El PNV ha cargado directamente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el retraso en la materialización de la operación de compra de Talgo y le ha exigido que “deje de obstaculizar” el proceso. Es más, han señalado que “llevan tiempo observando cómo el Ejecutivo central pone dificultades para que la empresa ferroviaria mantenga su arraigo en Euskadi, donde tiene una de sus plantas más importantes en Rivabellosa, en Álava, de la que viven 700 familias”. La portavoz nacionalista en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que “si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso”. “Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder”, ha señalado.
Desde el PNV miran directamente al la Sepi, organismo dependiente del Gobierno central, como el que está poniendo palos en las ruedas de esta operación que se firmó como preacuerdo en febrero, y por la que el Gobierno vasco junto a Sidenor y las fundaciones BBK y Vital se hacían con el 29,7% de Talgo. Según señala el PNV, el Ejecutivo central, a través de la Sepi, “se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca y fortalecer a la empresa mediante un préstamo convertible de cerca de 150 millones para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras”. “Posteriormente, propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, de los 75 restantes. El Ejecutivo liderado por Imanol Pradales hizo los deberes para hacer frente a esta propuesta, reuniendo en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el interés del préstamo en favor de Talgo”, señalan los 'jeltzales'.
“Sin embargo -abundan- la Sepi ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más. Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos. Hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos y, sobre todo, muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido”, aseguran.
Recuerda el PNV que su grupo en el Congreso, en colaboración con las entidades vascas lideradas por el Gobierno autonómico, “ha estado trabajando para que Talgo, atendiendo a su capacidad industrial, pueda dar salida a una cartera de pedidos del entorno de 4.000 millones de euros y mantener el empleo en el territorio”. “Esta es una compañía estratégica para Euskadi, que dispone de una tecnología puntera en el sector ferroviario y tiene un gran futuro por delante”, por lo que exigen que al Gobierno central que “desencalle” la situación.
El PNV ha desvelado abiertamente las dificultades para cerrar una operación que eran un secreto a voces tras múltiples retrasos en su materialización. El propio lehendakari Imanol Pradales reconocía el pasado mes de junio, preguntado por los periodistas por la cuestión, que cerrar la operación estaba siendo “mucho más complicado” de lo esperado, y ya apuntaba la necesidad “fortalecer el balance y activar nuevas fuentes de financiación”. Aludía entonces al impacto de la multa de Renfe de 116 millones de euros en el balance de la compañía y aunque ya se sabía de la existencia de la multa en el momento del preacuerdo de compra, reconocía que creyeron que “la famosa multa de Renfe, se podía gestionar con otra celeridad” y, “sinceramente, está siendo mucho más complicado porque no se puede quitar”.