Un tecnicismo estuvo a punto de tumbar los 300 euros para el alquiler juvenil en Euskadi, el programa Gaztelagun

Los 300 euros al mes que cobran alrededor de 9.500 jóvenes vascos como ayuda para el pago de sus alquileres, el programa conocido como Gaztelagun, han estado a punto de quedar anulados de un plumazo en los últimos meses por un tecnicismo de una ley de 2023. De hecho, la Oficina de Control Económico, un organismo fiscalizador dependiente del Departamento de Hacienda, llegó a plantear que las prestaciones “debían entenderse” como “derogadas” ya el 1 de enero de 2026. El entuerto jurídico ha obligado al área de Vivienda, dirigida por el socialista Denis Itxaso, a aprobar una orden para garantizar los pagos en 2026 y a preparar la tramitación “urgente” de una nueva regulación para hacer indefinidas estas ayudas, precisamente recién reformadas en primavera después de un año de espera para dar cobijo a más beneficiarios potenciales en un contexto de emergencia habitacional.

¿Cuál el origen del problema? A finales de 2023, dentro del paquete legislativo del final del mandato de Iñigo Urkullu, el Parlamento Vasco promulgó una ley de subvenciones que pedía, en el punto primero de una disposición final, que había que adaptar las “bases reguladoras” de todas las prestaciones que se considerasen “indefinidas” a la nueva reglamentación. Se daba el plazo de un año, aunque luego fue estirado otro más, es decir, hasta finales de 2025. Eso sí, el resultado final no cambiaba: de no hacerlo, se daba por derogada la ayuda en cuestión.

Sostiene el área de Vivienda que, “tras el análisis de la norma”, no se consideró “necesaria” la “adaptación”, aunque se admite que Gaztelagun se puso en marcha en 2018 como “proyecto piloto” y que luego ya se perpetuó. “Pero esta decisión no fue compartida por la Oficina de Control Económico, que consideró que al no realizarse dicha adaptación debía entenderse la norma como derogada a partir del 1 de enero de 2026”, se admite en el expediente de la nueva regulación por parte del propio Itxaso.

Por ello, “para no interrumpir la concesión de esta ayuda” en 2026, se tuvo que aprobar en junio una nueva orden, aunque limitada a los pagos de este año. “No obstante, la vocación de la ayuda continúa siendo estructural e indefinida y, por lo tanto, es necesario que se regule con urgencia en una disposición de carácter general”, añade el consejero en los borradores de esa redacción que hará definitivas las ayudas de Gaztelagun a partir de 2027 y cuya tramitación fue iniciada ya este pasado jueves, antes del festivo de San Ignacio y de las vacaciones de agosto.

Según Vivienda, “el objetivo continúa siendo el aumento de la tasa de emancipación de este colectivo de personas jóvenes mediante la consolidación de un programa cuya eficiencia y utilidad ha quedado claramente demostrada”. Se anuncia incluso una inversión presupuestaria de 33 millones de euros para las solicitudes que lleguen a lo largo del ejercicio 2027 (por 28 de 2026) teniendo como previsión una nueva congelación de la cuantía mensual de cara al año próximo. En 2022 subieron de 250 a 275 euros y en 2023 de 275 a 300 euros; y ahí se han quedado.

La regulación de Gaztelagun confirma los cambios ya anunciados en primavera, es decir, que en las zonas tensionadas se puede optar a pisos de hasta el 95% del precio medio real para cobrar la ayuda. En los últimos años, se habían quedado fuera solicitudes por entenderse que alquileres de 900 euros, por ejemplo, eran suntuosos y, por lo tanto, no sujetos a ayuda pública.

Se indica también que los beneficiarios serán personas de 18 a 35 años, aunque con excepciones. Se podrá optar a la prestación desde los 36 hasta los 40 en caso de “personas con cualquier tipo de discapacidad” por encima del 33%. Para poder cobrar Gaztelagun, hay que tener unos ingresos mínimos de 3.000 euros y máximos de 30.000, salvo las parejas (36.764) o las familias numerosas (39.184). Se controlará también que el patrimonio o los ahorros no superen los 75.000 euros.

Fuentes del área de Vivienda indican que “está asegurado” que el programa Gaztelagun “no va a caer”. “En el momento en que hemos tenido conocimiento de la problemática, nos hemos puesto a trabajar. Lo primero es dotar de seguridad jurídica a la propia prestación”, añaden estas fuentes del equipo de Itxaso.