El Gobierno central ha aprobado 20 proyectos del Plan EDIL que beneficiarán a 318 municipios extremeños con una financiación de 142 millones de euros para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.
El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las entidades locales.
En el caso de Extremadura, las entidades solicitantes son los ayuntamientos de las grandes localidades y las dos Diputaciones provinciales. Por municipio de cabecera, las ciudades de Cáceres y Badajoz percibirán 12,5 millones de euros cada una, mientras que el importe es de 9,38 millones de euros en el caso de Mérida, Villanueva de la Serena, Almendralejo, Don Benito y Plasencia.
La ayuda asciende a 6,25 millones para otros proyectos que pivotan en torno a Moraleja, Navalmoral de la Mata, Jaraíz de la Vera y Arroyo de la Luz; mientras que la cuantía de las ayudas se sitúa entre 5,3 y 5 millones para Guareña, San Vicente de Alcántara, Castuera, Zafra y Montijo. Entre 4,8 y 4,6 millones se mueven los fondos destinados a proyectos con Olivenza, Calamonte, Villafranca de los Barros y Azuaga como municipios de cabecera.
1.774 millones en toda España
Esta convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes.
Estas subvenciones cuentan para esta convocatoria con una dotación un 30% superior respecto a las convocatorias denominadas EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020.
Asimismo, el número de proyectos seleccionados se ha incrementado un 40%, al pasar de 173 planes a los 242 de esta convocatoria; y se ha multiplicado por cuatro el número de municipios beneficiarios: de 243 de la convocatoria EDUSI anterior a 971 en esta convocatoria EDIL. Además, el 65%, es decir, dos de cada tres municipios beneficiados tienen menos de 5.000 habitantes.
La asignación de esta convocatoria se ha llevado a cabo con criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Al tratarse de ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas, mientras que es menor para las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.
De esta forma, para las regiones menos desarrolladas se ha destinado un total de 1.019 millones de euros; 581 millones para las regiones en transición; y 173 millones para las más desarrolladas.
Para optar a estas ayudas, las entidades locales han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo (sociales, económicos, ambientales o demográficos, entre otros) y abordarlos desde un modelo de ciudad integrado, contando con la participación e implicación de los actores locales.
A partir de esa estrategia, los municipios han presentado un Plan de Actuación Integrado (PAI) para concretar el ámbito de actuación a financiar por la ayuda. Dicho Plan recoge el programa de implementación con los proyectos a ejecutar, su enfoque integrado, detalle presupuestario y resultados previstos.
En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.
La convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos.
También la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas.
Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029.