El Gobierno vasco reconoce al comité de Tubos Reunidos que el nivel de deuda hace “muy improbable” un inversor privado
El Gobierno vasco ha reconocido al comité de empresa de Tubos Reunidos, con los que se ha reunido este viernes, que con el nivel de deuda que tiene la empresa “es muy improbable encontrar inversores privados dispuestos a apostar” por la compañía. Un inversor privado es la condición que pone la Administración vasca para poner dinero de forma directa en la empresa y garantizar su viabilidad, “siguiendo el modelo de colaboración público-privada que ha desarrollado en otros proyectos industriales viables en Euskadi”. A lo que sí está dispuesto el Ejecutivo es a aceptar la restructuración de la deuda que la empresa tiene con la Administración vasca, que asciende a 16 millones.
No obstante, el Ejecutivo ha puntualizado a las centrales que la aceptación de esa reestructuración de la deuda debe ser “siempre de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional”. En este sentido, han comunicado al comité que este pasado jueves se produjeron ya conversaciones entre el Departamento de Industria del Gobierno vasco y el ministerio de Industria para explorar la reestructuración de toda la deuda, incluida la de la SEPI, que es la más voluminosa, ya que rescató a la empresa hace cinco años con un crédito de 112 millones, al que se añaden ahora otros 30 en intereses. “Agradecemos la buena disposición del Gobierno español para encontrar una solución al problema de la deuda y hacer así viable a Tubos Reunidos”, han señalado desde el Gobierno vasco.
Los sindicatos se han reunido este viernes con los representantes institucionales con los 301 despidos del ERE que ha puesto sobre la mesa, que afectará sobre todo a la planta de Amurrio, que este viernes está celebrando una jornada de huelga general. Los trabajadores se han desplazado a Vitoria para concentrarse ante el Gobierno vasco mientras se ha desarrollado la reunión y también se han llevado a cabo concentraciones ante la planta de Amurrio.
En la reunión con el comité han estado presentes el viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno vasco, Andoitz Korta, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de Álava, Saray Zarate, la diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, y el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez. Las instituciones han trasladado a los sindicatos el proceso de consulta y negociación entre empresa y comité debe llevar a minimizar el impacto social de este ERE. Además, han expresado su disposición a apoyar un proyecto industrial sólido de futuro para Tubos Reunidos, cuyo plan de viabilidad depende de que la empresa pueda reestructurar su creciente deuda. Al igual que el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava ha trasladado a los sindicatos que estará dispuesta a reestructurar cualquier obligación de pago pendiente que la empresa mantenga con la institución, así como a acompañar en un proyecto industrial público-privado que garantice el futuro de la empresa.
Los sindicatos han salido del encuentro con sensación agridulce porque aseguran que aunque se ha hablado de la implicación de las instituciones a renegociar la deuda, no se ha hablado de la posibilidad de impedir los despidos, ni de las consecuencias que pueda tener el cierre de la acería de Amurrio.