Pacto PP-VOX: seis meses de bloqueo y giro privatizador en Educación

Tras más de seis meses desde la convocatoria electoral de octubre, Extremadura ha dejado atrás —al menos formalmente— la etapa de gobierno en funciones. El acuerdo de coalición entre el Partido Popular y Vox pone fin a meses de bloqueo institucional. Un tiempo excesivo si se tiene en cuenta la urgencia de muchos de los problemas que afectan a la región y, específicamente, al sistema educativo.

Durante meses, desde esas mismas formaciones políticas se ha insistido en la necesidad de estabilidad, rapidez y responsabilidad política en otros escenarios. Sin embargo, en Extremadura, la negociación se ha prolongado hasta límites que han condicionado la acción pública. No se trata solo del tiempo perdido, sino del punto de partida. 

El documento firmado por ambas formaciones dedica un apartado específico al ámbito educativo. Sobre el papel, aparecen medidas que pueden resultar positivas o, al menos, bien recibidas por parte de la comunidad educativa. La homologación salarial progresiva del profesorado a la media nacional es una reivindicación en la que llevamos embarcados en unidad sindical más de un año. De materializarse, supondría una mejora en las condiciones laborales del profesorado y en la capacidad de atracción del sistema educativo extremeño de nuevos docentes. La trampa de este párrafo del acuerdo está en la palabra “progresiva”, de nuevo se nos vende humo. Ni fechas, ni cifras, solo un compromiso vago con el que volveremos a llegar al final de esta legislatura sin que veamos en nuestras nóminas esa homologación. Tampoco el resto de empleados públicos.

En el acuerdo también se recoge la extensión de la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años, incorporando el tramo de 0 a 1 años a partir del curso 2026-2027. Una medida que, en abstracto, podría interpretarse como un avance en el acceso universal a la educación infantil. Pero la cuestión no es solo si la etapa será gratuita, sino cómo se articula esa gratuidad. En los últimos meses ya se ha observado una tendencia clara, en lugar de apostar decididamente por la creación de una red pública suficiente, se ha optado por financiar el acceso a plazas en centros privados. La gratuidad, en este contexto, se convierte en un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia operadores privados, consolidando un modelo que debilita progresivamente la educación pública en la etapa 0-3.

Esta lógica no es nueva, pero el acuerdo no introduce ningún elemento que permita pensar en un cambio de rumbo. Al contrario, la ausencia de compromisos explícitos de ampliación de la red pública refuerza la idea de que la administración seguirá desempeñando un papel más financiador que garante directo del servicio.

Algo similar ocurre con otras medidas incluidas en el acuerdo. La climatización de los centros educativos, por ejemplo, responde a una necesidad real y urgente en una comunidad especialmente afectada por las altas temperaturas. Llevamos varios años peleando este asunto en las mesas de negociación, en los últimos meses de la mano de la FREAMPA. Sin embargo, se trata de una actuación puntual, necesaria pero insuficiente, que no aborda los problemas estructurales y en la que, una vez más, no hay fechas, ni cifras, solo compromisos vagos.

Igual de preocupante resulta el enfoque ideológico que atraviesa otras decisiones. La supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) o la referencia a la “concordia” como eje de los contenidos educativos no son medidas neutras. Forman parte de una determinada concepción de la educación que prioriza una visión cultural y política concreta y que entra en conflicto con principios básicos como la diversidad, la inclusión o el pensamiento crítico que son la base de nuestra legislación educativa actual.

A ello se suma la introducción de criterios como la “prioridad nacional” en el acceso a recursos públicos, que, aunque no se circunscriben exclusivamente al ámbito educativo, pueden tener efectos indirectos en nuestro sistema. La educación pública, como servicio universal, debe regirse por principios de equidad y cohesión social, no por lógicas de exclusión o jerarquización de derechos.

Pero si hay un elemento que atraviesa el conjunto del acuerdo es la apuesta por fórmulas de colaboración “público-privada”. No solo en educación infantil, sino también en otros ámbitos como la universidad. Aunque el documento no detalla medidas concretas sobre universidades, el contexto reciente en ese ámbito apunta a un creciente desembarco de iniciativas privadas en la educación superior extremeña, que venimos denunciando desde hace meses, en un escenario donde la universidad pública sigue afrontando dificultades estructurales por falta de financiación por parte de la Junta de Extremadura.

Esta orientación, combinada con la reducción prevista de subvenciones a entidades sociales, dibuja un modelo en el que lo público pierde peso progresivamente, tanto en la provisión de servicios como en la articulación de la participación social.

En este sentido, el acuerdo no está orientado a reforzar el sistema educativo público, sino a reconfigurarlo. Se trata de establecer una dirección política clara que ahora se explicita con mayor nitidez. La educación extremeña se mueve. Pero la cuestión clave es hacia dónde.

La respuesta, a la luz del acuerdo, apunta a un modelo en el que la administración pública reduce su papel directo, cede espacio a operadores privados y orienta el sistema desde parámetros ideológicos cuestionados en el resto de Europa. Un modelo que, lejos de fortalecer la igualdad de oportunidades va acentuar las desigualdades existentes.

Tras seis meses de espera, el nuevo gobierno ya está en marcha. Ahora corresponde evaluar sus decisiones no por las intenciones declaradas en un acuerdo genérico, sino por sus efectos reales. Porque en educación, más que en ningún otro ámbito, las políticas públicas no solo gestionan el presente, construyen el futuro, toca mantenerse alerta ante los que nos llega.