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El Gobierno vasco ha tramitado desde 2020 52 solicitudes de excargos que han querido saltar al sector privado

El Gobierno vasco ha tenido que revisar 52 veces desde 2020 el salto a una actividad privada de excargos autonómicos antes de que hubieran pasado dos años desde su cese. Una ley de 2014 obliga a la Administración a comprobar la oferta laboral para descartar cualquier tipo de conflicto de intereses. Según la información facilitada al Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, solamente en un caso se ha denegado el permiso y, según las fuentes consultadas, por una cuestión menor.

El informe de datos facilitado por Ubarretxena a Lamia Arcas indica que 44 de las solicitudes han sido por el procedimiento ordinario y las otras 8 por la vía “abreviada”. Siete de los expedientes ordinarios quedaron no admitidos -por desistimiento del interesado (tres) o por falta de objeto (cuatro)- y otro más de los urgentes. Aunque son 52 expedientes, hay algunos casos en que el excargo ha tramitado varios.

La labor de esta oficina -a cuyo frente hay un alto funcionario- ha quedado muy expuesta en los últimos meses a causa de los exmiembros del Gobierno de Iñigo Urkullu que han emprendido nuevas actividades tras la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea en 2024. La lista la encabeza el propio lehendakari de 2012 a 2024, que ahora lidera un 'lobby' europeísta costeado por Iberdrola, Repsol (Petronor), BBVA y Kutxabank. Además, las exconsejeras Arantxa Tapia o Gotzone Sagardui también recibieron luz verde a sus nuevos puestos, como consultora de KPMG y en Vithas, respectivamente.

Sin embargo, el informe no detalla que en varios supuestos la autorización llegó por silencio administrativo, es decir, porque la resolución con el visto bueno no llegó en tiempo y forma, en los plazos marcados por la ley. De hecho, durante varios meses hubo un 'apagón' en el portal de transparencia que informa de estos permisos que ahora ya ha quedado resuelto. Se pueden consultar aquí las últimas compatibilidades concedidas.

EH Bildu preguntaba también por otra autorización que otorga la Administración, la de actividades paralelas a la pública y que pueden ser desde la docencia hasta la participación en conferencias o medios de comunicación. Se apunta a 254 solicitudes de altos cargos presentadas en un lustro, de las cuales 8 están “en tramitación” actualmente. 14 de ellas no han sido concedidas, 10 por desestimiento y 4 más “por falta de objeto”. Una misma persona puede pedir varias. Si se extiende el análisis a los empleados públicos, los expedientes son 364, con 43 denegaciones y 4 casos pendientes de resolución. Aquí entrarían, por ejemplo, los facultativos que quieren simultanear Osakidetza con una consulta privada.

elDiario.es/Euskadi

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