El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha acusado a la jueza que instruye el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, Beatriz Biedma, de querer “promocionarse” a su costa y al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de eludir su “obligación” y no ser “valiente” para juzgarle por su condición de aforado, al ser diputado autonómico, y devolver la causa a los juzgados de Badajoz.
La Sala Civil y Penal del TSJEx declaró el lunes en un auto su “falta de competencia” y pidió a Biedma que siguiera con la instrucción “hasta su conclusión”, no sin antes criticar el “apresurado” aforamiento de Gallardo “para eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la audiencia provincial”.
A juicio, del líder regional del PSOE, se trata de una decisión “inédita” porque “disocia” la condición de diputado de la de aforado, contraviniendo el Estatuto de Autonomía de Extremadura, pero que no va a recurrir, a pesar de los consejos legales de su defensa: “Hay argumentos jurídicos sólidos para hacerlo, pero dije que no entraba en la Asamblea para aforarme y mi decisión es no recurrir. Soy coherente, tengo principios y siempre he dicho que me da igual quien me juzgue”.
La comparecencia de Gallardo ha coincidido con la decisión de la Fiscalía de Extremadura de no recurrir tampoco la decisión del Tribunal Superior de Justicia de devolver al juzgado instructor la causa abierta por la contratación de David Sánchez, a pesar de que hace dos semanas rechazó que el aforamiento de Gallardo fuera “fraude de ley” y propuso el sobreseimiento de la causa.
El jefe de los socialistas extremeños también seguirá como diputado autonómico. Lo ha aclarado después de que la Junta, PP y Vox hayan reclamado que devuelva el acta. “Voy a seguir trabajando demostrando que hay una alternativa a las derechas al Gobierno más vago”, en referencia al Ejecutivo que preside María Guardiola.
La “oportunidad” de la jueza
En esta comparecencia, también ha criticado a la jueza que quiere sentarle en el banquillo y que ha peleado porque la causa no se elevara al TSJEx. “Algo administrativo se ha convertido en un macrocaso que parece algo importante”, por lo que el interés mediático “ha implicado que algunos quieran usarlo para poder crecer y que hayan visto una oportunidad en este caso”, ha dicho.
En este sentido, ha evidenciado el interés, a su juicio, de la instructora por conservar la causa en que se investigaron los correos electrónicos del diputado autonómico del PSOE, Antonio Garrote, relacionados con la contratación de David Sánchez. Garrote, ahora aforado por su condición de diputado, fue quien firmó las bases del proceso de selección y el contrato de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, pero no es uno de los 11 acusados en el caso, “a pesar de que la jueza ha llamado como testigo o ha imputado a todo el que pasaba por el juzgado”. Hacerlo, habría obligado a trasladar la instrucción del caso al TSJEx.
Además, poniendo en valor la libertad de expresión, ha calificado de “inapropiadas, injustas y contrarias al derecho” algunas de las resoluciones de la magistrada Beatriz Biedma.