El BNG quiere que la Xunta de Galicia asuma, con financiación propia y del Estado, los servicios de ayuda al hogar que ahora prestan los ayuntamientos en concesión a empresas privadas. Como primera paso hacia ese objetivo ha anunciado este lunes que presentará una enmienda al proyecto de Orzamentos de 2026 para que la partida destinada a ese fin aumente en 15 millones de euros y esto repercuta en las trabajadoras -es un sector fuertemente feminizado y precarizado- al subir su salario de 12 a 17 euros la hora, 20 en 2027. “El Gobierno de Alfonso Rueda está descargando responsabilidades en los ayuntamientos”, señaló la portavoz nacionalista Ana Pontón, “la situación del SAF [Servizo de Axuda no Fogar] es insostenible y no se puede mirar para otro lado”.
El de los servicios de ayuda en el hogar -12.300 empleadas que atienden unos 24.000 usuarios en toda la comunidad- es solo uno de los múltiples conflictos a los que se enfrenta la Consellería de Política Social. Todavía la semana pasada, el sindicato mayoritario, CIG, convocó una huelga de su personal que regisstór, según la central, un elevado seguimiento. La Xunta no valoró su incidencia, tampoco a preguntas de elDiario.es, pero las protestas de las empleadas no se detienen. Para el BNG, son la Xunta de Galicia y el Estado los que, “tal y como recoge la Ley de Dependencia”, deben financiar íntegramente el servicio, no los consistorios.
Más allá de las administraciones que lo sufraguen, para los nacionalistas El ejecutivo autonómico debe asumir la ayuda en el hogar. La vía que entienden sería la adecuada consiste en su integración en el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, como lo están escuelas infantiles, centros de día o algunas residencias de mayores. “Los concellos no tienen capacidad financiera para garantizarlo y cualquier que persona que lo necesite tiene derecho a ser atendido en su domicilio”, señaló Pontón, quien expuso una última propuesta de su formación: la constitución de un servicio gallego de bienestar, “un Sergas social, concebido como una red pública de cuidados”.
La orientación de la actual Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García, va en otra dirección. Lo denunció la líder del BNG. Acusó a García y Rueda de “privatizar el modelo de cuidados” y añadió que, “cada vez que la vejez se convierte en un negocio, pasan cosas tan graves como las que estamos viendo en las residencias de mayores”.