La nueva empresa pública estatal de vivienda y suelo licitará en este primer trimestre más de 1.600 casas públicas con protección permanente, de las cuales 196 en Extremadura, ha avanzado a ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Rodríguez ha indicado que estas viviendas se ubican también en comunidades como Valencia, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, Andalucía o Castilla-La Mancha para crear nuevos barrios, y que muchas se levantarán en suelos cedidos por el Ministerio de Defensa, según ha declarado un desayuno informativo organizado por Europa Press este jueves pasado.
Fuentes del Ministerio han detallado el desglose de las 1.626 licitaciones, que alcanzan las 406 viviendas en Baleares; 336 en la Comunidad Valenciana; 196 en Extremadura; 182 en Melilla; 147 en Castilla y León, y 105 en Castilla-La Mancha.
Por debajo de 100 se sitúan Ceuta (90); Andalucía (50); Canarias (48); Galicia y Murcia (23 en cada caso) y Cataluña (20).
La empresa pública de vivienda y suelo tiene muchas promociones en marcha en ciudades como Madrid (10.600), Málaga (1.362), Sevilla (853) y Valencia (903).
Además en los próximos meses estará lista la creación del sistema público de garantías que protegerá a inquilinos y propietarios, medida que forma parte de la docena de iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Rodríguez ha subrayado que el Gobierno está ya trabajando en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que verá aumentado el programa de ayudas, que tendrá especial atención a los jóvenes y que acaba de salir a consulta pública previa.
=Por otro lado la próxima semana se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de lograr un gran acuerdo y avanzar en fórmulas para agilizar las licencias y conseguir los permisos lo antes posible.
Menos Airbnb y más vivienda
La ministra ha añadido que hay un gran consenso social para prohibir, limitar o regular los apartamentos turísticos, un negocio que afecta al acceso a una vivienda digna y asequible.
“Hace falta menos Airbnb y más vivienda”, ha reclamado, y en las zonas donde más afecta hay que prohibirlos “sin ninguna duda”.
Respecto a la 'okupación' y la 'inquiokupación', entiende que hay un afán partidista de polarización y de miedo para generar alarma social cuando, en su opinión, no es el foco del problema, que es de acceso.
Ante las peticiones de sus socios de ilegalizar empresas 'antiokupación', cree que lo tendrían que analizar los ministerios de Justicia e Interior.
Rodríguez ha señalado que el parque de vivienda social ha pasado del 2,5 % al 3,4 % y que en los últimos cinco años se han incorporado 162.000 viviendas protegidas, el 35 % más.
Además, ha defendido la Ley de Vivienda y ha destacado que, tras Cataluña y País Vasco, Galicia, Canarias o Asturias contemplan también las zonas tensionadas.
La ministra ha insistido en lograr una alianza de país para resolver el problema de la vivienda o al menos una “tregua de Estado” con el PP.
4.000 contratos de alquiler de corta duración en la nueva ventanilla
Respecto a la ventanilla única para los alquileres de corta duración, ha indicado que ya se han superado los 4.000 registros de viviendas 10% legales. Según ella esta plataforma, que entró en vigor a comienzos de año, está funcionando, garantiza la transparencia, mejora la gestión y evita el fraude.
Rodríguez ha avanzado que se hará una campaña recordatoria y que, para evitar problemas a comienzo de verano -deberá ser efectiva el 1 de julio-, se estableció un periodo de seis meses.
La Ley del Suelo, en manos de los grupos políticos
Rodríguez ha celebrado que esta próxima semana, posiblemente el martes 25, se tome en consideración en el Congreso la reforma de la Ley del Suelo, que considera necesaria, urgente y buena desde el punto de vista técnico.
La ministra espera que la ley, que inicialmente se tuvo que retirar ante la falta de apoyos y que ahora lideran el PSOE y el PNV, reciba el visto bueno y sea una realidad cuanto antes.
La titular de Vivienda ha asegurado que ella asumió su responsabilidad sin medir los tiempos electorales entregando una ley “magnífica” que beneficia a los ayuntamientos y a las comunidades -en su mayoría del PP-.
Sobre si cuenta con los apoyos necesarios, ha afirmado que el ministerio ya no va a interferir en los acuerdos, que todo está en manos de los grupos políticos y se ha preguntado si el PP está dispuesto a seguir boicoteándola.