Ecologistas cuestionan la intención de la Xunta con su ley del litoral: “Si es para mantener Ence, es inaceptable”

El anuncio lo hizo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de la última reunión de su equipo: el Gobierno gallego ha iniciado el proceso para redactar una nueva ley para ordenar el litoral de la comunidad. El objetivo declarado es buscar el “autogobierno pleno” y “asumir el papel de gestión que le corresponde -al Ejecutivo gallego- en el ejercicio de sus competencias exclusivas”. Pero asociaciones ecologistas cuestionan que eso sea todo y avisan de que estarán vigilantes si la finalidad es defender intereses empresariales en la costa gallega. “Si es para mantener a Ence, es inaceptable”, zanja el coordinador en Galicia de Greenpeace, Manu Santos. El presidente de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Antón Masa, expresa la misma desconfianza: “Sería impresentable”.

Ambos aluden a la conocida defensa del Gobierno del PP en Galicia de la fábrica de celulosa, una instalación polémica y contaminante, en el delicado entorno de la ría de Pontevedra. “La experiencia nos dice que la Xunta tiene un empecinamiento -con que Ence se mantenga en su emplazamiento- incluso en contra de sentencias y de la voluntad de muchos ciudadanos”, señala Santos. La organización ecologista considera que “no tiene por qué ser un problema que la administración más cercana ordene el litoral” y gestione las competencias, pero avisa de que otros ejecutivos del PP buscaron en otras ocasiones “saltarse la ley”. Cita en concreto la normativa elaborada con Miguel Arias Cañete como ministro de Medio Ambiente hace una década y que fue muy criticada por asociaciones ecologistas que consideraban que desprotegía la costa.

El responsable de Greenpeace en Galicia reflexiona acerca de que hay algunas industrias relacionadas con el mar que necesitan estar en la costa, como es el caso de las depuradoras de mariscos, pero con las tecnologías actuales son cada vez menos e incluso hay conserveras que han anunciado un cambio de ubicación hacia terrenos más alejados del mar.

“La Xunta tiene que decir claramente qué quiere hacer. Lo inaceptable sería legislar por interés político y en contra de los intereses del país”, añade Santos, que recuerda que, en cualquier caso, la futura ley gallega tendrá que cumplir la legislación vigente en la materia tanto de la Unión Europea como del Estado. De este mismo argumento echa mano Antón Masa, que insiste en que sobre el litoral ya hay unas “restricciones” que “no se pueden superar”. La APDR, avanza, presentará sus propuestas y alegaciones durante la elaboración del texto normativo y estará vigilante. El anuncio le parece, por ahora, “muy preocupante”.

Masa recuerda un episodio concreto del actual presidente de la Xunta, cuando era vicepresidente, y acudió a una reunión en la Diputación de Pontevedra sobre el Pazo de Lourizán, entonces en manos de la administración provincial y en el que Ence quería crear un centro de investigación forestal. El proyecto de la empresa estaba respaldado por el Gobierno gallego y Rueda lo defendió en ese encuentro. “Fue de recadero”, considera el representante de la APDR, que cree que “entregar las competencias al PP de Rueda es dárselas a Ence”.

La Xunta, por su parte, no aclara a esta redacción hasta dónde llegan sus intenciones. Por el momento está disponible, dentro de la fase de consulta pública previa, un breve texto con el que justifica la necesidad de elaborar una ley sobre la materia y esboza los puntos fundamentales: definir “el litoral sobre el que Galicia tiene competencia exclusiva”, regular las actividades que se tengan que instalar necesariamente en estos entornos e identificar “actividades estratégicas y prioritarias” para Galicia y establecer “los criterios de otorgamiento de concesiones y autorizaciones”. Además, el Gobierno gallego quiere hacer una planificación de los “por tramos” y trazar una ordenación de la costa que “contemplará especialmente la dimensión ambiental” y las actuaciones frente al cambio climático, “pero también la dimensión económica y social”.

El plazo para enviar aportaciones para la redacción del texto estará abierto durante un mes, hasta el 17 de octubre. A partir de ese momento será cuando el Gobierno gallego elabore un articulado como anteproyecto de ley para, una vez que lo apruebe el Consello, sea remitido al Parlamento de Galicia, en donde la aprobación del texto estaría garantizada por la mayoría absoluta del PP.

Un conflicto con el Gobierno central

El anuncio de la nueva ley tiene varias dimensiones en el ámbito político. La decisión es un paso más en el conflicto con el Ejecutivo central por las competencias en la materia. La Xunta, que hasta el momento cuenta con un plan de ordenación del litoral, defiende que la actual redacción del Estatuto de Autonomía ya las reserva para la comunidad y Moncloa considera que es necesaria una modificación de ese documento. Sería la primera en los 40 años transcurridos desde su aprobación.

Una vez terminado el proceso de la nueva ley, el Gobierno central podría plantear un conflicto de competencias e incluso recurrir al Tribunal Constitucional. El presidente de la Xunta señaló al hacer el anuncio que la disposición de su gobierno es la de negociar en cualquier momento de elaboración del texto y evitar “conflictividad jurídica”.

Este conflicto por la gestión del litoral contrasta con la nula actividad de la Xunta en los últimos 13 años, con el PP en el gobierno, para reclamar nuevas competencias. Los desencuentros cristalizaron a raíz de la ley estatal de cambio climático aprobada en 2021 y que limita a 75 años las concesiones en dominio público marítimo-terrestre como la que tiene la polémica fábrica de Ence, aunque también otras empresas de la conserva y la cadena mar-industria. El Gobierno gallego la recurrió ante el Constitucional, pero su denuncia fue desestimada.

Consenso político

La transferencia de las competencias sobre la costa suscita el acuerdo en el Parlamento gallego. Los tres grupos con representación en la Cámara -PPdeG, BNG y PSdeG- aprobaron una iniciativa que lo reclama por unanimidad. La formación que lidera Ana Pontón puntualiza que Galicia debe tener tanto las capacidades de gestión como las de ordenación de la costa. En una rueda de prensa reciente, la portavoz de la formación criticó las decisiones tomadas “en los despachos de Madrid” por no tener en cuenta las “particularidades” gallegas.

“Quien mejor conoce nuestro litoral somos los gallegos y las gallegas”, defendió Pontón, que agregó que “tratar igual al que es diferente es una discriminación”. En sus propuestas recalcó que el objetivo es proteger al sector mar-industria, no a otras actividades como la de Ence, que se pueden desarrollar en otros emplazamientos fuera de la costa.