Registros en el Mérida y el Extremadura por posible fraude a la Seguridad Social

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo están investigando diez clubes de fútbol, entr eellos el Extremadura y el Mérida, que militaron en los últimos años en Segunda B en una operación contra un supuesto fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado presuntamente cometidos por entidades deportivas.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, se trata del Calahorra (La Rioja), Hércules de Alicante y Club de Fútbol La Nucía (Comunidad Valenciana), Salamanca (Castilla y León), Extremadura y Mérida (Extremadura), Cartagena (Región de Murcia), Atlético Sanluqueño y la Balompédica Linense (Andalucía) y Atlético Baleares (Islas Baleares).

La investigación, efectuada por la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comenzó a raíz de una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol firmada por once clubes de Segunda B en el año 2020 que denunciaban el agravio comparativo que suponía para los que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente.

Desde el momento en el que tuvieron conocimiento de esta práctica los investigadores contactaron con distintos agentes del mundo del fútbol para comprobar la veracidad de los hechos que se ponían de manifiesto en dicha carta y que parecían normalizados y muy aceptados por la mayoría de los clubs.

Para los investigadores resultó clave una reunión de la Real Federación Española de Fútbol con todos los presidentes de Segunda B y Tercera División que tuvo lugar en noviembre de 2019 para dimensionar la magnitud y la normalización del problema.

En el marco de las pesquisas, llevadas a cabo por especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil con el apoyo de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, se detectó una problemática generalizada en el uso de dinero no declarado en el mundo del fútbol y especialmente en los clubs de Segunda B y Tercera División.

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, esta práctica genera un menoscabo al sistema de la Seguridad Social al ingresar menos dinero del que corresponde por las cotizaciones de los futbolistas y perjuicios a estos deportistas pues se les priva de derechos por su relación laboral con los clubs y a la leal competencia en el deporte.