Educación busca 'in extremis' un segundo contrato para cubrir las rutas escolares

La Consejería de Educación y Formación Profesional prevé sacar este jueves un segundo contrato de emergencia, con plazo hasta el domingo, para intentar blindar el servicio de transporte escolar en Extremadura. La urgencia del procedimiento responde a la necesidad de resolver 'in extremis' la cobertura de las 356 rutas afectadas por el error detectado a mediados de agosto en los pliegos de la licitación ordinaria.

Aquel fallo obligó a rehacer el expediente y ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 9 de septiembre, a escasas 24 horas de la apertura de los colegios, lo que abocó al Ejecutivo autonómico a activar esta vía rápida para no arrancar el curso con estudiantes en tierra.

Tras un primer procedimiento extraordinario con el que “ya se han cubierto algunas rutas”, según la consejera Sandra Valencia, la Junta confía en que esta segunda licitación de urgencia despeje las dudas sobre los trayectos que aún continúan en el aire. Con estas contrataciones de emergencia, dotadas en total con más de 17 millones de euros, la administración busca amortiguar el estrecho margen de maniobra que dejó la licitación ordinaria y dar cobertura a las líneas no integradas en el acuerdo marco.

La titular de Educación ha eludido ofrecer cifras concretas sobre el número de itinerarios adjudicados o pendientes, argumentando que existen “subsanaciones” en el primer proceso que hacen “fluctuar” los datos. Pese a no concretar el balance, Valencia ha enviado un mensaje de “tranquilidad” a las familias y ha asegurado que su departamento no ha dejado de trabajar “de forma muy rigurosa y prudente” para cumplir el objetivo prioritario de que “todos nuestros alumnos estén en sus centros el día 10 de septiembre”.

Para estabilizar el servicio a medio plazo y evitar parches de última hora en próximos ejercicios, la Consejería ha anunciado la convocatoria de la Mesa del Transporte Escolar en la segunda quincena de septiembre, un foro en el que participarán la administración, las patronales del sector y las asociaciones de madres y padres (AMPAs).

El despliegue de estos contratos de urgencia busca ahuyentar el fantasma del pasado curso escolar, cuando el colapso en la adjudicación de 242 rutas dejó desatendidos a cerca de 7.000 estudiantes y provocó protestas de las familias, indemnizaciones por kilometraje y un duro choque político.