El informe cuestiona que los sistemas de seguridad de la Central Nuclear de Almaraz tengan suficientes garantías. Las instalaciones cacereñas han vuelto a estar en el punto de mira. Y esta vez no por la solicitud de construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATI), sino por la seguridad de la planta.
No se trata del primer informe que pone en duda precisamente la seguridad. Pero la diferencia radica que éste no ha sido emitido por el movimiento ecologista, sino por cinco técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear.
Un informe que dio a conocer este miércoles el diario El País, y que recoge que tras dos averías en los motores de las bombas de agua, no hay suficientes garantías de que la refrigeración pueda funcionar con normalidad.
Horas más tarde el Consejo de Seguridad Nuclear lo reconocía. Informaba en un comunicado de que el 11 de enero de 2016 se produjo el fallo del motor de la bomba B del sistema de agua de servicios esenciales de la unidad I de la central nuclear del Almaraz. No obstante, el pleno del CSN concluye que la situación es “segura”. El sistema de agua de servicios esenciales de una central nuclear tiene por objeto refrigerar los sistemas de seguridad del funcionamiento del reactor.
Tras el análisis concluye el CSN que el titular de la central ha realizado las actuaciones necesarias para “obtener una garantía de expectativa razonable de operabilidad. Esa garantía se considera suficiente, aunque está limitada por el hecho de no haber determinado hasta la fecha la causa origen del fallo de motor ocurrido en enero”.
Críticas por parte de Vara
Las reacciones no tardaron en llegar, incluidas la del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Éste reprochó al Consejo de Seguridad Nuclear –que ya se ha reunido con Almaraz—el hecho de haber conocido los ‘fallos’ a través de la prensa. La Junta ha solicitado toda la información, y Fernández Vara pidió “la máxima transparencia y el máximo rigor.
De momento, y hasta que no llegue la documentación a manos de la Junta, no habrá un pronunciaemiento. Aunque Vara sí quiso trasladar a la prensa que “esto no contribuye en nada, ni a la tranquilidad ni a la seguridad”, recoge la agencia EFE.
La versión de la central
Frente a estas afirmaciones la central desmiente que existan problemas de seguridad y señala que refrigeración está “garantizada”. Afirma que “en todo momento” ha mantenido puntualmente informado al Consejo de Seguridad Nuclear “sobre las actuaciones llevadas a cabo tras las incidencias detectadas”, así como del plan de acción previsto para garantizar “la operatividad del sistema y la operación segura de la planta”.
Insiste en que las cuatro bombas que forman parte del Sistema de Agua de Servicios Esenciales operan “con normalidad” y recuerda que hay una quinta bomba, disponible y en línea.
Reunión de la Junta con el Foro Extremeño Antinuclear
eldiario.es ha podido saber que Vara recibirá al Foro Extremeño Antinuclear el próximo 9 de febrero. Los colectivos del foro (entre ellos Ecologistas en Acción, ADENEX o Equo, entre otros) transmitirán al presidente su malestar por el funcionamiento de la central, y reclamarán su apoyo a un manifiesto común que pide el cierre inmediato de las instalaciones.
Desean abrir un debate más profundo, centrado en qué pasará cuando concluya el tiempo de vida útil proyectado en los dos reactores de Almaraz: 2021 y 2023.
La central ha pedido permiso al Gobierno para construir un ATI que albergaría material radiactivo, y aunque la Junta ha emitido un informe desfavorable en el periodo de alegaciones, los antinucleares quieren un pronunciamiento de la Junta también contrario al mantenimiento de su actividad más allá de estas dos fechas.
De hecho los ecologistas quieren impulsar un frente común de presidentes autonómicos del PSOE en contra de la energía atómica.
Quieren que se unan al grupo García-Page, presidente de Castilla–La Mancha, que ha mostrado abiertamente su postura contraria al ATC en Villar de Cañas; así como los presidentes de Comunidad Valenciana y Andalucía, esta última por albergar el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril en Córdoba. También, en este caso, el extremeño Guillermo Fernández Vara.
En el caso de Extremadura apuestan por el cierre de las instalaciones, acompañado por un plan de empleo para la reconversión de todos los puestos de trabajo. En primer término con los puestods que podría aportar el desmantelamiento de las instalaciones, y en segundo basado en las energías limpias.
Argumentos en contra
Paca Blanco, de Ecologistas en Acción, advierte que las instalaciones, además de estar “más que amortizadas”, crean “inseguridad” en una población demasiado acostumbrada a escuchar paradas no programas, y en este caso de síntomas dudas sobre las garantías en la seguridad.
Ecologistas pide la paralización cautelar ante la “falta de garantías de que las bombas de refrigeración puedan actuar con normalidad. ”Los fallos en el sistema de refrigeración de Almaraz son constantes e inherentes al diseño, que ha sido modificado en numerosas ocasiones sin éxito, dado que los cálculos originales no contaban con el aumento de temperaturas del embalse de Arrocampo que refrigera la central, ni tampoco estimaban la bajada de caudal de la red hídrica del Tajo que abastece al embalse.
En el mismo sentido Carmen Ibarlucea, de Equo, ha traslado a este diario el malestar de la formación verde ante las últimas noticias. Apunta que los problemas en la seguridad pueden desembocar en la “fusión del combustible”, y la consecuente “contaminación” de la comarca de Campo Arañuelo.
“Pero además este terreno, geológicamente, no es tan seguro como tendría que serlo para albergar una nuclear”, comenta. Insiste en que una comunidad como Extremadura tendría que estar exportando el modelo de energías limpias, y no las nucleares.
Pone en duda, en cuanto a la problemática del empleo, que las compensaciones económicas que han recibido todas estas décadas los municipios de la zona hayan sido invertidas precisamente en una alternativa de empleo, pensando en el momento del cierre de la central.
Meses atrás Greenpeace sacó otro informe en el que también ponía en cuestión la seguridad de Almaraz, en este caso haciendo uso de otros argumentos.
En su caso, la organización ecologista analizaba los planes de acción nacionales de las centrales españolas y emitía un resultado negativo en el caso de Almaraz.
Según este informe, la central extremeña suspende el test de resistencia nuclear en la evaluación encargada por la organización ecologista a la experta independiente Oda Becker en ocho puntos destacados. El documento se basa en la serie de “pruebas de resistencia nuclear'' que se establecieron a raíz del desastre nuclear de Fukushima (Japón) en marzo de 2011 y que Greenpeace ha evaluado sistemáticamente.
Así, señala que no cuenta con válvulas de seguridad para prevenir una explosión de hidrógeno, como tampoco las tenía Fukushima, y su instalación no está prevista hasta finales de 2016, ni cuenta con medidas eficaces de gestión de accidentes para asegurar la integridad de la contención de la radiactividad durante un accidente grave en ninguna de las dos unidades de la central.
No hay evaluación de riesgos naturales También echa en falta evaluación de los riesgos naturales y añade que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no se toma en serio el riesgo sísmico, ya que ha tardado casi 5 años en comenzar la evaluación sísmica que le exigió la UE, y alerta de la inexistencia de sistemas de ventilación con filtro y de que la implementación de un sumidero final de calor alternativo ni siquiera está previsto Añade que la debilidades de diseño continúan, ya que el edificio del reactor y el de la piscina de combustible gastado no tienen ninguna protección especial y por lo tanto son relativamente vulnerables frente a eventos externos.
simismo, señala que se ignora el hecho de que la energía térmica de ambas unidades se ha incrementado y esto acelera los procesos de envejecimiento, un tema cada vez más relevante en una central que en su cuarta década de vida operativa. El informe concluye, según Greenpeace, que las unidades de la central nuclear de Almaraz, en el estado actual, “ no son seguras y no se debería permitir que se mantuvieran operando”, según ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
“No puede ser que la central suspenda en ocho puntos tan relevantes como la contención de la radiactividad y que lo haga más de cuatro años después del desastre de Fukushima”, señala Montón, que añade que “es solo un ejemplo de las carencias de todas las plantas nucleares españolas”.