El enredo del PP gallego para justificar su postura en contra de una transferencia de la AP-9 que lleva años exigiendo

El PP gallego ha respaldado desde 2016 los intentos de que de la autopista do Atlántico, la AP-9, se transfiera a Galicia. Lo hace, al menos, en el Parlamento autonómico. Y, desde entonces, son innumerables las ocasiones en las que la formación política ha reclamado la infraestructura que recorre el territorio desde Ferrol hasta Tui, en la frontera con Portugal, y vertebra el área económicamente más pujante de la comunidad. Pese a las insistentes reivindicaciones, cuando el pasado 23 de julio salió adelante definitivamente en el Congreso la ley para transferir la vía a Galicia, lo hizo con los votos en contra del PP (y de Vox).

El rechazo no se concreta solo en el 'no' en la Cámara Baja. La Xunta ha emprendido también una maniobra que los grupos de la oposición en el Parlamento gallego leen como un intento de dilatar el proceso y enredarlo. El anuncio lo hizo el presidente autonómico, Alfonso Rueda, el 3 de agosto, en el último Consello –la reunión semanal de su gabinete– antes del parón estival: pide una comisión bilateral con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”, que está ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y que remite, para concretar el traspaso de la titularidad y las competencias sobre la autopista, a un acuerdo al que Estado y Comunidad Autónoma deben llegar en la comisión mixta de transferencias. La Xunta no quiere afrontar aún esa comisión y ha optado por pedir una reunión sobre un texto ya aprobado, en lugar de arrancar la negociación para concretar la transferencia.

Esas “diferencias con la ley orgánica” de las que habla Rueda se centran en los 4.000 millones de euros que la Xunta sostiene que podría tener que asumir para el rescate de la concesión de la AP-9, en el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirme que la prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar –sin concurso público– fue ilegal. El Gobierno y el PP gallegos repiten una y otra vez que esta posibilidad queda abierta con la redacción de la ley aprobada y que esta se aparta del acuerdo unánime del Parlamento gallego, que recoge una mención explícita a que deben darse garantías financieras y jurídicas para que la Xunta no tenga que hacer desembolsos si se da ese escenario.

Enfrente, PSOE, BNG y Sumar –las formaciones que pactaron el texto que luego recibió luz verde con mayoría absoluta en el pleno del Congreso– los acusan de estar mintiendo y se remiten a la propia ley aprobada, que consideran que deja claro que la Xunta no tendrá que asumir compromisos que no se deriven de su propia gestión. Lo que dice exactamente la ley es que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”.

Lo recoge así el punto tercero del artículo 1, en el que la ley indica que la Administración General del Estado “conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor” que se deriven de modificaciones hechas en los largos años en los que ha tenido la competencia.

El siguiente punto abunda en cómo se reparten las responsabilidades económicas entre cada administración: “La Comunidad Autónoma asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico-financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

En cualquier caso, la ley indica que tiene que ser la comisión mixta de transferencias la que entre en el detalle de “las condiciones y límites para la transmisión de competencias”. Ese es el órgano previsto para que Gobierno central y Xunta negocien y lleguen a un acuerdo sobre los términos del traspaso, que luego deben quedar plasmados en un real decreto.

Con esta redacción, Rueda se ha enrocado en asegurar que han desaparecido las garantías económicas y financieras que sí se incluyen en el acuerdo unánime del Parlamento gallego y en calificar de “estafa” la ley aprobada. Tanto el BNG como el PSdeG atribuyen la postura no a la literalidad del texto, sino a la obediencia del presidente gallego a las directrices del PP estatal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón, en un debate en julio en la Cámara autonómica. El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, añadió que el presidente de la Xunta no gobierna pensando en Galicia “sino en lo que le dictan en Madrid” y en el “nuevo susurrador en el oído de Rueda”, que es la extrema derecha. Vox fue el único partido que se unió al PP en el voto en contra de la ley de transferencia.

Tras la negativa, la petición de la comisión bilateral

Entre los intentos del PP gallego de justificar su rechazo a una ley que permite una transferencia que llevan una década reclamando, Rueda lanzó su petición de que se reúna la comisión bilateral como paso previo a la comisión mixta de transferencias. La diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero lo calificó de maniobra dilatoria que pretende retrasar la comisión mixta: “La Xunta debe dejarse de excusas y ponerse a negociar porque las condiciones están claras en la ley”.

El BNG también lo interpreta como un intento de “enredar” que se traduce en un “boicot a la transferencia”. Luís Bará, viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento de Galicia, acusa a Rueda de hacer “un ejercicio de filibusterismo” y le reclama que negocie el traspaso de la autopista, que es una demanda histórica a la que el propio PP gallego dio su respaldo en los últimos años. La ley orgánica, insiste, deja claro que es en la comisión mixta en la que hay que negociar. “Rueda tiene que decidir si va a colaborar para hacer efectiva la transferencia o si va a seguir poniendo palos en las ruedas, como ha hecho el PP en los últimos 10 años”, añade.

Las contradicciones en el PP

El telón de fondo de esta batalla en torno a la transferencia de la AP-9 es una contradicción entre lo que el PP ha votado en Galicia y las decisiones que ha tomado desde Madrid. En diciembre de 2024, la número dos del partido en la comunidad, Paula Prado, se lamentaba en el Parlamento, en uno de los debates para pedir el traspaso de la autopista, de que el asunto se iba a llevar por cuarta vez al Congreso porque “el PSOE y sus socios llevan años bloqueando su tramitación en Madrid”. No mencionó que, en realidad, fue su propio partido en que impidió que prosperase la iniciativa en tres ocasiones, vetando incluso que llegase a debatirse.

En 2017, el entonces ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, dijo en una visita a Galicia que los problemas para el traspaso de la AP-9 eran de carácter técnico y económico. En julio de 2017, solo un par de meses antes del referéndum del 1 de octubre en Catalunya, se remitió a “las tensiones territoriales” para rechazar la posibilidad y dio como argumento que emprender ese proceso “conllevaría muchos otros, hasta llegar a un desmantelamiento de las infraestructuras del Estado”.

Tras varios intentos –dos de ellos, con Pedro Sánchez en el Gobierno, que tampoco prosperaron: en una ocasión decayó al convocar elecciones y, en la otra, se quedó estancada tras varias peticiones de prórroga–, la ley actual es lo más lejos que ha llegado la reivindicación de que la AP-9 pase a ser una competencia gallega.

Por delante queda todavía todo el proceso negociador entre Xunta y Gobierno central y las consecuencias del expediente abierto por Bruselas a España por la prórroga de la concesión que otorgó Aznar y que la dejó en manos de Audasa hasta 2048. En julio de 2025 se conoció el dictamen que consideraba que se incumplieron las normas. Entonces, la Comisión Europea reclamó que se tomasen “las medidas necesarias” para corregir las irregularidades y avisó de que, de no solucionarse, el asunto acabaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.