La CIG, sindicato mayoritario en el sector, ha asegurado que la “práctica totalidad” de las trabajadoras convocadas a la huelga en las escuelas infantiles privadas o de gestión indirecta de 0 a 3 años, centros de menores y atención a la discapacidad la ha secundado. Y eso que, aducen, los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia fueron “totalmente abusivos”. Según los cálculos de la central sindical, solo pudieron ejercer su derecho a huelga el 30% de las empleadas -son profesiones altamente feminizadas y precarizadas- pero lo hicieron. Este periódico solicitó a la Consellería de Política Social una valoración de la jornada pero de momento no ha recibido respuesta.
Eran unas 5.000 personas las interpeladas por el llamamiento de la CIG a un paro. Convenios dignos y mejores condiciones laborales eran sus principales reivindicaciones. “Es necesario cuidar a quien cuida porque hay mucho personal de incapacidad laboral precisamente por la penosidad con la que ejerce su trabajo”, declaró uno de los delegados sindicales de Aspanas, una asociación de personas con discapacidad intelectual de Ourense. El apagón informativo, especialmente en los medios públicos autonómicos, fue llamativo.
Aunque las entidades en las que trabajan los huelguistas son privadas o de carácter social, la mayoría responden a convenios y conciertos con el Gobierno gallego. Las trabajadoras piden a Política Social que intermedie, “es su papel por estar privatizados servicios que dependen directamente de ella”. “Lo que está haciendo en estos momentos son remiendos, aprobar subidas en los acuerdos con algunas asociaciones de atención a la discapacidad para que estas puedan aplicar ahora incrementos salariales de los convenios estatales”, añade el sindicato convocante.