El gasto en servicios sociales por habitante en Galicia es de 367 euros al año, lo que sitúa a esta comunidad en el vagón de cola de España. Así lo señala el índice DEC 2020, que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Navarra destina, según el informe, el doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (738 euros/año) que Galicia. El gasto en servicios sociales en la comunidad que preside Alberto Núñez Feijóo supone el 1,58% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019, por debajo de la media española del 1,98%.
Además, en el caso gallego retrocede la puntuación a la calidad de los servicios sociales que se ofrecieron en 2019 en comparación con 2018, con el tercer mayor descenso entre comunidades. Por tal motivo, el estudio incluye a la comunidad gallega en la categoría de “derechos de papel”, junto a otras autonomías como Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Y es que hay derechos reconocidos “muy por encima” de la cobertura que se ofrece.
País Vasco, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de servicios sociales, mientras la Comunidad de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida de Murcia, Canarias y Cantabria calificados como irrelevantes.
Seis comunidades han mejorado su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35). Los 11 restantes empeoran su resultado. Las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25).
Otro de los aspectos sobre los que pone el foco el informe es sobre la complejidad burocrática y los trámites “farragosos” se han incrementado, y “constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan”.
“Más allá de los datos, sigue planeando la amenaza de convertir los Servicios Sociales en simples oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checking social) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen ante situaciones de pobreza”, recoge el informe. Así, lejos de mejorar, la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado, y constituyen “auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan”.