¿Democracia sin sindicatos?

Imagina una sociedad sin sindicatos, donde los partidos no tuviesen un contrapoder. Luego imagínala con partido único. ¿Es la reconstrucción nacional que nos anuncian? Algo parece quedar claro en los últimos días por parte del PP y Vox: liquidar a los sindicatos de clase como último reducto de defensa de la clase trabajadora. Criminalizarlos, como ya se ha hecho con otros colectivos, no es inocente. Calificarlos de mafia es un argumento tan pueril que CCOO lo desbarata presentando sus ingresos por cuotas de afiliación en 2025: 153.576.214,66 euros, frente a los 3.550.449,42 euros del Partido Popular.

Aquellos que desde la ignorancia o la malicia se preguntan dónde están los sindicatos, hay que responderles sin pudor: allí donde alcanzan sus recursos, que dependen fundamentalmente de sus afiliados. Están liderando y gestionando importantes conflictos laborales, ERTE, huelgas, convenios colectivos, planes de igualdad o cuestiones relacionadas con la salud laboral. Al mismo tiempo, han mantenido un intenso diálogo social con el Gobierno en asuntos tan relevantes como el SMI, las prestaciones, las pensiones o la reforma laboral. El mantra de las subvenciones sindicales es más un argumento descalificatorio que una realidad, ya que el 85% de su financiación procede de las cuotas de afiliación.

Los ataques contra los sindicatos suelen recrudecerse cuando aumenta la conflictividad entre capital y trabajo, como ha ocurrido en los últimos años. En este contexto, la oposición española y la CEOE han venido obstaculizando las sucesivas subidas del salario mínimo y otras medidas vinculadas al escudo social impulsado por el Gobierno para paliar los efectos de la inflación, dificultando la posibilidad de reequilibrar el reparto de rentas entre empresarios, rentistas y trabajadores.

Una conflictividad que también ha crecido como consecuencia del bloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Desde 2015 solo volvió a firmarse en mayo de 2023 y permanece caducado desde hace once meses, en un escenario donde todo apunta a una inflación cercana al 5%, con el consiguiente riesgo para la paz social. Se trata de un pacto entre sindicatos y empresarios que afecta a más de 5.000 convenios colectivos en España.

Todo ello sucede en un contexto marcado por sucesivos procesos especulativos y por una inflación alimentada por las guerras y por políticas internacionales que impactan en el precio de la energía, la alimentación y la vivienda.

El 11-N era procedente porque los salarios, los precios y el acceso a la vivienda son los ámbitos donde se están produciendo las mayores transferencias de renta hacia las empresas y los grandes rentistas. Desde 2019 se ha ampliado la brecha entre una subida salarial acumulada del 21,3% y unos beneficios empresariales que han crecido 21 puntos por encima de los salarios. O, dicho de otro modo, los beneficios se han multiplicado por tres desde el final de la pandemia, aprovechando las consecuencias de una inflación que parece justificarlo todo.

Colgando de la clave de bóveda hay dos bolas, una roja y otra negra, que simbolizan dos modelos enfrentados. Hay que elegir entre profundizar en políticas que, mediante el diálogo, permitan reconstruir un contrato social deteriorado o apagar las voces críticas y disidentes representadas por las organizaciones sindicales de clase. La segunda opción compromete el papel institucional que la Constitución reconoce a los sindicatos y acerca a formatos de gobierno de carácter neofascista que creíamos superados.

No entender que la esencia sociopolítica de los sindicatos les obliga a estar del lado de sus representados y, por tanto, a posicionarse, como ocurrió con la huelga del 11 de noviembre, es propio de quienes no han superado la mentalidad preconstitucional. Una huelga que interpela al Gobierno central, a la oposición, a los gobiernos autonómicos y a la propia CEOE, provocando la autoinculpación, en distinta medida, de todos ellos.

Pedir sacrificios a quienes reclaman vivienda asequible, precios razonables y medidas contra la especulación no parece una opción razonable en una economía que sigue creciendo por encima de la media europea.

La movilización registrada en numerosas ciudades no debería dejar indiferentes a los responsables políticos y económicos. La ciudadanía ha identificado problemas concretos y objetivos tangibles, y los sindicatos de clase deben seguir profundizando en esa labor, anticipándose a los conflictos mediante el diálogo social, precisamente cuando la derecha extrema parece despreciar ese instrumento.

En caso de una victoria electoral de la bola negra, con más de 210 escaños, sus intenciones parecen evidentes. Entre las posibles modificaciones constitucionales estaría la eliminación o modificación sustancial de los artículos 7, 28 y 37, que reconocen el papel de los sindicatos, el derecho de huelga y la negociación colectiva. Ya hemos visto intentos de limitar estos derechos durante el Gobierno de Rajoy mediante la Ley Mordaza y determinados aspectos de su reforma laboral.

PP y Vox han traspasado todos los límites. Cuando se acusa de basura o de mafia sindical a organizaciones que durante décadas han intermediado entre las partes y han demostrado su responsabilidad democrática, lo que se está cuestionando es el propio valor del diálogo.

Cuando te dicen «Suerte, la vas a necesitar», están lanzando un aviso a navegantes que augura tiempos sombríos. Si esa amenaza se formula públicamente y se amplifica desde los medios de comunicación, es porque existen profundas grietas en nuestra democracia. Las palabras de Ayuso o Abascal no parecen fruto de un calentón pasajero, sino la expresión de una estrategia compartida basada en la confrontación y la deslegitimación del adversario.

¡Suerte, la vamos a necesitar!