administrativa, pero con un informe jurídico crítico
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, tiene ya listo el borrador de la ley de “agilización y simplificación administrativa”, uno de sus compromisos de la legislatura aunque, inicialmente, fue prometido para 2025 y acumula ya meses de retraso. El texto quedó ya listo y firmado el 30 de julio, el último día antes de la festividad de San Ignacio y el parón estival, para su aprobación posterior en el Consejo de Gobierno —finales de 2026 es el último plazo público dado por Ubarretxena— y su remisión al Parlamento, donde PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta para sacarla adelante.
El articulado, de 152 folios y al que ha tenido acceso este periódico, incide en la necesidad de avanzar hacia una Administración más cercana y accesible, pero subraya también el derecho de la ciudadanía a ser atendida en pie de igualdad en ambas lenguas oficiales, euskera y castellano, con varios artículos 'ad hoc'. La norma también pretende retocar una batería de leyes ya en vigor, en concreto la del sector público vasco, de 2022, la de elaboración de disposiciones, también de 2022, la de Gobierno, de 1981, la municipal, de 2016, la del Consejo Económico y Social, de 2012, o la de la Comisión Jurídica Asesora, de 2004.
El anteproyecto, en todo caso, llega con un informe jurídico crítico con el contenido presentado. Ese dictamen interno destaca, por un lado, que el “objeto” de la ley no parece que sea “claro” y, por otro, recomienda que se deberían “marcar unos hitos o proponer acciones más concretas”. Llega a afirmar que algunas de las cosas que se plantean son ya medidas contempladas en otras leyes y, “por lo tanto, no parece que sea necesario volver a repetirlas”.
Uno de los casos en que se discute esa cuestión es precisamente el artículo que establece el derecho a recibir atención en ambas lenguas oficiales, algo previsto en un decreto de 2023 en similares términos. El Gobierno responde que esta ley va mucho más allá de la Administración autonómica, el ámbito regulado por el decreto, y que ahora se extiende “a todo el sector público vasco”. El informe del área de Cultura y Política Lingüística, por el contrario, sí estima que se hacen aportaciones “valiosas” a la normalización del euskera por realizar una oferta “activa” de la atención en esa lengua, por insistir en la plena igualdad con el castellano y por arbitrar medidas para que el uso del idioma se haga con “calidad”.
Públicamente, la consejera Ubarretxena ha defendido que esta ley servirá para la “reducción de cargas innecesarias”, para fijar “el principio de que la ciudadanía sólo aporte un dato una vez” y que no se le reclamen documentos que ya obran en poder de la Administración y para “la fijación de plazos más cortos y previsibles, un modelo basado en la confianza mediante declaraciones responsables y la revisión continua del funcionamiento administrativo”. En todo caso, la ley prevé también obligaciones y no solamente derechos para los usuarios. Por ejemplo, se les requerirá “puntualidad” o que avisen si no acudirán a citas programadas.
El borrador, por ejemplo, regula ya el uso de la inteligencia artificial en la Administración. Así, en el artículo 14, relativo al “lenguaje no sexista”, se indica que “se fomentará la utilización de herramientas basadas en sistemas de inteligencia artificial que automaticen la auditoría del lenguaje no sexista”, por ejemplo. También se usarán estas aplicaciones para hacer textos con “lenguaje claro”, reza el artículo 15.
“Es necesario continuar abordando líneas de actuación encaminadas a profundizar en el compromiso de una Administración más cercana, sencilla, eficaz y eficiente, poniendo a la ciudadanía en el centro; orientando aspectos de proceso, procedimentales e instrumentales hacia la racionalización, agilización y simplificación administrativa y la reducción de cargas, esfuerzos y costes dedicados [a ellas]. El anteproyecto de ley constituye una nueva iniciativa para abordar la desburocratización de la Administración pública explorando nuevos mecanismos para operar de manera eficiente, ágil y adaptada a todo tipo de personas, un pilar fundamental para, en definitiva, mejorar la atención a la ciudadanía en todos los canales disponibles y facilitar el día a día de las personas que viven en Euskadi”, justifica el Ejecutivo.