La justicia y Bruselas obligan a PP y PSOE a cambiar su discurso sobre el accidente del Alvia
PP y PSOE están ahora dispuestos a realizar una nueva investigación técnica del accidente de tren de Angrois, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas a las puertas de Santiago. Un cambio de postura parcial, ya que siguen negándose a cualquier investigación política, que se produce después de que la Audiencia Provincial de A Coruña reabriera hace un mes y medio la causa judicial y de que la semana pasada la Agencia Ferroviaria Europea descalificara la investigación técnica realizada por el Ministerio de fomento. En ambos casos se señaló la posible existencia de responsabilidades más allá del maquinista del tren, en el que populares y socialistas fijaron su mirada desde un principio por el temor a verse salpicados políticamente, obviando de paso otras posibles responsabilidades técnicas.
El cambio de postura de PP y PSOE se ha evidenciado este martes en el Parlamento de Galicia, donde BNG, AGE y Grupo Mixto pidieron que se modificara de urgencia el orden del día del Pleno para debatir nuevamente su hasta ahora rechazada propuesta de creación de una comisión de investigación política del siniestro. El PP se opuso a que ni siquiera se debatiera la cuestión, pero su portavoz, Pedro Puy, ofreció a cambio una declaración institucional -que no prosperó por la negativa de BNG, AGE y Grupo Mixto, que la consideraban insuficiente- para que el Parlamento apoye la realización de un nuevo “informe técnico incontrovertido”. “Hay un cambio significativo en la información disponible”, dijo Puy, obviando que los datos que se conocen sobre el siniestro son los mismos desde hace años y que la única novedad de las últimas semanas son las valoraciones que sobre los mismos hacen ahora la Audiencia de A Coruña y la UE.
El cambio de postura del PP viene precedido de un cambio de postura del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A los tres días del accidente decía que tras las voces que apuntaban a una escasa seguridad en Angrois había interés de empresas competidoras del AVE español por desprestigiarlo. Luego pasó a ampararse en que la investigación técnica de Fomento sólo culpaba al maquinista. Más tarde, cuando un segundo juez instructor de la causa judicial rectificó la investigación que el primero dirigía contra cargos de Adif, el presidente gallego pasó a acusar a los grupos de la oposición de pretender un uso político de las víctimas del siniestro. Pero ahora que tanto los jueces de la Audiencia como los técnicos europeos muestran sus dudas sobre la seguridad de la línea Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro, el presidente defiende la necesidad de “complementar la investigación”.
Por su parte, el PSdeG ya varió su postura hace un mes, después de que la Audiencia reabriera la instrucción judicial. Entonces AGE y BNG habían vuelto a pedir una comisión de investigación parlamentaria, iniciativa a la que el PP votó en contra, como siempre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Galicia. El PSdeG se abstuvo, también como siempre, pero en esa ocasión ofreciendo a cambio “una nueva investigación” técnica por parte de una nueva Comisión Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de Fomento con una “composición” renovada. Ahora que la Agencia Ferroviaria Europea acaba de confirmar que esa CIAF, por su propia composición, no era independiente cuando investigó Angrois y culpó sólo al maquinista, este martes el PSdeG ha insistido en la necesidad de realizar un nuevo análisis técnico independiente.
Detrás de la negativa de populares y socialistas a ahondar en las investigaciones se encuentra su temor a que el siniestro salpique la gestión de sus ministros José Blanco y Ana Pastor. El primero encargó la construcción del modelo de tren Alvia accidentado y estaba en el cargo cuando en 2010 Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria, decidió no instalar en Angrois el sistema de control constante de la velocidad propio del AVE, el ERTMS. La segunda ya era ministra cuando se puso en servicio el Alvia y cuando, en 2012, Adif autorizó a Renfe a desconectar a bordo de él el ERTMS. Populares y socialistas están convencidos de que ninguno de los dos ministros era conocedor de las complejidades técnicas que rodearon el accidente, pero temían hasta ahora que cualquier debate técnico pudiera salpicar su gestión política. La reapertura de la causa judicial y el veredicto técnico de Bruselas hacen ahora imposible silenciar las cuestiones técnicas, por lo que la realización de una nueva investigación en ese ámbito es vista por populares y socialistas como un mal menor con el que intentar evitar el tan temido debate político, en el que no sólo recibirían ataques del resto de grupos sino que también se podría abrir una guerra entre ambos.
